La empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) lleva años en el ojo del huracán por su participación directa en la construcción del tranvía ligero que conecta Jerusalén con asentamientos ilegales israelíes. Ahora la compañía, que ha defendido a capa y espada su negocio en los territorios ocupados de Palestina, se arriesga a perder un jugoso contrato por valor de más de 3.000 millones de euros en Bélgica por lo que los demandantes consideran "complicidad en los crímenes de guerra israelíes", tal y como consta en la exposición del caso legal al que ha tenido acceso El Independiente.
A finales del mes pasado la red ferroviaria nacional de Bélgica (SNCB) adjudicó a CAF el concurso público para el suministro de nuevos trenes, con una capacidad de 54.000 plazas. El Consejo de Estado había suspendido en abril la licitación por supuesta falta de transparencia. La SNCB, en cambio, consideró que la empresa española cumple los requisitos de la licitación, así como el derecho internacional y los derechos humanos, tras las críticas de los partidos verdes (Groen) y socialistas (PTB), que censuraron el contrato alegando que había indicios de que la empresa CAF desarrolla actividades en los territorios palestinos ocupados.
CAF, en el punto de mira
En contra de la decisión final de la administración belga un grupo de ONG ha anunciado este martes desde Bruselas la presentación de una demanda en los tribunales del país para suspender la concesión. "CAF juega un papel esencial en el mantenimiento de la ocupación del territorio palestino por parte de Israel y la anexión de territorio", ha denunciado Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Contactado por este diario, CAF no había respondido en el momento de publicación de esta información.
Albanese ya incluyó a CAF en el informe que presentó en julio señalando a las compañías occidentales por lucrarse "de la ocupación ilegal israelí, del ‘apartheid’ y ahora del genocidio" del pueblo palestino. La multinacional vasca, que cuenta entre sus accionistas con el Gobierno vasco (PNV y PSOE), trabajó hasta principios de este año en la ampliación de la Línea Roja del tranvía de Jerusalén y construye ahora la Línea Verde, que conectará asentamientos ilegales en Jerusalén Este. Según diferentes expertos y ONG como Amnistía Internacional, el proyecto ferroviario consolida la ilegal ocupación israelí sobre los territorios palestinos e impide una solución política al conflicto.
"No al dinero público para los trenes del apartheid"
El caso legal recién lanzado en Bélgica está impulsado por Al Haq Europe, Intal Globalize Solidarity, Vrede vzw, 11.11.11 y Progress Lawyers Network. Bajo el lema "No al dinero público para los trenes del apartheid"», la rueda de prensa incluirá una sesión de preguntas y respuestas con los ponentes", exige al Estado belga que retire la adjudicación a CAF para proveer 600 trenes por un valor en torno a los 3.000 millones de euros.
El proyecto del tranvía ligero de Jerusalén constituye, según la ONU y grupos de derechos humanos, "una violación grave del derecho internacional, ya que contribuye a la transferencia ilegal de colonos, la expropiación de tierras palestinas y el fortalecimiento de la ocupación". La ONU ha señalado estas actividades como potenciales crímenes de guerra y apartheid. La concesión de julio ya ha provocado la presentación de apelaciones por parte de los competidores en la licitación, Alstom y Siemens. Se da la circunstancia de que Siemens también está implicada en infraestructuras israelíes conectadas con asentamientos ilegales. Alstom también está vinculada con la red ferroviaria israelí aunque se retiró de algunos de los negocios por la presión popular.
Fomenta la expansión sin fin de los asentamientos ilegales
La Línea Roja, de 13,8 kilómetros y 23 estaciones, fue inaugurada en 2011 y une los asentamientos ilegales de French Hill (en el noreste de Jerusalén), Givat HaMivtar y Pisgat Ze’ev, la colonia más grande de Jerusalén Este, territorio ocupado por Israel tras la guerra de 1967 y anexionado de forma unilateral en 1980. La ampliación de esta línea ha llevado además el tranvía hasta el asentamiento de Neve Yaakov, ubicado también en territorio ocupado.
Por su parte, la Línea Verde, que Israel espera inaugurar en 2026, conectará en el sur el asentamiento de Gilo -donde ya residen unos 30.000 israelíes- con la Universidad Hebrea en el monte Scopus, pasando, entre otros, por el asentamiento de Givat HaMatos, localizado en el territorio ocupado de Jerusalén Este.
Los demandantes exigen que los derechos humanos sean un criterio decisivo en la contratación pública. Los argumentos principales del caso legal son falta de diligencia debida y mala conducta profesional de CAF, pues "su implicación en el tranvía ligero israelí constituye una violación grave del derecho internacional". "SNCB no evaluó adecuadamente esta situación, incumpliendo su obligación de investigar y de excluir a empresas involucradas en crímenes internacionales", establece la causa.
La denuncia recuerda, además, "la obligaciones internacionales de SNCB, que como entidad pública debe respetar las normas internacionales, incluidas las Convenciones de Ginebra, y abstenerse de apoyar actividades que perpetúen el apartheid y la ocupación". "Otorgar el contrato a CAF podría violar los compromisos internacionales de Bélgica. El caso es crucial porque combina intereses económicos masivos con obligaciones de derechos humanos y podría sentar precedentes importantes en la contratación pública", alegan sus impulsores.
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