El doble de presupuesto y estabilidad a cinco años: las claves del acuerdo de Ayuso con las universidades

La Comunidad de Madrid ha cerrado este martes un acuerdo de financiación plurianual con sus seis universidades públicas que supondrá inyectar 14.800 millones de euros entre 2026 y 2031. Es la primera vez en la historia que el sistema universitario madrileño cuenta con una propuesta de este calibre, que duplica prácticamente los recursos actuales: pasarán de los presupuestados 1.239 millones en 2026 a una media anual de 2.465 millones.

La firma del acuerdo entre Isabel Díaz Ayuso y los rectores de la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos representa el cierre de una etapa turbulenta. Hace apenas un mes, el entonces consejero de Educación Emilio Viciana fue cesado tras el fracaso de su Ley de Enseñanzas Superiores y Universidades (Lesuc), una iniciativa que desató protestas masivas y huelgas en los campus madrileños. La nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, y el consejero Miguel Ángel García han actuado con rapidez para reparar la relación.

Un modelo diseñado para la estabilidad

El acuerdo responde a una demanda estructural que los rectores venían formulando desde abril de 2024: la necesidad de pasar de una financiación anual y precaria a un marco estable que permitiera planificación estratégica. El 83% de los fondos (12.300 millones) provendrá de los presupuestos generales regionales; el resto llegará mediante precios públicos y tasas.

El modelo se articula en varios componentes. Habrá una financiación básica para actividad ordinaria, otra vinculada a objetivos de calidad docente e investigadora, un fondo de convergencia para corregir desequilibrios entre universidades, y fondos específicos para proyectos singulares e inversiones en infraestructuras. En 2031, los fondos específicos habrán crecido un 41% respecto a 2026 –480 millones de euros adicionales– y las universidades contarán con 549 millones extra de la región.

Cada universidad, con su hoja de ruta

La distribución no es uniforme. La Complutense, la mayor institución, recibirá 2.914 millones en seis años (sin contar fondos comunes); la Politécnica, 1.676 millones; la Autónoma, 1.260 millones; la Carlos III, 850 millones; la Rey Juan Carlos, 971 millones; y Alcalá, 763 millones.

A cambio de esta inyección de recursos, cada universidad deberá presentar un plan estratégico a cinco años y justificar anualmente cómo destina los fondos. Se refuerzan los mecanismos de auditoría interna y externa, y antes de finales de 2028 deberán tener operativo un sistema de contabilidad analítica completo. La idea es que el dinero se gaste con criterio y transparencia.

Una negociación larga y tensa

El acuerdo emerge después de meses de tensión. Los rectores habían señalado que Madrid invertía 500 millones menos anuales que Andalucía, un sistema comparable en tamaño, y que la financiación existente apenas permitía mantener lo conseguido, sin margen para invertir en modernización de infraestructuras. Eso explicaba por qué los campus acumulaban retrasos en reformas cruciales.

Amaya Mendikoetxea, rectora de la Autónoma y presidenta de la Conferencia de Rectores (Cruma), ha calificado el pacto de "hito" que abre "una nueva etapa". En su intervención reconoció públicamente el papel de Viciana en "iniciar el camino", a pesar de que su ley fracasó; agradeció a Zarzalejo el "impulso final"; y a García por "liderar el proceso con criterio y cintura".

Un giro táctico después de la derrota

Lo que subyace en esta historia es un cambio de estrategia del Gobierno de Ayuso. Tras el rechazo masivo a la Lesuc –que contemplaba cambios en la gobernanza universitaria que las comunidades académicas rechazaron–, el Ejecutivo regional ha optado por una vía más directa: dinero. Y abundante.

Para las universidades es una victoria parcial. Logran la financiación plurianual que reclamaban, lo que les permitirá planificar inversiones de largo plazo y recuperar margen de maniobra. Pero siguen bajo supervisión más estrecha, con auditorías y planes estratégicos sujetos a evaluación.

Para Madrid, el acuerdo cierra un conflicto que amenazaba con erosionar la imagen de una región que se promociona como polo de excelencia académica. Con este movimiento, Díaz Ayuso busca consolidar ese discurso sin tocar asuntos más espinosos de gobernanza universitaria que dividían a rectores y administración.

El sistema público madrileño, formado por estas seis universidades, atiende a más de 300.000 estudiantes a través de 1.800 títulos oficiales. Con este acuerdo, el Ejecutivo apuesta por reforzar esa capacidad instalada, aunque la prueba real llegará en 2026, cuando comience el ciclo de inversión y se vea si los recursos se traducen en mejoras tangibles para estudiantes e investigadores.