El escrito del juez de la Audiencia Nacional, que acaba de iniciar una investigación para esclarecer el apagón de toda la Península Ibérica este lunes, es toda una lección sobre la evolución del ciberterrorismo en el derecho español. El juez José Luis Calama alude a 'Anonymous' --un colectivo internacional de ciberactivistas-- o al apagón de Ucrania en 2016 para justificar que lo ocurrido en España podría incardinarse en el delito de terrorismo y merece ser analizado judicialmente.

"Si bien en el momento actual la causa de los referidos hechos resulta desconocida, el ciberterrorismo se encuentra entre una de las posibles", indica el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional que ayer estaba de guardia y decidió por iniciativa propia comenzar a indagar. Calama es conocido entre la Policía por ser un magistrado al que no le asustan los delitos informáticos. "Entiende", dicen algunas fuentes.

Él es, de hecho, el que lleva la batuta de las pesquisas sobre Pegasus, el virus israelí que infectó los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como del ministro del Interior y la ministra de Defensa. No tuvo reparos en llamarlos a declarar como testigos en esa investigación, ni en reabrirla una vez la había archivado cuando llegaron nuevos datos desde Francia.

También Calama asumió la causa contra el hacker José Luis Huertas, más conocido como 'Alcasec', quien consiguió entrar en el sistema interno que conecta el Poder Judicial con Hacienda y llevarse datos de medio millón de contribuyentes.

Ahora, volverá a los titulares momentáneamente porque ha pedido ayuda tanto al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) --a través del Centro Criptológico Nacional-- como a la Comisaría General de Información de Policía Nacional, dos de los lugares donde se encuentran los mayores expertos en materia de ciberseguridad del país. Tanto a ellos como a los responsables de Red Eléctrica les ha pedido informes de lo sucedido en el plazo improrrogable de diez días. Esa es otra de las 'famas' que mantiene el juez dentro de la Audiencia Nacional, que no alarga en exceso sus investigaciones.

El foco está puesto concretamente en dos cuestiones: qué sucedió esos cinco segundos en los que la red eléctrica perdió el equivalente al 60% de la luz que se estaba consumiendo en España y si el responsable de lo sucedido tuvo la intención explícita de atacar una "infraestructura crítica". Esas dos respuestas apuntalarán o desvanecerán el delito.

Calama explica que los delitos de sabotaje de datos informáticos y de sistemas informáticos propiamente se introdujeron por primera vez en nuestro Código Penal en el año 2010, en una ley de junio bajo el mandato del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero lo cierto es que desde entonces, dice, no ha tenido mucho recorrido jurisprudencial, aunque destaca el enjuiciamiento de la cúpula de Anonymous, por ejemplo,

La Policía anunció en 2011 la detención de tres personas en Barcelona, Valencia y Almería, de los que una "protegía en su domicilio un servidor desde el que coordinaron y ejecutaron ataques informáticos a páginas web gubernamentales, financieras o empresariales de todo el mundo". Fueron acusados, por ejemplo, de tumbar la web y el correo de la Junta Electoral o de intentar ataques a páginas de partidos políticos que no tuvieron éxito por la intervención policial.

Para que exista el delito de terrorismo tiene que darse una de estas cuatro finalidades en la intrusión: querer subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar de forma grave el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población. Por eso, para que la investigación judicial tenga éxito es importante comprobar que hubo un ataque a las infraestructuras críticas.

El Consejo de la Unión Europea tiene desde el año 2004 una directiva en la que desarrolla qué son este tipo de infraestructuras: "Elemento, sistema o parte de este situado en los Estados miembros que es esencial para el mantenimiento de funciones sociales vitales, la salud, la integridad física, la seguridad y el bienestar social y económico de la población y cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente a un Estado miembro".

España, por su parte, confeccionó el 2007 el Plan Nacional de Infraestructuras Críticas y elaboró el primer catálogo detallando cada una de ellas. Entre estas 18 áreas delicadas está, precisamente, la electricidad. El juez cita lo ocurrido en Ucrania en el año 2016 , como ejemplo, cuando el país recibió ciberataques a compañías de electricidad de Ucrania que en 2016 ocasionaron un apagón con millones de personas sin energía eléctrica.

El cero energético que se dio este lunes no tiene precedentes, sin embargo, en España, algo en lo que Calama también pone el foco. Sin citarlo directamente, el magistrado abre la puerta a que detrás de un hipotético ciberataque pueda estar un tercer país al recordar que en el informe sobre ciberamenazas y tendencias de 2017 del Centro Criptológico Nacional se afirmaba que el mayor peligro es el ataque con origen en estados extranjeros.

"Los grupos terroristas tratan de aprovechar las vulnerabilidades del ciberespacio para realizar ciberataques", indica el togado. "Íntimamente relacionado con ello, se halla la amenaza contra las infraestructuras críticas, con la posibilidad cierta de causar un colapso a través de las redes mediante una caída en cadena de los servicios esenciales", añade.

Las distintas fuentes que han sido consultadas en Inteligencia e Información enfrían, sin embargo, la posibilidad de que detrás del gran caos producido ayer haya un ciberataque. Explican que no hay un solo indicio que lo avale después de las primeras indagaciones y que, más bien al contrario, esa teoría se ha ido alejando en favor de un colapso del sistema energético derivado de otras causas. La Comisión Europea y la propia Red Eléctrica han descartado el 'hackeo', si bien el presidente del Gobierno sigue manteniendo viva esa posibilidad.