La Policía Nacional detuvo el 22 de mayo de 2025 en Mislata (Valencia) a un hombre de 42 años por presuntamente estafar 200.000 euros a su expareja sentimental y sus exsuegros, según informaron fuentes policiales.

Según informa Europa Press, el arrestado, sin antecedentes penales, habría utilizado acceso no autorizado a cuentas bancarias y documentación personal para realizar transferencias fraudulentas, contratar créditos ilícitos y vender joyas sustraídas, según consta en la investigación. Este caso refleja la vulnerabilidad de las relaciones personales ante métodos de fraude digital y la necesidad de reforzar protocolos de seguridad en entornos domésticos.

Cronología del fraude y métodos empleados

El detenido aprovechó su relación cercana con la víctima para acceder a su ordenador personal, donde almacenaba documentos identificativos y claves de firma electrónica. Mediante este acceso, realizó transferencias bancarias recurrentes a su propia cuenta, contrató servicios de telefonía y solicitó créditos a nombre de la expareja, acumulando deudas de aproximadamente 100.000 euros. 

Paralelamente, sustrajo joyas de la víctima, que vendió en establecimientos de compraventa de metales preciosos en Valencia, obteniendo otros 100.000 euros. Los hechos salieron a la luz cuando la denunciante detectó movimientos financieros anómalos y deudas no reconocidas, iniciando una investigación que vinculó al sospechoso con todas las transacciones fraudulentas.

Investigación y colaboración interdepartamental

La investigación, iniciada el 14 de abril de 2025 tras la denuncia interpuesta, involucró a unidades especializadas en ciberdelincuencia y seguimiento patrimonial. Los agentes rastrearon las ventas de joyas hasta comercios valencianos, donde identificaron transacciones vinculadas al detenido. 

Además, se verificó que el hombre había contratado créditos a nombre de sus exsuegros, utilizando información obtenida durante su relación familiar, lo que elevó el perjuicio total a 200.000 euros. La coordinación entre la Comisaría de Mislata y grupos de análisis financiero permitió consolidar las pruebas para la detención.

El caso se enmarca en el artículo 248 del Código Penal, que define la estafa como un acto realizado con ánimo de lucro mediante engaño, induciendo a la víctima a un perjuicio patrimonial. La pena base oscila entre seis meses y tres años de prisión, pero podría agravarse bajo el artículo 250 por el monto defraudado y el abuso de confianza en relaciones personales. Factores como la sustracción de joyas y la falsificación documental podrían elevar la condena hasta seis años, considerando el perjuicio económico severo y la planificación del delito.

Medidas preventivas ante fraudes digitales

Expertos en ciberseguridad recomiendan:

  • Proteger dispositivos con contraseñas robustas y autenticación en dos pasos.
  • Monitorizar cuentas bancarias frecuentemente para detectar movimientos sospechosos.
  • Evitar almacenar datos sensibles en equipos accesibles a terceros.
  • Denunciar inmediatamente ante cualquier irregularidad financiera no consentida.

Este caso subraya la importancia de la vigilancia proactiva en entornos digitales y la eficacia de la colaboración policial para desarticular fraudes complejos. Con el aumento de delitos que explotan relaciones personales, tanto autoridades como ciudadanos deben priorizar la educación en seguridad informática y la protección de datos personales. La detención no solo busca justicia para las víctimas, sino también disuadir a potenciales estafadores en un contexto donde el fraude digital crece un 23% anual según la Asociación Española de Empresas contra el Fraude.