El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no está buscando abogado particular porque seguirá defendido por la Abogacía del Estado de cara al juicio que el Tribunal Supremo prevé celebrar a partir de otoño por un delito de revelación de secretos. El jefe del Ministerio Público ha presentado un aval de un bien inmueble como fianza por la posible indemnización que tendrá que pagar al novio de Isabel Díaz Ayuso si es condenado, mientras que el juez instructor rebajó este martes hasta los 75.000 euros dicha cuantía.

García Ortiz está tan convencido de que no debe dimitir como de que su defensa debe ejercerla la Abogacía del Estado, según explican fuentes fiscales a El Independiente. El alto representante del Ministerio Público ha defendido desde el inicio que no debía dejar el cargo porque considera que así protege a la institución. Apartándose, ha explicado en distintas ocasiones, crea un precedente peligroso en el que los investigados pueden denunciar a los fiscales para conseguir precisamente eso, echarlos de la investigación.

En ese tono se pronunció ante el Rey Felipe VI el pasado 5 de septiembre en la apertura del año judicial ("si estoy aquí como fiscal general es porque creo en la Justicia, en el Estado de Derecho, en la imparcialidad y en la verdad) y en esa línea se ha explicado cada vez que le han hecho la pregunta en público o en privado, en un corrillo.

Este mismo motivo es el que le ha llevado a la conclusión de no poder contratar a un bufete de abogados, según citadas fuentes, como sí han hecho los otros dos fiscales que han estado imputados con él durante el procedimiento. Los Servicios Jurídicos del Gobierno presentan asistencia jurídica al personal de la administración pública que se ve inmerso en procedimientos judiciales por razón de su cargo y esto es nuclear en la acusación contra García Ortiz. El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado lo acusa de filtrar información relacionada con Alberto González Amador --novio de Díaz Ayuso-- que conoció por ser el jefe del Ministerio Público, por razón de su cargo.

Dos abogados y dos archivos

Sectores de la Fiscalía han comentado en ocasiones, en tono casi de broma, que cada vez que un fiscal ha contratado a un abogado particular el Tribunal Supremo ha archivado el caso para ese funcionario, mientras que García Ortiz, que ha estado permanentemente defendido por la Abogacía del Estado, no ha corrido la misma suerte.

Ocurrió con su 'mano derecha', el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, que permaneció investigado un breve lapso de tiempo. Él contrató a Cristóbal Martell, un prestigioso penalista catalán que ha defendido a la familia Pujol o a los futbolistas Leo Messi y Dani Alves y de la mano de este letrado acudió a su declaración en el alto tribunal. Su testimonio fue tan rotundo que convenció al instructor, quien terminó archivando el caso para él al poco tiempo.

Mucho más duró la investigación para la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien la Guardia Civil le registró el despacho y cuyo teléfono móvil ha servido para apuntalar algunas de las acusaciones contra García Ortiz. Ella, que permaneció imputada más de un año, estuvo inicialmente defendida por la Abogacía del Estado, si bien en el último momento y cuando parecía que tenía que sentarse en el banquillo contrató los servicios de Daniel Campos.

Este letrado también tiene una trayectoria como penalista ampliamente consolidada, exfiscal de carrera, ha defendido, por ejemplo, a Eduardo Zaplana o al despacho Equipo Económico imputado en la causa contra el exministro Cristóbal Montoro. El recurso que interpuso Campos ante la Sala de Apelación contra el procesamiento de Rodríguez fructificó y ella ha sido la última en quedar al margen de la investigación.

Así las cosas, algunos fiscales comentaban ese día que parecía casi causa-efecto el hecho de contratar a un letrado con lograr el archivo de la investigación. Fuentes jurídicas consideran un error, por tanto, que García Ortiz no escoja esa senda en la que creen que podría construir una defensa más sólida. También porque, dicen otras voces, la Abogacía del Estado tiene indudables intereses en esta causa, pues el abogado del novio de Ayuso no mandó el famoso email del 2 de marzo de 2024, que ha dado pie a las diligencias, sólo a la Fiscalía, sino también a un abogado del Estado.

En el Tribunal Supremo se criticó muy duramente la declaración de García Ortiz cuando decidió que no respondería al juez instructor, una decisión coordinada por los Servicios Jurídicos estatales que ejercían su defensa. Por eso, algunas fuentes indican que las posibilidades de que el juicio no se conduzca por el mejor camino para los intereses de García Ortiz no disminuyen con la actual defensa. Con todo, fuentes fiscales indican que él ha escuchado todas las opiniones, pero su certeza sigue siendo que el papel institucional que ha defendido desde el principio no tiene encaje posible si busca otra defensa en el exterior.