Este jueves tendrá lugar el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra un joven chileno de 25 años en situación irregular en España, acusado de intentar asesinar a un agente de la Policía Nacional tras robarle su arma reglamentaria en la estación de Metro de Gran Vía, en el centro de la capital. La Fiscalía sostiene que actuó con una "decidida intención de acabar con la vida del agente", disparándole en repetidas ocasiones al pecho sin que el arma llegara a detonar por tener activado el seguro.

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Así consta en el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso El Independiente. Los hechos ocurrieron en la tarde del 30 de diciembre de 2024, en plenas navidades, cuando dos policías nacionales vestidos de paisano se aproximaron al acusado y a otro individuo en el marco de una actuación preventiva.

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Tras identificarse como agentes y mostrar su placa, el procesado comenzó a gritar que estaban intentando robarle con el objetivo de generar confusión entre los viajeros, lo que permitió que el otro hombre huyera. Uno de los agentes quedó solo a cargo del acusado en el interior de la estación.

Fue entonces cuando el joven se lanzó contra el policía y forcejeó con él hasta apoderarse de su pistola reglamentaria, que el agente llevaba en la cadera. Con el arma en su poder, encañonó al funcionario y apretó el gatillo apuntando directamente al tórax y al abdomen. Al comprobar que no se producía el disparo, accionó la corredera para cargar el arma y volvió a intentar disparar contra las mismas zonas vitales, sin éxito únicamente por la acción del seguro.

El agente consiguió finalmente que la pistola cayera al suelo e intentó inmovilizar al agresor, que se encontraba en un estado de gran agitación. La intervención no se resolvió hasta la llegada de vigilantes de seguridad del Metro y del segundo policía, que regresó tras perseguir al otro sospechoso. Como consecuencia del enfrentamiento, el funcionario sufrió un esguince de tobillo y una contusión en la rodilla, lesiones leves que tardaron cinco días en curar.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de homicidio agravado en grado de tentativa por tratarse de un atentado contra agente de la autoridad y solicita una pena de diez años de prisión, además de la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

El acusado permanece en prisión provisional desde su detención y el Ministerio Público plantea que, dada la gravedad de los hechos y su falta de arraigo en España, la pena pueda sustituirse por la expulsión del territorio nacional tras cumplir las tres cuartas partes de la condena o al acceder al tercer grado.