El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha avalado la decisión de la Generalitat de mantener los servicios mínimos establecidos para la huelga docente convocada en la educación pública valenciana. El alto tribunal ha desestimado la suspensión cautelar solicitada por los sindicatos CSIF y CCOO.

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La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha defendido que la medida busca preservar el derecho a la educación del alumnado, especialmente de los estudiantes de segundo de Bachillerato, que afrontarán en las próximas semanas las pruebas de acceso a la universidad.

La primera jornada de huelga se desarrolló sin incidentes reseñables, según la Generalitat, y con normalidad en los servicios de transporte y comedor escolar. El seguimiento oficial del paro ha sido del 50,12%, de acuerdo con los datos trasladados por las direcciones de los centros al sistema informático de la Conselleria. A primera hora de la mañana, Educación había situado el seguimiento provisional en el 23,96%.

La huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria comenzó este lunes convocada por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSIF, con el apoyo también de ANPE. Las organizaciones convocantes han reclamado una “negociación real” con la administración autonómica y sostienen que el conflicto responde tanto a reivindicaciones salariales como a demandas relacionadas con infraestructuras, reducción de ratios y protección del valenciano.

La Generalitat, abierta a la negociación

Los sindicatos consideran insuficiente la última propuesta económica planteada por la Conselleria en la Mesa Sectorial de Educación, que contemplaba una subida progresiva de 75 euros brutos mensuales hasta 2029. La reunión, celebrada el pasado jueves y planteada como un intento de acercamiento antes de la huelga, concluyó sin acuerdo.

El conflicto también ha estado marcado por la controversia en torno a los servicios mínimos fijados por la Generalitat, especialmente los relativos a segundo de Bachillerato. La resolución autonómica establece como actuaciones imprescindibles la evaluación final ordinaria y extraordinaria, la calificación, la firma de actas y la tramitación de la documentación necesaria para acceder a la EBAU.

La Conselleria sostiene que estas medidas son necesarias para evitar perjuicios académicos al alumnado. Los sindicatos, por su parte, calificaron de “abusivos” los servicios mínimos y recurrieron la resolución ante el TSJCV.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha señalado que la Generalitat mantiene su disposición a negociar con los sindicatos. Según la Conselleria, desde septiembre se han celebrado 29 reuniones con las organizaciones sindicales, aunque tres de ellas abandonaron la Mesa Sectorial sin alcanzar acuerdos.