El empresario Víctor de Aldama ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no permita la subasta de su vehículo como ha pedido el Ministerio de Justicia porque se estaría vulnerando la presunción de inocencia. El departamento que dirige Félix Bolaños había propuesto en el marco del 'caso hidrocaburos' la venta de hasta 9 automóviles intervenidos a los detenidos para evitar el deterioro que provoca el paso del tiempo, pero la defensa de Aldama alega que se puede hacer cargo de la conservación del coche y que si se vende el dinero que percibirá en caso de no ser condenado será mucho menor al valor de lo vendido.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA) --que depende de Justicia-- pidió hace unos días vender en una subasta un Ferrari F12 (que vale más de 200.000 euros en el mercado) por un valor de partida de unos 25.000 euros. Lo mismo con un Mini, un Jaguar o un Audi A8 (también de Aldama), entre otros vehículos. Esta oficina que pertenece al Gobierno se encarga de gestionar todo lo que se incauta en los registros, especialmente, de delitos relacionados con crimen organizado y blanqueo de capitales.

El abogado del empresario, José Antonio Choclán, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional --al que ha tenido acceso El Independiente-- diciendo que esta petición resulta "absolutamente desproporcionada" y que, además, "atenta a la presunción de inocencia" de Aldama.

Justicia ha seguido un catálogo de precios de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Castilla La Mancha (los coches están en un depósito de Cuenca) con un cálculo del valor mínimo de los vehículos a partir de los modelos y matrículas, pero sin tener en cuenta el estado de los bienes. La razón que aducen para la subasta es que se evita la depreciación de los vehículos por el desuso y que se siga gastando dienro en el depósito.

El empresario sostiene que él puede acerse cargo de su vehículo "garantizando el buen estado de conservación". "La realización anticipada de tales vehículos conculcaría el derecho a la presunción de inocencia de mi mandante máxime cuando nos encontramos en una fase incipiente del procedimiento, donde no se han cuantificado ni depurado responsabilidades para con mi mandante", indica el letrado. Además, dice, existen "bienes de otra naturaleza ya embargados" que tienen un valor más alto y que podrían garantizar el pago de cualquier responsabilidad civil que se le adjudicara por el fraude de los hidrocarburos.

La Audiencia Nacional investiga al empresario por ser el líder, junto a Claudio Rivas, de una presunta organización criminal dedicada a vender fuel sin pagar el IVA por lo que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que ha podido desfalcar más de 180 millones de euros al fisco.