El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, vuelve a recurrir ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reclamar el expediente completo de las quejas que presentó contra el juez Juan Carlos Peinado, precisamente el día en que el magistrado deja la carrera judicial por jubilación. El ministro denuncia que la negativa del órgano de gobierno de los jueces a facilitarle toda la documentación le provoca una "indefensión real y efectiva".
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Bolaños ya había recurrido la decisión del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ de archivar las quejas que presentó contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En agosto, cuando conoció el archivo, solicitó al Consejo acceder al expediente completo para poder fundamentar su recurso. El CGPJ rechazó esa petición y ahora el ministro vuelve a recurrir esta decisión ante el propio órgano de gobierno de los jueces, según un comunicado que El Independiente ha podido consultar.

En su nuevo escrito, Bolaños sostiene que la falta de acceso le impidió conocer dos elementos que considera relevantes para su defensa. El primero es la fecha en la que el CGPJ comunicó a Peinado la denuncia presentada contra él. Según el ministro, ese dato permitiría determinar si el juez conocía la existencia de la queja cuando elevó al Tribunal Supremo la exposición razonada en la que planteó investigar a Bolaños, un detalle que, a su juicio, permitiría valorar si el conocimiento de esas denuncias tuvo alguna incidencia en su decisión de remitir esa exposición al Alto Tribunal.

El segundo elemento que reclama el titular de Justicia al órgano de gobierno de los jueces es la información sobre la investigación realizada por el CGPJ acerca de las filtraciones producidas en el procedimiento dirigido por Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno. Bolaños subraya que se han difundido en medios de comunicación resoluciones judiciales antes de que fueran notificadas a las partes y que estas filtraciones han sido denunciadas por distintos intervinientes en la causa.

Según sostiene el ministro, el Promotor de la Acción Disciplinaria consideró acreditada la existencia de esas filtraciones, aunque concluyó que no podían atribuirse ni al juez ni a los funcionarios del juzgado. Así, Bolaños reclama conocer qué actuaciones realizó el CGPJ para llegar a esa conclusión y sostiene que, dado que las resoluciones afectadas estaban en conocimiento de un número limitado de personas, era necesario determinar si la investigación permitió descartar de forma suficiente una eventual responsabilidad del juez por una posible revelación de secretos.

El recurso insiste en que ambos elementos resultan necesarios para que el ministro pueda ejercer su derecho de defensa frente al archivo de las quejas. Bolaños sostiene que la negativa a facilitarle el expediente completo no constituye una mera cuestión formal, sino que le impide conocer información que considera relevante para impugnar la decisión del Promotor de la Acción Disciplinaria.

El ministro también aprovecha el recurso para cuestionar la tramitación de su denuncia y el momento en el que el CGPJ ha resuelto sobre ella. En el escrito presentado ante el Consejo, Bolaños sostiene que el expediente permaneció durante 427 días sin resolución y vincula ese plazo con la proximidad de la jubilación de Peinado.

Según su interpretación, la jubilación del juez podía terminar impidiendo que una eventual responsabilidad disciplinaria tuviera consecuencias. En este sentido, sostiene que la cronología de la tramitación genera una apariencia que, a su juicio, perjudica la imagen de los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial. "Durante 427 días, un expediente referido a hechos de escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso", afirma Bolaños, subrayando que, a su juicio, esa tramitación alimenta "una percepción de un corporativismo nocivo" y considera que esta circunstancia perjudica la confianza de los ciudadanos en los mecanismos de control disciplinario de los jueces.

Bolaños reclama ahora que el CGPJ le permita acceder al expediente completo para poder ejercer las acciones que considere oportunas. En el escrito llega a sostener que una eventual nueva negativa a facilitarle la documentación "solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado".