La administración Trump impone sanciones contra tres organizaciones palestinas que colaboraron con la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación por presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la medida a través de su cuenta oficial en X, asegurando que las ONG sancionadas “colaboraron con acciones ilegítimas de la CPI contra Israel” y subrayó que Estados Unidos “seguirá protegiendo su soberanía y la de sus aliados frente a los excesos” del tribunal internacional. La medida ha sido celebrada en redes por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar.

Las sanciones alcanzan a Al-Haq, Al-Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), tres de las principales organizaciones palestinas dedicadas a documentar violaciones de derechos humanos. Desde noviembre de 2023, estas entidades han recopilado pruebas sobre bombardeos contra civiles, bloqueos humanitarios y desplazamientos forzados en Gaza y Cisjordania, información que presentaron ante la CPI.

Su trabajo resultó clave para que el tribunal internacional emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos entre octubre de 2023 y mayo de 2024.

Reacción de las ONG: “Un acto cobarde e ilegal”

Las organizaciones sancionadas reaccionaron con dureza en un comunicado conjunto publicado en redes sociales, en el que condenaron “en los términos más enérgicos” la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

“Condenamos en los términos más enérgicos las draconianas sanciones impuestas sobre nuestras organizaciones”, afirman. “Estas medidas, en tiempos de genocidio en curso contra nuestro pueblo, son un acto cobarde, inmoral, ilegal y antidemocrático. Solo Estados con completo desprecio por el derecho internacional y por nuestra humanidad compartida pueden tomar medidas tan atroces contra organizaciones de derechos humanos que trabajan para poner fin a un genocidio”.

Además, acusan a Washington de respaldar la impunidad israelí y de “intentar destruir las instituciones palestinas que luchan por la rendición de cuentas”. Según denuncian, “Mientras el mundo avanza para imponer sanciones y embargos de armas a Israel, su aliado, Estados Unidos, busca acabar con las organizaciones que trabajan incansablemente para lograr justicia para las víctimas de los crímenes de Israel”.

Impacto y contexto internacional

Las sanciones podrían implicar la congelación de fondos y la prohibición de recibir financiamiento proveniente de Estados Unidos, lo que supone un duro golpe para las ONG en un momento crítico de la ofensiva israelí sobre Gaza.

La decisión se produce en un contexto de tensión creciente entre Washington y la CPI. Estados Unidos, que no es miembro del tribunal, ha cuestionado en reiteradas ocasiones su jurisdicción y ha criticado las investigaciones que involucran a países aliados.

Además, la medida coincide con la retirada de visados al presidente palestino, Mahmoud Abbas, y a otras 80 autoridades palestinas, ordenada esta misma semana por el Gobierno de Trump, a pocos días de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.