La Puerta del Sol ha vuelto a la normalidad tras 38 días de acampada por el derecho a la vivienda, pero el conflicto se traslada ahora al terreno administrativo y económico. La Comunidad de Madrid ha anunciado que reclamará a la Delegación del Gobierno los gastos que atribuye a la protesta, con una factura inicial centrada en Metro de Madrid y un impacto mucho mayor estimado en el comercio del entorno.
El impacto en los comercios
La cifra más llamativa no forma parte, de momento, de la reclamación directa de la Comunidad. Sin embargo sí del relato político y económico sobre la acampada. El Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento estiman que los comercios de la zona habrían perdido más de 30 millones de euros durante los 38 días de protesta.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha vinculado esas pérdidas a una posible amenaza para el empleo del comercio del centro. La cifra, sin embargo, es una estimación del impacto agregado en la actividad comercial y turística, no un importe ya facturado ni una reclamación formal individualizada.
La factura que reclama Madrid
La Comunidad de Madrid ha cifrado en más de 750.000 euros el coste que la acampada habría provocado en Metro de Madrid. Ese importe incluye la pérdida estimada de 494.000 viajeros, además de los gastos extraordinarios de seguridad y limpieza en la estación de Sol y sus accesos.
El Gobierno regional iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra la Delegación del Gobierno para exigir el resarcimiento de esos gastos. La vía es administrativa y busca que el Estado asuma las consecuencias económicas de una protesta que la Comunidad considera que pudo desalojarse antes.
Por qué Metro suma 750.000 euros
El cálculo no se limita a los daños materiales. La Comunidad incluye la caída de ingresos por la menor afluencia de usuarios. Esta se estima en casi medio millón de viajes perdidos durante las casi seis semanas de movilización.
A ello se suman los refuerzos de vigilancia y limpieza. Durante la acampada, la estación de Sol llegó a cerrar un fin de semana por motivos de salubridad y se realizó una desinfección profunda de los pozos de ventilación situados bajo las tiendas de campaña.
Qué es la responsabilidad patrimonial
La responsabilidad patrimonial permite a una administración reclamar indemnización cuando considera que otra Administración pública le ha causado un perjuicio económico por su actuación u omisión. En este caso, la Comunidad sostiene que la Delegación del Gobierno tardó demasiado en ordenar el desalojo.
El procedimiento deberá justificar el daño, demostrar la relación entre ese daño y la actuación estatal, y cuantificar el importe con informes y datos verificables. No es automático, la Delegación podrá alegar lo que considere oportuno y la resolución podrá ser recurrida.
El contexto político
La acampada se desalojó en la madrugada del martes tras la instrucción de la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad. La Comunidad agradeció esa decisión, pero mantuvo su crítica por lo que describe como 38 días de inacción previa.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya había presentado un recurso por presunta inacción contra la Delegación del Gobierno, pendiente de resolución por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La nueva reclamación económica se suma a esa vía judicial y refuerza la confrontación entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central.
Te puede interesar