Las seis universidades públicas madrileñas irán a la huelga los próximos días 4 y 5 de noviembre contra las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid que, según las plataformas universitarias, han provocado la "asfixia económica" de este servicio público y avanzan hacia "la privatización del sector de la educación".
Las plataformas han recordado en un comunicado que en marzo de este año los seis rectores de las universidades públicas madrileñas firmaron un plan plurianual de financiación con el Ejecutivo regional, que calificó el acuerdo de "histórico".
Sin embargo, estos colectivos consideran que el plan fue "una estafa" porque, a su juicio, dejaba a las universidades "prácticamente al mismo nivel de financiación" que las había llevado a la situación de crisis. También denuncian que supuso "un estancamiento de la inversión en Universidades del 0,4 % del PIB", lejos del 1 % del PIB que, según recuerdan, establece la legislación estatal.
Las plataformas universitarias mantienen sus críticas y responsabilizan de la situación de las universidades públicas al PP y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA).
Además de la huelga conjunta de noviembre, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos irán a la huelga el próximo 14 de octubre, mientras que habrá movilizaciones en la Universidad Carlos III y en la Autónoma. Estas protestas coincidirán con la jornada de huelga en la enseñanza no universitaria, a la que están llamados a participar 65.000 docentes en la región.
En la Universidad Complutense, según los promotores de la huelga —CCOO, CGT, CNT y UGT—, el Rectorado actúa como "correa de transmisión de los recortes". Los sindicatos denuncian que estas políticas han llevado al cierre de turnos de tarde, la fusión de centenares de grupos, la reducción del presupuesto de las facultades, la rebaja del salario del personal predoctoral y la reestructuración de la plantilla de las bibliotecas, entre otras medidas.
Entre los motivos de la huelga, las organizaciones han señalado la falta de financiación para el funcionamiento ordinario de las universidades, el rechazo a la privatización de la educación infantil de cero a tres años, de la enseñanza secundaria y universitaria, el empeoramiento de las condiciones del estudiantado de los centros públicos y la defensa del derecho a una vivienda digna para alumnos y trabajadores.
Las universidades públicas madrileñas reclaman así cambios en las políticas educativas y de financiación de la Comunidad de Madrid, pese al acuerdo plurianual anunciado por el Ejecutivo regional, que defiende que el nuevo marco permitirá dotar al sistema universitario de estabilidad financiera y capacidad para planificar sus inversiones hasta 2031.
Te puede interesar