La Fiscalía General del Estado quiere hacer un recuento de cuántas causas se pueden ver afectadas por la ley de amnistía que está ya en su andadura parlamentaria, y para ello ha solicitado datos no sólo a la Fiscalía Superior de Cataluña por ser el lugar donde hay residenciadas más causas sobre el independentismo catalán, sino también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y a la del Tribunal Supremo, según confirman fuentes fiscales a El Independiente.

"El presente oficio se remite por indicación del Excmo. Sr. Fiscal General del Estado a la vista de la complejidad de la materia y el breve plazo que para la aplicación de la amnistía prevé la proposición de ley orgánica, en cuanto determina el carácter preferente y urgente de su tramitación", expone el escrito que fue enviado a Cataluña por la fiscal jefa de la Secretaría Técnica Ana Isabel García León. El documento recuerda que desde el pasado 13 de noviembre en el Congreso de los Diputados fue registrada la Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña y que, como los fiscales deben trabajar bajo el principio de unidad de actuación, es necesario que el jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, conozca tanto los procedimientos judiciales en trámite como los que han sido archivados, enjuiciados o sentenciados.

Lo que pretende recopilar el fiscal jefe conformará el mapa de todas las causas derivadas del procés y dará un dato bastante exacto de cuántas investigaciones pueden verse afectadas. Cabe recordar que existen discrepancias en el número de beneficiados porque si el PSOE calcula que rondarán los 300, en ERC elevan la apuesta a 1.500 personas.

La gran mayoría, como es lógico, están en el territorio catalán porque fue allí donde se sucedieron los hechos y por tanto corresponde a esa jurisdicción enjuiciarlos. Pero también hay bifurcaciones en la Audiencia Nacional como Tsunami Democràtic o los Comités de Defensa de la República (CDR) que están allí por su posible estructura criminal y los supuestos vínculos con el terrorismo; y en el Tribunal Supremo donde se hospeda la madre de todas las causas: la que condenó a los líderes políticos como Oriol Junqueras y la que persigue a los fugados como Carles Puigdemont.

Es por eso, que el fiscal general ha requerido también a los profesionales de estos dos órganos que informen de los procedimientos bajo su ala. El escrito de la Secretaría Técnica solicita: número de la causa, estado del mismo, objetivo (con un breve resumen de los hechos) y personas encausadas. El plazo para enviar la información que ha estipulado la Fiscalía General vence este viernes.

Otras recopilaciones: Covid y abusos en la Iglesia

No es la primera vez que el Ministerio Público hace valer su músculo territorial y su jerarquía centralizada en Madrid para realizar un conteo de causas. Durante los meses de junio y julio de 2020 la exfiscal general Dolores Delgado fue actualizando las causas que se habían iniciado en residencias de ancianos a raíz de la mala gestión por el Covid-21.

Llegaron a contabilizarse más de 200, entre la jurisdicción civil y la penal, y la Fiscalía logró facilitar los datos desmenuzados por provincias para saber dónde había existido mayor incidencia. En febrero de 2022 la anterior fiscal general volvió a pedir información a la Fiscalía de Madrid, la de Barcelona y la de Castilla-La Mancha sobre los procesos penales abiertos con motivo de las muertes de los usuarios de residencias durante la pandemia, después de que las asociaciones de familiares mostraran su enfado por la inacción de la Justicia.

En enero del pasado año, también Delgado remitió un oficio a los 17 fiscales superiores de toda España para que en un plazo de 10 días informaran sobre todos los procedimientos penales que se estaban tramitando sobre agresiones y abusos sexuales a menores de edad en la Iglesia. La Fiscalía buscó entonces tener una radiografía exhaustiva del problema de la pederastia en la institución religiosa.

La Fiscalía se opone a aplicar la amnistía ya

La petición ahora es, por tanto, un pasaje preparativo hacia la avalancha que se espera en los tribunales de causas que deban realizarse una vez aprobada la amnistía. La Fiscalía puede ejercer de impulsora de la ley, como así lo dispone el propio texto, y será responsabilidad de García Ortiz determinar qué pasos deben darse.

Bien es cierto que, a pesar de que el fiscal jefe ha requerido esta información sobre el procés, la postura del Ministerio hasta el momento ha sido la de seguir avanzando en las causas que están pendientes. El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo acaba de presentar su escrito de acusación contra los CDR, y la Fiscalía se viene oponiendo a cualquier suspensión relativa a la amnistía.

Por ejemplo, el juzgado de lo Penal número 2 de Girona ha decidio no celebrar el juicio por desórdenes públicos contra los cuatro responsables de cortes en el AVE en 2018, vinculados a los CDR, porque "de prosperar su aprobación [la de la amnistía] habría hecho inútil la celebración de un juicio con tan alto coste material y personal". La Abogacía del Estado estuvo a favor de la suspensión, no así la Fiscalía. Como también ha rechazado la Fiscalía del Tribunal de Cuentas suspender la causa que se sigue allí por el gasto del referéndum del 1-O.

El Consejo fiscal debatirá el 'lawfare'

García Ortiz ha tratado de mantenerse al margen de cualquier pronunciamiento oficial sobre el 'lawfare' que se menciona en el acuerdo de gobierno de Junts y el partido socialista, aunque ha ido dejando recado en sus intervenciones. El último este mismo lunes en la Junta de Fiscales Superiores de las comunidades autónomas donde aseguró que defenderá "a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones, incluido por supuesto a cualquiera de los fiscales que hayan tenido o hayan intervenido en las causas relacionadas en el procés independentista de Cataluña".

No obstante, un sector de la carrera considera insuficiente estas menciones genéricas. Por un lado, los cuatro fiscales del Supremo que lideraron la acusación de las pesquisas del 1-0, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, le solicitaron una respuesta expresa en forma de "amparo institucional" a la asunción del PSOE de que había existido una "guerra judicial" contra el independentismo. Por otro lado, la Asociación de Fiscales (mayoritaria en el Consejo Fiscal con seis vocales) pidió que esta petición de amparo se sometiera al órgano consultivo. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se adhirió posteriormente a este reclamo y, finalmente, García Ortiz ha accedido a incluirlo en uno de los puntos del día de la reunión que celebran el próximo 20 de diciembre.