El alto el fuego, dos años de guerra y más de 67.000 asesinados después, ha abierto una rendija en la Franja de Gaza. Por ella pretende colarse un experimento político de resultado incierto: un comité de quince tecnócratas palestinos —“ya revisados por Israel y aceptados por todas las facciones, incluido Hamás”, según Egipto— que administrará la posguerra en el devastado enclave bajo la tutela de una Junta de la Paz presidida por Donald Trump y con el ex primer ministro británico Tony Blair en la mesa. Su misión inmediata: recomponer la vida diaria de más de dos millones de personas y conducir el tránsito hacia una autoridad palestina “reformada” que, sobre el papel, heredaría el timón más adelante. Sin calendario preciso en el horizonte.
El ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelatty, asegura que el armazón ha comenzado a forjarse: ya están seleccionados los quince funcionarios, sin afiliación pública, que serán desplegados sobre el terreno para gestionar servicios básicos y la reconstrucción, con Israel retirándose a las líneas previas a su última ofensiva -controlando el 53% del territorio- y Hamás fuera de la administración política. “Necesitamos que se ocupen de la vida diaria de la gente”, declaró Abdelatty en declaraciones a AP. El nombre de los quince elegidos no ha sido desvelado aún.
Una hoja de ruta hacia la entrega a la Autoridad Palestina
La Junta de la Paz, presidida por Trump, supervisará fondos y proyectos y pretende blindar un flujo de dinero que —según el propio Trump— no saldrá de Israel, sino de las monarquías del Golfo: Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. La letra pequeña está por escribirse. El equipo negociador dejó “para después” los asuntos espinosos: el desarme de Hamás, la composición de la fuerza temporal de seguridad, el perímetro y mandato de la fuerza temporal, la relación con Israel y el encaje final con la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Washington, Doha, Ankara y El Cairo cargan ahora con la tarea de garantes y redactores de ese anexo crucial.
El plan sitúa a la Junta de la Paz como poder ejecutivo de facto en la primera etapa. La ANP entraría después, si completa reformas y renueva su liderazgo. Ahí asoma el primer bache: la ANP llega asfixiada financieramente, erosionada por años de descrédito y con Mahmud Abás a las puertas de los 90 años. El nombre que muchos veían como puente, Marwan Barghouti, sigue en prisión y no ha sido incluido en el canje. Sin una hoja de ruta interna palestina, la transición corre el riesgo de trabarse.
Mientras las delegaciones posaban para la foto, Gaza seguía contando cadáveres y acarreando escombros. La Cruz Roja asumió la entrega de los restos humanos de los rehenes y los palestinos en poder de Israel bajo el acuerdo de cese de hostilidades y urgió a gestionarlos “con dignidad”, mediante bolsas mortuorias, camiones refrigerados y personal adicional. El Hospital Nasser recibió 45 cuerpos de palestinos fallecidos bajo custodia israelí; 450 deberían regresar en total. Israel, por su parte, identificó a dos de los rehenes devueltos sin vida —Guy Illouz y Bipin Joshi—, mientras las últimas 20 personas vivas secuestradas fueron liberadas a cambio de 1.808 presos y detenidos palestinos. Hasta última hora de este martes, Hamás ha enviado a Israel 8 de los 28 cuerpos.
Rafah sigue cerrado
En la frontera de Rafah, Israel mantendrá el paso cerrado al menos hasta el miércoles y restringirá la entrada de suministros, sin combustible ni gas, alegando el incumplimiento de Hamás en la devolución de restos, una tarea que las partes en liza -incluido Estados Unidos- sabían compleja tras dos años de devastación. “Los veinte rehenes han regresado y se sienten tan bien como cabría esperar. Se ha quitado un gran peso de encima, pero el trabajo no ha terminado. ¡Los muertos no han regresado, como se prometió! ¡La Fase Dos comienza ahora mismo!”, lanzó Donald Trump desde su red Truth Social.
Sobre el terreno, las agencias humanitarias lo resumieron sin eufemismos: “el esperado aluvión de ayuda no ha comenzado”. El Programa Mundial de Alimentos reactivó diez panaderías en el centro y sur de la Franja —para medio millón de personas con pan, aún insuficiente— y aspira a alcanzar dos docenas para cubrir las necesidades mínimas.
En Ciudad de Gaza , las excavadoras se abrieron paso por las principales calles para retirar los escombros, abrir veinte avenidas y permitir el retorno de desplazados. “No tenemos repuestos ni materiales para pozos de agua”, admitió el alcalde Yahia al Sarraj.
Las cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dibujan la escala del desastre: 55 millones de toneladas de escombros, el equivalente a trece pirámides de Giza o una capa de doce metros sobre todo Central Park, y una cuenta de 70.000 millones de dólares para reconstruir, de los cuales 20.000 millones deberían invertirse en los próximos tres años para que la vida sea mínimamente viable. La ONU reconoce que el proceso llevará décadas y dependerá de donantes y, más adelante, del sector privado. Todo ello con dos riesgos latentes: cadáveres bajo los cascotes y artefactos sin explotar.
La foto de Sharm el Sheij reunió a aliados y detractores de Trump. El canciller alemán Friedrich Merz habló de que “lo difícil empieza ahora”. Recep Tayyip Erdogan avisó: no es un acuerdo de paz, sino un marco de cese el fuego; sin un Estado palestino, nada será estable. Desde Madrid, Pedro Sánchez reclamó responsabilidades por la destrucción en Gaza y recordó las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional. Los reconocimientos de Palestina en Europa y la presión callejera han aislado a Israel, un aislamiento que el propio Trump admite como motor de su plan. La duda es si mantendrá la presión sobre Benjamin Netanyahu para pasar del papel a los hechos.
Las dudas sobre la implementación del plan
Los especialistas consultados por El Independiente pintan un horizonte duro. Para el historiador James Gelvin, el acuerdo difícilmente se implementará: obliga a Hamás a desarmarse, aceptar no gobernar, cohabitar con fuerzas israelíes durante un tiempo y ceder poder a la ANP; exige a Netanyahu renunciar a la promesa de “destruir Hamás”, aceptar una fuerza internacional, permitir a una ANP reformada volver a gobernar Gaza y contener a una extrema derecha que sueña con reimplantar asentamientos. Si el gabinete cae, Netanyahu se enfrenta, además, a su causa por corrupción. “No hay ninguna posibilidad de que el Plan Trump ponga fin al conflicto. Solo un Estado palestino puede hacerlo”, resume Gelvin.
Para Muhannad Ayyash, los primeros pasos anticipan un guion conocido: “Israel intentará debilitar la voluntad del pueblo palestino de permanecer en su tierra y luchar por sus derechos inalienables, lo que significa restringir y ralentizar la reconstrucción de Gaza, oprimiendo al pueblo palestino económica y espacialmente para que sus sueños de liberación y retorno a toda Palestina se vean frustrados de una vez por todas”. “Espero que esta estrategia no funcione y que acabemos volviendo al statu quo anterior a la campaña genocida que comenzó en 2023: Israel seguirá luchando por eliminar las aspiraciones palestinas de libertad y liberación con el objetivo final de crear un Gran Israel con soberanía judía israelí exclusiva desde el río hasta el mar, y el pueblo palestino se negará a permitir que Israel alcance este objetivo, ya que significaría su total aniquilación y destrucción”, arguye. “Mientras esta base fundamental no cambie, nunca habrá justicia, paz, estabilidad ni seguridad”.
Israel intentará debilitar la voluntad del pueblo palestino de permanecer en su tierra
A los tecnócratas —ingenieros, gestores, sanitarios, expertos en agua y energía— que asuman la tarea se les exigirá restaurar agua, electricidad, sanidad y escuelas con pasos fronterizos cerrados, combustible racionado y financiación condicionada por una mesa política en la que no se sientan. En lo inmediato, el reto pasa por consolidar el alto el fuego y entregar los cadáveres pendientes con protocolos dignos y verificables; abrir todos los cruces a ayuda humanitaria sostenida; retomar el flujo de combustible para agua, hospitales y escombros; y poner en marcha un plan de choque de noventa días centrado en hospitales, agua, saneamiento, panaderías y refugios.
A medio plazo, el éxito dependerá de la transparencia y rendición de cuentas sobre contratos y fondos; la integración gradual de funcionarios locales y municipios; la creación de un puente político hacia una ANP renovada y unas elecciones verificables; y de las garantías internacionales que impidan la reanudación de la guerra.
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