¿Niegan los vocales progresistas del CGPJ la presunción de inocencia del PSOE?

No tengo duda de la valía profesional de la mayoría de las personas que forman o han formado parte del Consejo General del Poder Judicial en las últimas décadas, pero, con la hemeroteca en la mano, no es precisamente la institución que más elogios se ha llevado en los últimos tiempos, y esta semana se ha vuelto a cubrir de gloria.

Como máximo órgano de gobierno de la judicatura española, prestar amparo a un juez que está siendo atacado o amenazado por elementos a los que investiga parecería una de sus obligaciones más elementales. De hecho, en la historia reciente ha tenido que hacerlo en más de una ocasión.

Un caso especialmente reseñable es el de 2006, cuando el CGPJ en pleno dio amparo al juez Juan del Olmo por los ataques verbales que le había dirigido Federico Jiménez Losantos en su programa de radio, donde lo había ridiculizado, y en un artículo de prensa. Y es reseñable porque, según aseguran quienes siguieron el tema, el instructor del 11-M ni siquiera tuvo que pedir amparo: el CGPJ actuó por iniciativa propia para defender al juez. Aunque, en realidad, las críticas que más molestarían a Juan del Olmo no serían tanto las que venían de fuera del sector judicial como las que procedían de dentro, como bien explicó el periodista Yoldi, uno de los máximos cronistas de las batallas con togas de este país.

Veinte años después, el actual CGPJ, en cambio, no parece estar por la labor de amparar a la jueza Beatriz Biedma, a quien unos individuos han estado siguiendo, al igual que a sus hijos. Se da la desafortunada coincidencia de que son los vocales propuestos por un espacio político los que estaban a favor del amparo, mientras que los propuestos por el otro espacio son los que no han querido concedérselo, alegando que el caso aún está sub iudice.

La sombra del desprestigio sobre el CGPJ aparece cuando sus vocales parecen actuar en función del perjuicio que sus decisiones puedan ocasionar a los políticos a los que deben su puesto

La justicia tendrá que resolver el grado de peligro real que había en los intentos de amedrentar a esta mujer y si los responsables de esos intentos tenían o no las conexiones que se les atribuyen con la llamada "cloaca" sanchista. Pero que hubo presiones, atacando a la jueza por su lado más personal, parece fuera de toda duda desde el momento en que se ha acordado proporcionarle protección y escolta. ¿Los indicios que sirven para ponerle guardaespaldas no sirven para que el CGPJ le conceda el amparo? ¿Había más argumentos para dar amparo al juez Del Olmo por los excesos verbales de un comentarista que a la jueza Biedma por actuaciones de tinte mafioso?

La sombra del desprestigio sobre el CGPJ aparece cuando sus vocales parecen actuar no tanto en función de la gravedad de los hechos que evalúan como del perjuicio que sus decisiones puedan ocasionar a los políticos a los que deben su puesto.

En 1995, el juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero, se sintió muy atacado porque Juan Carlos Rodríguez Ibarra lo comparó con los asesinos de ETA. El entonces presidente de Extremadura consideraba que el instructor que investigaba la financiación ilegal del PSOE tomaba decisiones para hacer daño a los socialistas. El malestar de Barbero era comprensible porque, a pesar de las muchas críticas que podía merecer su instrucción, que ya se hacía eterna, si se abría la puerta a que los cargos institucionales despreciaran al Poder Judicial, se entraba en una deriva peligrosa. Pero resultó que todos los consejeros del bloque progresista votaron en contra de darle el amparo a Barbero. Cuatro abstenciones y solo tres votos a favor. Podría pensarse que los tres que votaron a favor eran los que mantenían algo de dignidad, pero, dado que entre ellos estaba Luis Pascual Estevill, el juez de los sobornos (esta semana hemos despedido a su principal cómplice, Joan Piqué Vidal), aquello parecía más una votación en la que cada uno se posicionaba en función de los intereses de su bloque.

Más recientemente se vio un caso en sentido inverso. El juez José Ricardo de Prada pidió amparo al CGPJ, harto de que medios que situaba en la órbita pepera (ABC, El Mundo, La Razón) o políticos peperos (José Antonio Monago) cuestionaran su actuación en la sentencia de la Gürtel. Y los vocales conservadores del CGPJ, como no podía ser de otra manera, se opusieron, dejando claro a qué obedecía cada uno de ellos. Unirse para protestar contra un periodista petardo es fácil, pero hacerlo contra los políticos a los que se debe el asiento ya es más complicado.

Pero el caso de la jueza Biedma no tiene comparación con estos. Biedma no se queja de un artículo que ironice o haga burlas contra ella, ni de un tertuliano que la haya ridiculizado en antena, ni de un miembro del Gobierno que la haya cuestionado, aunque algo de eso haya habido. El amparo se solicitaba ante el cruce de una línea roja: la de pretender amedrentar a alguien en aquel punto donde cualquier persona es más vulnerable. Y a nadie se le escapa que, si en este proceso judicial no estuviera la hipótesis de que el partido en el Gobierno tenga algo que ver, los vocales progresistas no se opondrían.

No sabemos si se probará o no una implicación del PSOE y de su actual cúpula con las cloacas de Leire Díez. Lo que sí podemos afirmar es que los vocales progresistas del CGPJ están convencidos de que el PSOE está en el ajo, dado que, al negarle el amparo, han seguido el modus operandi de "nunca votar contra los nuestros", que es lo mismo que reconocer que los hostigadores de la jueza pertenecen al bando de "los suyos". La dirección socialista debería mosquearse con la falta de confianza en la presunción de inocencia que han mostrado sus vocales en el Poder Judicial.

No faltará quien piense que, al negar el amparo a la jueza atacada, los vocales han perdido una oportunidad de recuperar el prestigio del CGPJ, pero, para realizar esa afirmación, primero habría que asegurarse de si en algún momento dicha institución lo ha tenido.