La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha acudido este miércoles a su cuarta declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41, Juan Carlos Peinado, que la mantiene imputada. En esta ocasión, debía responder por el último delito del que Peinado la ha responsabilizado, el de malversación, y ha explicado en menos de cinco minutos las labores que debía cumplir su asesora para desmarcarse de cualquier desviación de dinero público.

Gómez ha defendido que Álvarez pudo hacer algún favor “puntual” y ha desarrollado qué tipo de labores hace según está regulado por ley como acudir a eventos públicos, llevar su agenda o gestionar algunos correos. La declaración ha durado apenas dos minutos, según advierten fuentes presentes en la misma. Su asesora también tenía cita hoy, y se ha acogido a su derecho a no declarar.

Vestida de riguroso negro, Begoña Gómez ha entrado en la sala con el magistrado poco antes de las doce de la mañana. Es la cuarta vez que hace este camino escoltada por policía destinada a la seguridad del Gobierno y entrando de forma excepcional por el garaje del edificio de Plaza de Castilla para evitar las pequeñas concentraciones de personas que se acumulan en la puerta del juzgado. En las tres ocasiones anteriores se negó a contestar al magistrado y sólo una de ellas se explicó a preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Lo mismo que ha hecho este miércoles.

Recurre su malversación

Begoña Gómez estaba imputada desde hace más de un año y medio por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios al que se unió intrusismo laboral y usurpación de las funciones públicas. Este mes de agosto, Peinado ha decidido que recaiga también sobre ella el de malversación por la contratación de la propia Álvarez.

Cree el magistrado que la asesora ayudó a la esposa del presidente en sus actividades privadas con la Universidad Complutense, pagándose su salario con dinero público, por lo que entiende que se ha estado desviando dinero. Así las cosas, aunque trató de imputar este delito a los responsables de su contratación, primero al actual delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín Aguirre, y luego al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en última instancia ha decidio incluirlo en la lista decitiva contra ellas.

Tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez han recurrido a la Audiencia Provincial dicha imputación