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Twitter se enfrenta a un juicio en España después de que la asociación Liberum haya presentado una demanda contra ellos por haberles cerrado la cuenta de la red social durante la pandemia. Esta asociación que se define como defensora de los Derechos Humanos ha emprendido un pleito con la compañía que pretende poner líneas rojas sobre la libertad de expresión y la divulgación de contenidos en Internet. El juicio se celebra este miércoles.
De acuerdo a la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente, la cuenta @Aso_Liberum con más de 50 mil seguidores fue cancelada desde abril de 2021 hasta el 15 de agosto de 2022 de "manera unilateral". La cuenta ya venía siendo apercibida y suspendida de forma puntual por la publicación de algunas resoluciones judiciales sobre el virus, pero finalmente la suspensión se volvió definitiva por compartir una entrevista de Karen Kingston, una mujer que decía ser exempleada de la farmacéutica Pfizer y se hizo viral al alegar "supuestas pruebas indiscutibles" de que las vacunas autorizadas contenían sustancias tóxicas.
La asociación esgrimió en su demanda: "La suspensión unilateral de la cuenta, definitivamente cancelada por la red social Twitter, fue presuntamente por retuitear una entrevista realizada del canal informativo estadounidense Fox por parte de Karen Kingston. Es más, hoy en día, dicha noticia puede encontrarse en Twitter en otros usuarios no habiendo sido censurada por Twitter lo que genera y vulnera el principio de igualdad de nuestro artículo 14 de la Constitución Española".
Liberum es una asociación que se fundó en 2021 con el propósito de "defender y restaurar los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos españoles" que consideraban que habían sido mermados por la pandemia. La forman un conjunto de socios y abogados que, principalmente, se dedican a presentar acciones judiciales y administrativas en este sector. Forman parte, por ejemplo, de la acusación popular del 'caso Koldo' que indaga en la Audiencia Nacional en unas presuntas mordidas de empresarios por contratos en mascarillas.
La red social que entonces conservaba el pajarito azul alegó que se habían quebrantado las reglas por "incumplir la política relativa a divulgar información engañosa y potencialmente perjudicial en relación con la Covid-19". Pero para ellos este motivo "causa sonrojo y bochorno". El 28 de agosto de 2022 enviaron un burofax a la empresa que ahora dirige Elon Musk para que procediese en 10 días hábiles a la resititución de la cuenta, pero no hubo respuesta.
Así las cosas, presentaron la demanda pidiendo solo un euro al día por cada día que ha estado cerrada la cuenta. "Al cancelar la cuenta se nos suprime tanto nuestro derecho a la información como toda la información que teníamos guardada en la red social lo que lesiona gravemente el derecho a la propiedad intelectual de Liberum", repusieron en la denuncia.
Alegan que se les ha vulnerado el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones que están recogidos en la Constitución. El debate jurídico de la libertad de expresión y la libertad a la información siempre ha estado reñido y esta vez serán los jueces los que vuelvan a delimitarlos. "Que Twitter impunemente pueda silenciar las críticas de manera gratuita, sin identificar a quién suspende cuentas ni precisar qué norma se ha incumplido, como todo poder sin control ni interdicción de la arbitrariedad, se corromperá", reflexionan.
El Juzgado de primera instancia número 37 de Madrid admitió en enero del pasado año la demanda y en todo este procedimiento la red social no ha contestado a ningún escrito, más allá de personarse con abogado. El juicio se celebrará este miércoles a partir de las once y media de la mañana.
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