El Tribunal Supremo estadounidense ha empezado este jueves a evaluar las quejas de la Administración de Donald Trump sobre el poder de los jueces federales, y en las próximas semanas deberá contestar a una pregunta: ¿puede un solo juez tumbar toda una medida del presidente? Por el momento, el Alto Tribunal se muestra dividido, pero su decisión tendrá un importante impacto en los efectos de las medidas de Trump a futuro, que a día de hoy están encontrando en los jueces su principal oposición.

La medida que ha traído el dilema legal ante el Supremo es el de la ciudadanía por nacimiento, aunque los jueces no tendrán que decidir sobre la medida en sí, sino sobre si un solo magistrado debe poder bloquearla. Trump firmó una orden en su primer día en el cargo que terminaba con este derecho, que permite que todos los bebés nacidos en Estados Unidos sean estadounidenses automáticamente, pero tres jueces federales decidieron, desde diferentes estados, que la medida violaba la enmienda 14 de la Constitución y un precedente legal importante, por lo que bloquearon su aplicación en todo el país.

El Gobierno del presidente estadounidense considera que los jueces se están excediendo a la hora de bloquear sus órdenes ejecutivas en todo el país, y no cree que un solo juez de distrito deba tener poder para congelar medidas del jefe del Estado en todo el territorio. Del otro lado, están los tres jueces de Maryland, Washington y Massachusetts, quienes fallaron que el presidente no puede cambiar la Constitución con una orden.

Los jueces del Supremo se han mostrado divididos durante las tres horas que ha durado la vista. Por un lado, se han mostrado escépticos ante la idea de que jueces de un solo distrito puedan tener el poder de congelar órdenes ejecutivas del presidente en todo el país, pero por otro también parecían preocupados ante la legalidad de la orden ejecutiva concreta que hay detrás de este caso. Es completamente inusual que los jueces del Supremo accedan a escuchar argumentos sobre un caso así, para tratar de decidir si realmente este tipo de decisiones judiciales que afectan a todo el país deberían limitarse y por tanto deberían aplicar solo a los estados por separado.

Pero este no es un asunto nuevo: a lo largo de la historia de Estados Unidos, diferentes jueces del Tribunal Supremo se han mostrado molestos por lo que en inglés se conoce como nationwide injunctions, ese poder que hace que jueces de distrito puedan emitir órdenes que afectan a nivel nacional y que han utilizado tanto el Partido Demócrata como el Republicano para hacer frente al presidente. En total, a lo largo de los cuatro meses que Trump lleva a cargo del país como parte de su segundo mandato, diferentes jueces han frenado más de doce medidas a nivel nacional, lo que ha afectado en gran medida al plan del presidente.

Unas de las peticiones de la Administración es que los jueces solo tengan poder para bloquear el caso del demandante, y no la medida al completo, pero de este modo se generaría una oleada de demandas individuales que según la jueza progresista Sonia Sotomayor no tendría sentido. De su lado, varios jueces conservadores han sugerido que hay otras maneras de frenar un decreto, lo que hacía parecer que podrían terminar fallando a favor del Gobierno de Trump.

Se espera que el Supremo no tome una decisión hasta junio, aunque medios especializados apuntan a que la importancia del caso podría llevar a que actuasen algo más rápido.

Ciudadanía por nacimiento

La orden ejecutiva con la que Donald Trump terminó con el derecho a la ciudadanía por nacimiento fue una de las que más atención atrajo durante sus primeros días en el cargo, el pasado mes de enero. Pero no es una novedad de este segundo mandato: Trump lleva años insistiendo en el tema de la nacionalidad, y de hecho, el repetir en televisión que el entonces presidente Barack Obama no era estadounidense fue el tema que lo llevó a la fama.

"¿Por qué no enseña su certificado de nacimiento?", decía el ahora presidente en televisión en 2011. "Estoy empezando a pensar que no nació aquí". En Estados Unidos, para ser presidente es imprescindible haber nacido en el país. Obama terminó viéndose obligado a enseñar su cartilla de nacimiento y efectivamente demostró que era estadounidense (nació en Hawaii), pero la verdad no estorbó al ascenso a la fama de Trump. Al contrario: a lo largo de los años siguientes ha seguido exponiendo sus dudas sobre qué es ser americano, hasta el punto de decir que el derecho a la ciudadanía por nacimiento es lo que lleva a tantos inmigrantes a cruzar la frontera hacia EEUU.

"La ciudadanía por nacimiento nunca buscaba que la gente de vacaciones se convirtiese en ciudadanos permanentes de Estados Unidos de América, ni que trajesen a sus familias consigo, riéndose por lo IDIOTAS que somos. Estados Unidos de América es el único país del mundo que hace esto, por una razón que nadie conoce, ¡pero a los cárteles de la droga les encanta! Somos, con tal de ser políticamente correctos, un país ESTÚPIDO pero, en realidad, estamos siendo lo contrario a políticamente correctos, y ese es otro punto que conduce a que Estados Unidos sea disfuncional", ha escrito el presidente este jueves en su red social, Truth Social, en una publicación en la que también dice que la medida tenía que ver con los hijos de los esclavos, y no "con la inmigración ilegal" ni con gente "que quiere ESTAFAR a nuestro país, de todas partes del mundo, como han hecho durante muchos años". "Por favor, explicadle esto al Tribunal Supremo de Estados Unidos".

Esta era una de las principales promesas de Trump durante su campaña electoral. Si finalmente la orden ejecutiva de Trump sale adelante y por tanto la ciudadanía por nacimiento queda limitada en el caso de los inmigrantes sin papeles, unos 255.000 bebés nacidos cada año resultarían afectados, según un estudio del Migration Policy Institute.