El primer paso para que los candidatos elegidos por los estados miembros de la Unión Europea se conviertan en comisarios es la evaluación de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Sin embargo, el escrutinio al que esta comisión europarlamentaria puede someter a los futuros comisarios es limitado, ya que solo pueden basarse en las declaraciones que estos aportan.
La presidenta del grupo de La Izquierda, Aubrey Manon, ponía como ejemplo el caso de Wopke Hoekstra. El holandés ya fue comisario de Acción por el Clima en la anterior legislatura, y en esta, se le añaden las competencias de impuestos. Hoekstra fue antes trabajador de la petrolera Shell, por lo que desde la formación de Manon ponen en entredicho la independencia del holandés en cuanto a las cuestiones de clima o, ahora, en términos de los impuestos que pagan las empresas.
No es el único caso que ha puesto sobre la mesa este grupo. También incluyen entre los cuestionables al candidato italiano, Raffaelle Fitto, que fue acusado de corrupción, además de haber hecho declaraciones en contra de la homosexualidad. Y a María Luis Albuquerque, la próxima responsable de los Servicios Financieros en la Unión Europea y miembro del consejo asesor de Morgan Stanley.
Pero las críticas no solo llegan por parte de La Izquierda. Fuentes populares también confiesan que el poder que tiene la Comisión de Asuntos Jurídicos es muy limitado y que apenas tienen capacidad para investigar supuestos conflictos de interés. Tampoco pueden tener en cuenta noticias que aparezcan en la prensa si se desvela alguna polémica, porque tienen que ceñirse a las declaraciones que los comisarios han presentado ante el Parlamento Europeo.
Varios eurodiputados comentan en privado que las declaraciones que ellos mismos tienen que presentar son más extensas que las que se exigen a los futuros comisarios. Además, critican que tras el escándalo del Qatargate, que terminó con el cese de la vicepresidenta de la Eurocámara y con varios detenidos, no hay más exigencias a nivel de transparencia.
Por otra parte, estas declaraciones no son públicas, no las puede consultar cualquier votante europeo, sino que únicamente las revisan los eurodiputados que forman parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos. En la reunión de este jueves, seguridad impedía a los periodistas acercarse a los eurodiputados que abandonaban la sala. El secretismo es máximo.
Del patrimonio inmobiliario a la poca transparencia
No obstante, Politico logró las declaraciones de los comisarios y desveló que Apostolos Tzitzikostas, candidato a ser Comisario de Transportes posee un patrimonio inmobiliario que incluye 16 apartamentos, 655.463 metros cuadrados de terreno, seis tiendas y también varios garajes y trasteros repartidos por Grecia. Tzitzikostas tendrá en su cartera las competencias de Turismo.
La candidata búlgara, Ekaterina Zaharieva, cuenta con cuatro propiedades inmobiliarias además de varios terrenos de miles de metros cuadrados. También el italiano Fito tiene, según el medio especializado en política comunitaria, siete apartamentos. La eslovena Marta Kos destaca en su documentación que posee un millón de euros en sus cuentas.
Otros han optado por dejar sus declaraciones prácticamente vacías, como el actual vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, que ha asegurado que tras una década en la Comisión, no quedan actividades pasadas que declarar.
Esta información se suma a las vinculaciones al sector privado de Albuquerque o de Hoekstra. De la misma forma que en el caso de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ninguna de estas declaraciones muestran que hayan cometido alguna ilegalidad, pero en algunos casos es cuestionable el conflicto de interés con la labor pública que van a desarrollar.
Audiencias
Los comisarios se enfrentarán a las audiencias en las comisiones correspondientes a las carteras que van a ocupar entre el 4 y el 12 de noviembre. Cada comisario necesita el apoyo de al menos dos tercios o de mayoría simple en tercera votación. Si no consigue pasar el examen, el estado miembro tiene que proveer otro. Fuentes políticas auguran que esta será la situación en la que se encuentren algunos de los candidatos propuestos, por lo que el proceso puede ser todavía más largo.
Los comisarios tienen que pasar audiencia por todas las comisiones del Parlamento Europeo en las que puedan tener interés sus competencias, en algunos casos, pueden ser hasta ocho, según las mismas fuentes.
Después de las audiencias, el pleno del Parlamento tiene que votar en su conjunto la composición del colegio de comisarios. Si el paso por las comisiones se terminase el 12 de noviembre, se podría votar en el pleno que se celebra en Bruselas a partir del 13 de noviembre. Sin embargo, las fuentes consultadas dan por complicado este escenario.
Teniendo en cuenta que se pueden caer candidatos por el camino, lo más probable es que la votación tenga lugar durante la última semana de noviembre, cuando se celebra de nuevo un pleno en Estrasburgo. De esta forma, si la Eurocámara da por buena la composición del ejecutivo liderado por Ursula Von der Leyen, la nueva Comisión empezaría a trabajar el próximo 1 de diciembre.
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