El tiempo de descuento ha comenzado a correr. Bruselas se juega mucho en octubre. Los agricultores europeos, aún más. El 4 de octubre vence el plazo de prórroga establecido por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró ilegal el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos por incluir al Sáhara Occidental. Pero, mientras las asociaciones de productores de la UE claman por un cumplimiento estricto de la resolución, en Bruselas se llevan a cabo conversaciones discretas con Rabat en busca de un “parche”, como denuncian los agricultores,  que permita mantener el flujo desde Marruecos sorteando el fallo judicial.

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La indignación crece en el campo. Los productores sienten que Bruselas les da la espalda y que, otra vez, las razones geopolíticas pesan más que las agrícolas. “Hay un ocultismo terrorífico con este tema”, denuncia en conversación con El Independiente Andrés Góngora, representante estatal de frutas y hortalizas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). “Nos reconocieron que hay conversaciones con Marruecos, pero se está haciendo de espaldas al sector y al propio Parlamento Europeo. Si intentan salvar el acuerdo, recurriremos ante el tribunal. No nos van a convencer”, advierte.

La maniobra del “consentimiento presunto”

En Bruselas, el plan -trazado en un documento publicado por la presidencia danesa- pasa por “simular que la población saharaui respalda el acuerdo”, denuncian los agricultores. La estrategia, alegan, es acogerse a la sentencia para buscar el “consentimiento presunto” del pueblo saharaui y, con ello, blindar jurídicamente las importaciones. “Es un atajo”, denuncia Góngora. “Intentan hacer ver que el Sáhara se beneficia económicamente de las exportaciones, pero eso no es lo que dice el juez. Si lo hacen, volveremos a demandar”, declara tajante.

Más que sabotear al tribunal, lo que hacen es someterse a Marruecos

La batalla no es solo legal, sino también política. Los Estados miembros con más intereses agrícolas —España o Francia— han expresado su interés en preservar el acuerdo. Según Góngora, no es casualidad: “Más que sabotear al tribunal, lo que hacen es someterse a Marruecos. No quieren problemas con Rabat. Y eso llega hasta el Ministerio de Agricultura”.

Tomates marroquíes en los estantes europeos

Mientras tanto, los supermercados europeos se llenan de tomates procedentes de Marruecos. Según datos recogidos por Africa Intelligence, el gigante agrícola Azura, con sede en Agadir, exportó 180.000 toneladas de tomates a Europa en 2024. Este verano, los productores franceses denunciaron una competencia “desleal” y presionaron a su ministra de Agricultura, Annie Genevard, sin obtener respuesta.

En España, la situación es similar. COAG ha denunciado a Carrefour por vender tomates cherry de Azura sin el etiquetado obligatorio que identifique su origen en el Sáhara Occidental. “Los Estados miembros no están haciendo nada”, lamenta Góngora. “La Comisión trasladó la obligación de vigilar el cumplimiento de la sentencia a los gobiernos nacionales, pero aquí no se aplica. Ni en España ni en Francia”.

Diplomacia silenciosa: París, Rabat y Bruselas

Detrás de la parálisis hay intereses diplomáticos de alto nivel. Marruecos es un socio clave para Bruselas en migración, seguridad y energía. En paralelo, las grandes empresas agrícolas europeas —muchas con capital francés y español— han invertido cientos de millones en invernaderos marroquíes. La sentencia del TJUE ha congelado parte de esas inversiones, creando una inseguridad jurídica que frena la expansión de cultivos en el norte de África, desliza Góngora.

“Si el Parlamento tumba la sentencia, todo se reactiva”, advierte Góngora. “Los inversores europeos volverán a ampliar sus explotaciones en Marruecos, aumentando la presión sobre los agricultores españoles. Hemos conseguido frenar ese crecimiento gracias a la sentencia, pero un nuevo acuerdo lo desharía todo”, esboza preocupado por los movimientos entre bambalinas de los políticos comunitarios.

En junio, representantes de COAG se reunieron en Bruselas con Pierre Bascou, número dos de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, para reclamar que al menos se obligue a etiquetar los productos saharauis. De momento, sin avances.

La tensión ha provocado una movilización inédita entre organizaciones agrarias de toda la UE.  También en junio Eucofel, la asociación europea de frutas y hortalizas, abordó el asunto con el eurodiputado del Reagrupamiento Nacional (RN)  Gilles Pennelle. Se da la circunstancia que la formación de ultraderecha dirigida por Marine Le Pen se ha convertido en una firme defensora de Marruecos en la escena política gala mientras trata supuestamente de sumarse a las reivindicaciones del campo francés.

Pero el calendario aprieta. Si el 4 de octubre no hay acuerdo, la sentencia se aplicará, lo que invalidaría las preferencias arancelarias para Marruecos y encarecería sus exportaciones. Bruselas, sin embargo, busca evitarlo a toda costa.El temor de las organizaciones agrarias es que, como tantas veces, “la diplomacia acabe doblegando a la justicia”. “Llevamos un año denunciando que el acuerdo es ilegal”, resume Góngora. “Pero en Bruselas solo escuchamos un mantra: ‘No podemos enfrentarnos a Marruecos’. Y mientras, los tomates marroquíes siguen llenando los estantes de nuestros supermercados”.

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