La ley de amnistía comienza a provocar efectos sin ni siquiera haber sido aprobada por el Congreso. El Juzgado de lo penal número 2 de Girona (Cataluña) acaba de suspender el juicio contra cuatro independentistas acusados por desórdenes públicos por los cortes en el AVE que se produjeron en una protesta secesionista en esa localidad en 2018. La vista se iba a celebrar los próximos días 12 y 13 de diciembre, pero el juez ha decidido suspender el acto y posponerlo hasta noviembre de 2024 en previsión de que el perdón pueda afectar a los acusados. La Abogacía del Estado se había mostrado a favor, mientras que la Fiscalía se había opuesto a esta decisión.

"Aún cuando la ley de amnistía no se halla vigente en este momento, sí se encuentra en tramitación parlamentaria y en su actual redactado recoge dentro de su ámbito objetivo los hechos objeto de la presente causa por lo que, de properar su aprobación, habría hecho inútil la celebración de un juicio con tan alto coste material y personal", indica la resolución que firma el Letrado de la Administración y a la que ha tenido acceso El Independiente.

Según el documento las dos sesiones que se habían programado del juicio contaban con "un gran volumen de actuaciones e intervinientes, muchos de los cuales han de desplazarse desde varios puntos del país ya que no han sido admitidas sus intervenciones por vía telemática", reza. La vista se retrasa "con margen temporal suficiente para clarificar la situación" de la amnistía, indican.

La abogada del Estado Marta Ayllón había dado luz verde a esta suspensión. "Atendiendo, de un lado, a la tramitación parlamentaria de la citada Ley Orgánica, que de aprobarse implicaría la extinción de la responsabilidad criminal de los cuatro acusados [...]", considera que celebrar no celebrar el juicio evitaría esa "disfunción" que puede llegar a producirse.

La fiscal Dolors Torres, por su parte, se situaba en la tesis contraria "por cuanto la mencionada Ley Orgánica de Amnistía no es una ley que a fecha de hoy esté vigente y sea aplicable, pues todavía no ha sido aprobada ni sancionada, únicamente ha tenido entrada en el Congreso una proposición de ley que lleva".

Los hechos sucedieron el 1 de octubre de 2018 cuando los acusados participaron supuestamente en el corte de las vías de la línea del AVE en el primer aniversario de la celebración del referéndum ilegal de independencia en Cataluña. Las protestas se encuadraron en las que practicaron los llamados Comités para la Defensa de la República (CDR) con el objetivo de dificultar las comunicaciones y provocar el caos en carreteras y líneas de tren en toda Cataluña.