El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido este jueves que la resolución que adopte el órgano de garantías sobre la amnistía de la malversación del procés sea "clara, precisa y contundente", y ha subrayado que la doctrina que establezca el órgano de garantías tendrá que ser aplicada por los tribunales competentes. "El Constitucional establece doctrina y debe ser trasladada. Corresponde, por tanto, a los órganos judiciales trasladarla", ha señalado durante su intervención en el desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum.
Conde-Pumpido se ha pronunciado así a falta de cinco días de que el Constitucional resuelva los recursos de amparo de Jordi Turull y Dolors Bassa, dos de los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo que quedaron fuera de la Ley de Amnistía por la interpretación que hizo la Sala Segunda de la excepción prevista para quienes hubieran obtenido un "beneficio personal de carácter patrimonial".
La mayoría del Constitucional rechazó el pasado 22 de septiembre la ponencia del magistrado José María Macías, que defendía mantener la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a Turull. Siete de los doce magistrados votaron en contra del texto y cinco a favor. El Pleno acordó entonces que debía elaborarse una nueva resolución conforme al criterio de la mayoría y señaló para el próximo 6 de octubre los recursos de Turull y Bassa.
Conde-Pumpido, que será el ponente del recurso de Bassa, ha evitado anticipar el sentido de las dos sentencias. "No puedo anticipar esa decisión", ha añadido. Sí ha precisado qué ocurriría si el Constitucional estima los recursos. En ese caso, el tribunal comunicará su decisión "inmediatamente" a las partes y al órgano encargado de ejecutarla. A partir de ese momento, ha señalado, será el Supremo quien tendrá que valorar cuándo procede aplicarla. "Ya le corresponde al Supremo valorar cuándo estima procedente aplicarla", ha afirmado.
La cuestión afecta directamente a la situación de los dirigentes independentistas condenados o procesados por malversación. El Supremo rechazó aplicarles la amnistía al considerar que los hechos encajaban en la excepción de la ley que deja fuera de la medida de gracia a quienes hubieran obtenido un "beneficio personal de carácter patrimonial". La Sala Segunda entendió que los dirigentes habían obtenido ese beneficio en forma de ahorro al utilizar fondos públicos para financiar los gastos vinculados al proceso independentista.
La mayoría del Constitucional se ha apartado de esa interpretación. La nueva resolución de Turull y la ponencia de Bassa tendrán que determinar si las decisiones del Supremo vulneraron los derechos fundamentales de los recurrentes y, a partir de ahí, fijar la doctrina sobre la aplicación de la amnistía a la malversación.
Un fallo que diga exactamente qué debe hacer el Supremo
Precisamente esta semana trascendió el contenido del borrador de la ponencia de Conde-Pumpido sobre Bassa. El texto propone estimar el recurso de amparo de la exconsellera y aplicar la Ley de Amnistía a la malversación por la que fue condenada, y sostiene que el Supremo incurrió en una contradicción "flagrante e insoluble" al mantener dos pronunciamientos "recíprocamente inconciliables" sobre la idoneidad de las conductas del procés para lograr la secesión territorial de Cataluña.
Según la propuesta de Conde-Pumpido, esa contradicción afecta a la racionalidad de la decisión judicial y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de Bassa. Preguntado por qué su ponencia incorporaba una indicación dirigida al Supremo para que aplicara la amnistía a la malversación, Conde-Pumpido ha defendido que los fallos del Constitucional deben establecer con precisión sus consecuencias.
"Cuando el Constitucional dicta un fallo tiene que dictar un fallo que sea claro, preciso y contundente", ha afirmado. El presidente del tribunal ha explicado que nunca fue partidario de resoluciones que se limitaran a remitirse a los fundamentos jurídicos. "Siempre he defendido fallos precisos, claros y concisos", ha señalado. Y ha añadido que, si el Constitucional considera que la amnistía debe aplicarse "de forma preferente y urgente" porque están afectados derechos fundamentales, el fallo debe establecer exactamente cuáles son sus efectos.
La precisión importa porque el recurso de amparo no convierte al Constitucional en una tercera instancia penal. El tribunal de garantías no está llamado a revisar de nuevo la condena de Bassa o Turull, sino a determinar si las resoluciones del Supremo vulneraron derechos fundamentales. Si concluye que así fue, su sentencia tendrá que fijar las consecuencias de esa vulneración para los órganos judiciales que dictaron las resoluciones recurridas.
Conde-Pumpido ha defendido precisamente esa posición al ser preguntado por si el hecho de que el Constitucional revise decisiones del Supremo supone que el tribunal de garantías actúa como una instancia superior. "El Constitucional actúa dentro del ámbito de sus competencias", ha respondido.
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