La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que es a su vez 'número dos' del fiscal general del Estado será quien se encargue del enjuiciamiento de Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos tras la presunta filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero no será la única. Según ha confirmado El Independiente, Sánchez Conde ha firmado un decreto para designar como refuerzo a un segundo fiscal que estará en el juicio, todavía pendiente de fecha.

Se trata del fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Francisco Javier Montero, que llevó las riendas de la investigación al inicio cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) abrió causa tras la denuncia de Alberto González Amador (pareja de Ayuso) y del Colegio de Abogados, que ejerce como acusación popular.

En ese momento, en la Fiscalía hubo tiranteces, puesto que la fiscal de Madrid a la que por reparto le tocó la denuncia, la fiscal María de la O Silva Fernández, entendía que sí había que abrir causa y analizar los correos internos del Ministerio Público. El asunto se elevó a una Junta de fiscales de Sala --una reunión de la cúpula de los funcionarios-- y finalmente el criterio que imperó fue el de posicionarse en contra del inicio de las diligencias.

De nada sirvió porque el Tribunal Superior de la capital sí admitió la denuncia y fue entonces cuando la Fiscalía designó a Francisco Javier Montero para estar al frente de la investigación. Él mantuvo la postura que ha venido sosteniendo el Ministerio Público a lo largo de todo el procedimiento, la misma que cuando llegó al Tribunal Supremo: oponerse a la causa.

La fiscal jefa del Supremo lo elige ahora para ocupar un asiento privilegiado en el juicio por dos motivos que ha dejado plasmados en el decreto: la solidez de su perfil profesional y el conocimiento previo del asunto. El hecho de que la Fiscalía sea jerárquica permite este tipo de elecciones por las que un trabajador en otro destino puede pasar a desempeñar su actividad profesional en un órgano distinto al destino donde está, ya sea por circunstancias especiales o sobrecarga de trabajo.

En este caso, la teniente del Tribunal Supremo entiende que las condiciones del juicio, sin duda de vital trascendencia para el Ministerio Público, son las propicias para añadir este refuerzo, pues así, si ella fallara por cualquier circunstancia no habría motivo para dilatar el juicio oral contra el cabecilla de la Fiscalía. Francisco El tiempo por el que Javier Montero ha sido elegido no podrá superar los seis meses.

García Ortiz recurre la fianza

El alto tribunal ha abierto ya juicio oral contra García Ortiz acusándolo de la filtración a los medios de comunicación de un correo enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador al fiscal que lo investigaba por dos delitos contra la Hacienda Pública. Varias fuentes del órgano aseguran que lo previsible es que el jefe de la Fiscalía se tenga que sentar en el banquillo en otoño, pues no quieren alargar mucho los plazos.

A la espera está el asunto de la fianza que, según confirman fuentes fiscales, García Ortiz ya ha recurrido a la Sala de Apelación. El juez instructor Ángel Luis Hurtado decidió imponerle inicialmente una fianza de 150.000 euros en la que incluía tanto las posibles responsabilidades civiles derivadas de una condena, es decir, el dinero que pudiera pagarle al novio de Ayuso por daños y perjuicios, como una hipotética multa. Luego se rectificó a sí mismo porque una doctrina del Tribunal Constitucional indica que la multa no se puede meter en la fianza, pues es como una condena preventiva, y entonces rebajó el número a 75.000 euros. El fiscal general ha recurrido ambas cifras.