El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, va a revisar este lunes si modifica el orden del día del pleno que debía comenzar el martes con el debate de la sentencia de la 'Ley Trans' que ha redactado el magistrado Juan Carlos Campo. El que fuera ministro de Justicia propone avalar la norma de la anterior responsable de Igualdad Irene Montero casi en su totalidad, tal y como avanzó El Independiente, pero las discrepancias entre el sector progresista y el rechazo frontal de los conservadores pueden dar al traste con el debate.

Fuentes cercanas a la presidencia del Tribunal explican que existen desacuerdos internos sobre el borrador de Juan Carlos Campo que desestima prácticamente por completo el recurso del PP, a excepción de pequeños retoques que plantea en ley en lo que se refiere al cambio de género en menores de 12 años. Las resistencias dentro del órgano parten de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, y de la magistrada María Luisa Balaguer que no ven con buenos ojos la redacción de la sentencia tal y como está.

Como publicó este medio el martes, la ponencia de Campo avala la práctica totalidad de los artículos de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, entre ellos, que se pueda registrar una modificación en el género con la mera voluntad de la persona y sin informes médicos mediante. Esta era una de las novedades que traía la norma del Ministerio de Podemos y las reticencias de las magistradas parten de los efectos indeseables que esta posibilidad puede traer para las víctimas de violencia machista.

Una de las únicas tachas que ha puesto Campo a la norma tiene que ver con la modificación genital a menores de 12 años, para lo que el magistrado propone que sea sólo en casos con el aval de un médico que justifique necesaria la intervención para preservar la vida o la integridad física del menor.

El rechazo de los cinco miembros del sector conservador a este borrador es frontal y a esto se suma que la mayoría progresista podría romperse por primera vez desde la llegada de Conde-Pumpido a la presidencia del Tribunal. Pese a que el asunto está ya incluido en el orden del día del pleno que comienza el martes, el presidente está abierto a retirarlo antes de que llegue a debate y tomará la decisión mañana.

Qué dice el borrador de sentencia

La ley, que publicada en el BOE en marzo de 2023, permite una rectificación en el Registro Civil de la mención relativa al sexo sin ninguna condición a los mayores de 16 años. Es decir, no hace falta ningún tipo de documento médico o justificación temporal de que una persona se siente del género contrario, basta con acudir con la voluntad de modificarlo para poder hacerlo.

De hecho, la norma es clara: "En ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole".

El recurso que planteó el partido de Alberto Núñez Feijóo se construía en torno a la idea de que la simple voluntad de la persona sin "prueba alguna de la incongruencia de género" podría vulnerar la seguridad jurídica. Además, ponía el acento en la violencia machista y alertaba de que el agresor de una víctima podía cambiarse de sexo para adquirir beneficios del Código Penal con la mera verbalización del cambio.

El borrador de Campo defiende que el proceso que se sigue en el Registro Civil es suficiente para asegurar que la persona que quiere proceder a la modificación debe hacerlo, y no pone pegas tampoco a que el género pueda ser nuevamente corregido con el paso de los meses.

Las divergencias entre las magistradas progresistas del Tribunal Constitucional son el eco de las diferencias que ha habido dentro del movimiento feminista con esta ley.