El exsecretario del Estado Francisco Martínez ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de abrir juicio oral contra él y el resto de procesados por la 'operación Kitchen'. Por primera vez el ex 'número dos' del Ministerio del Interior apunta directamente al que fuera su antiguo partido y pide que el magistrado lo incluya en la causa como responsable civil subsidiario.

"Para esta parte es absolutamente lógico que, si se supone que nuestro representado, en unión a los otros coacusados, cometió el delito para favorecer al PP y existe una posible condena civil, o incluso que la suspensión de una hipotética condena puede pasar por el pago de la responsabilidad civil, cuantos más potenciales responsables existan, mayores garantías de supervivencia tiene nuestro representado", reza el recurso del abogado de Martínez al que ha tenido acceso El Independiente.

Cabe recordar que el 'caso Kitchen' consistió en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas durante años para tratar de sustraerle documentos sensibles que afectaran a la corrupción del Partido Popular mientras la Audiencia Nacional la estaba investigando. El juez que se encarga de instruir la causa sobre la actividad del comisario jubilado José Manuel Villarejo envió el caso a juicio el pasado viernes acusando de líderes de esta operaciones a los máximos responsables del Ministerio del Interior en ese momento pero dejando fuera cualquier responsabilidad del partido.

La defensa ha recordado que, según el auto de procesamiento y los escritos de acusación, los encausados --entre ellos el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo--, "decidieron espiar y finalmente sustraer información delicada al señor Bárcenas siempre en beneficio del Partido Popular y utilizando para ello fondos reservados". El PSOE, que es acusación popular, había pedido que el partido ahora de Alberto Núñez Feijóo compareciera como partícipe a título lucrativo.

El ex secretario de Estado advierte de que, si la Sala de la Penal da la razón a García Castellón, "esto podría afectar, por absolutamente novedoso, a accidentes laborales en los que hay seguros y empresas causantes del delito contra los derechos de los trabajadores, delitos fiscales, contra la Seguridad Social, fraudes de subvenciones, delitos con aseguradoras detrás (muertes en residencias, accidentes de tráfico, etc.)".

Además, aprovecha para reprochar que, "misteriosamente, ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, y aún más misteriosamente la familia Bárcenas, PSOE y Podemos, se han olvidado de pedir la imputación del Partido Popular como persona jurídica, habiéndose acusado por delitos como el del 197 Código Penal, descubrimiento y revelación de secretos, a los autores, policías y cargos políticos que supuestamente cometieron esos delitos para favorecer al PP".