No por esperada la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha acogido con menos estupefacción en el seno de la Fiscalía General del Estado. La Sala de lo Civil y Penal decidió este martes aceptar la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra dos fiscales por las filtraciones sobre su procedimiento relacionado con un fraude a Hacienda. Lo previsible, según distintas fuentes jurídicas, es que ahora el juez instructor llame a declarar a los dos fiscales querellados (Julián Salto y Pilar Rodríguez) y a la jefa de ambos (Almudena Lastra), pero el asunto puede acabar salpicando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en ese caso el tema podría trasladarse al Tribunal Supremo.

"Puede que esto acabe en el Supremo", vaticinaban ayer fuentes de la cúpula de la Fiscalía. El hecho de que los jueces vayan a investigar a sus compañeros de oposiciones los fiscales es del todo inusual y ninguno de los consultados por este medio ha podido relatar un precedente. Algunas voces reseñaban que esta nueva causa es un indicio de la politización de las instituciones del momento actual y otras hablaban de polarización. El propio García Ortiz apuntó en esta dirección en una entrevista anoche en el 24h: "Este país está polarizado ideológica y territorialmente y quienes encarnamos las instituciones tendríamos que manter la paz".

La querella que apunta dos delitos (uno contra la intimidad y otro de revelación de secretos) se basa en cuatro puntos principales: primero, que hubiera periodistas que supieran previamente a la interposición de la denuncia de Fiscalía que ésta iba a sucederse; segundo, que en las informaciones publicadas se dieron datos que no figuraban en la denuncia, sino que sólo aparecían en el expediente tributario; tercero, que los medios de comunicación tuvieron el contenido completo de los mails entre el fiscal del caso Julián Salto y el abogado de la pareja de Ayuso; y cuarto, que la Fiscalía de Madrid hiciera pública una nota de prensa aclaratoria en la que incluyó entrecomillados de esas comunicaciones internas.

El escrito del TSJM defiende que admitir la querella no quiere decir que exista un delito, sino que se inicia una investigación "encaminada a constatar" si los hubo. Por eso, considera que la postura de la Fiscalía --que quería inadmitir la denuncia directamente por considerar que no se había revelado ningún secreto al publicar un documento de prensa en el que se reflejaban datos que ya tenían previamente los medios-- es incorrecta. "Resulta prematuro y no justificado suficientemente el descartar de plano la pertinencia de la investigación de la eventual trascendencia penal de los hechos, así como del grado de participación que pudieran tener los querellados, o bien otras personas", dice el texto del ponente Celso Rodríguez, presidente del Tribunal.

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan que las primeras diligencias irán encaminadas a tomar declaración a los afectados. Por un lado, al denunciante. González Amador tendrá que ratificar lo que denuncia: que un periodista se acercó a su casa días antes de que él conociera su proceso sobre Hacienda en los tribunales; que el día después de que se publicara la noticia, el fiscal del caso respondió a una petición previa de su abogado para llegar a un pacto, etc.

Por otro lado, el juez escuchará a Julián Salto que es el fiscal con el que el letrado de González Amador intercambió los mails que luego terminaron en los medios y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid (órgano desde el que se distribuyó la nota), Pilar Rodríguez. Otras fuentes jurídicas dan por hecho que el magistrado instructor citará igualmente a Almudena Lastra, fiscal jefa de Madrid, superior jerárquica de los dos anteriores, y que según fuentes conocedoras de lo ocurrido se negó a que ese documento se hiciera público. Ella se apartó de todas las diligencias preprocesales desde el inicio porque, precisamente, contaba con que eventualmente pudieran llamarla a declarar.

La pareja de Ayuso entiende que la causa se debe dirigir contra los dos fiscales anteriormente mencionados porque "por razón de su cargo tuvieron acceso a los soportes, datos, información y comunicaciones hechas públicas y que mediante sus acciones se produjo una revelación de la intimidad y de la información tributaria". A su juicio, se ha quebrantado así el secreto, la confidencialidad y reserva de su caso por el hecho de que él mantuviera una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Si el querellante hubiera mantenido una relación con cualquier otra persona jamás se habrían producido las conductas y los hechos delictivos que nos ocupan".

Si las primeras declaraciones que se practiquen apuntan a que la orden de esa publicación llegó desde arriba, algunas fuentes expresan que el tribunal podría elevar una exposición razonada para que sea el Tribunal Supremo el que tome declaración al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Éste también se ha mantenido al margen del germen de este procedimiento sin querer participar en ningún momento en la toma de decisiones ni en la reunión que tuvo la cúpula de la Fiscalía para fijar una postura común.

García Ortiz está aforado ante el alto tribunal y podrían ser los magistrados de la Sala de lo Penal de este órgano los que decidan si su actuación propició un perjuicio al derecho de defensa de González Amador. El jefe del Ministerio fiscal, no obstante, no ha escondido que se arroga toda la responsabilidad de lo que ocurrió. En una declaración institucional el pasado 15 de abril asumió que "estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de la nota de prensa", dijo.