La primera y única vista en el Tribunal de Cuentas por los gastos derivados del 1-0 ha comenzado este viernes en Madrid. Hasta el edificio ubicado en la calle Fuencarral se han desplazado los abogados de los 35 exaltos cargos a quienes se les requiere una responsabilidad contable compartida de 3, 1 millones de euros, en el caso de la Fiscalía y 3,1 millones en el de la acusación de Sociedad Civil Catalana (SCC). Algunas defensas han solicitado suspender todo el procedimiento después de que la ley de amnistía se haya presentado en la Mesa del Congreso de los Diputados. La consejera Elena Hernáez ha asegurado que lo estudiará y dará una respuesta por escrito.

De momento, lo que la consejera se ha negado a suspender ha sido la vista en la que declaraban tres testigos. Los codemandados han alegado "razones de economía procesal", pero la Fiscalía se ha mostrado contraria. "Cuando la proposición de ley se convierta en una ley con entrada en vigor será cuando deba aplicarse los efectos que la misma ley determine. A día de hoy conocemos la proposición, pero no qué efectos serán estos exactamente, por lo que no cabe la suspensión", ha puntalizado el fiscal Manuel Martín-Granizo.

La práctica de la prueba debería haberse iniciado con la declaración del expresident Carles Puigdemont quien había solicitado declarar por videoconferencia y, sin embargo, fue denegado. "Le confirmo que no ha comparecido, que quería comparecer y que nunca ha sido citado personalmente", ha zanjado su abogado Gonzalo Boye.

Pulidos lo primeros trámites, la vista se ha centrado en tres testigos. Lo que está bajo el foco es si los exdirigentes deben pagar las cuantías requeridas por los hechos que se circunscriben al 1 de octubre de 2017. El fiscal en su acusación incluye viajes realizados por el expresident y los exconsellers al extranjero y diversas actividades del 'Diplocat', tanto las destinadas a promocionar el proceso soberanista como otros gastos.

Los testigos

La primera en declarar ha sido María Luisa Lamela, una interventora General de la Administración del Estado. "No tenía control sobre las cuentas de Cataluña", ha explicado. Según su declaraciones, su trabajo consistía en supervisar que el crédito de los pagos era el adecuado y que venía con las firmas correspondientes, pero se ha desvinculado de que hicieran un chequeo exhaustivo de todas las cuentas que salían de la Generalitat.

El letrado de Puigdemont se ha referido a unas declaraciones del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro que esgrimió que Cataluña no se podría haber gastado ni un sólo euro en la consulta soberanista porque no tenían partida para ello. "¿En algún momento a ustedes les dijo el ministro que no se había gastado un solo euro en eso?". "La verdad que no. Ni el ministro me lo dijo a mí ni yo se lo podía decir al ministro", respondió Lamela. En un momento dado el abogado ha recordado que la testigo es hermana de la primera instructora del procés en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. "Mi hermana y yo de temas profesionales no hablamos", ha replicado ella, a quien la consejera le ha recordado que no tenía por qué dar explicaciones de sus relaciones familiares.

En segundo lugar, ha tomado la palabra Antonio Millet Abbad, secretario de la federación Catalana de Caixes d'Estalvis que aportaba dinero al Diplocat. Su relato, a preguntas del letrado Francesc Homs, ha apuntalado la tesis de los coacusados de que el organismo funcionaba con normalidad antes y después del 1-0 y todos los pagos pasaban por el Consejo de Administración. Incluida la contratación de un responsable de prensa que la Fiscalía señala que no fue validado. "Pasó por el Comité", ha confirmado el testigo.

El último ha sido Alfonso González Bondia, titular del área de Derecho Internacional Público de una universidad en Barcelona. Su intervención se ha centrado en defender una serie de contrataciones que, bajo su punto de vista, se hicieron con total regularidad y de acuerdo a derecho.

Se resolverá la amnistía

ERC ha intentado paralizar el juicio, toda vez que la iniciativa de la amnistía ha comenzado su andadura parlamentario con la presentación de la ley por parte del grupo socialista. La consejera Hernáez ha asegurado que en los próximos días contestará por escrito sobre la petición de suspender todo el procedimiento habida cuenta de la medida de gracia. Cuando este trámite sea evacuado entonces será el momento --si se sigue adelante-- de que todas las partes presenten sus conclusiones por escrito.

Paralelamente, lo previsible es que la ley de amnistía se siga tramitando en la Cámara Baja. Luego deberá pasar a la Cámara Alta. Si en algún momento del procedimiento es aprobada, la norma afectaría de lleno a este procedimiento. "La presente ley orgánica amnistía los actos que hayan sido declarados o
estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de
responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017", señala el texto. De producirse antes de la llegada de la sentencia, el caso habría de ser archivado. De haber sentencia, los codemandados no tendrían que hacer frente a las multas.