Arabia Saudí ha alcanzado en 2025 la cifra más alta de ejecuciones documentadas desde que existen registros, con al menos 347 personas ajusticiadas, según ha denunciado la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí con sede en el exilio. El dato supone un nuevo récord histórico y supera en dos ejecuciones el registrado en 2024, que hasta ahora era el año más letal en la aplicación de la pena capital en el país.

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De acuerdo con el recuento de la organización, los delitos relacionados con las drogas han concentrado la mayoría de las ejecuciones: 238 casos, lo que representa el 69% del total. La cifra también ha aumentado respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 222 ejecuciones por este tipo de delitos.

La ONG ha subrayado de forma particular el “aumento sin precedentes” de las ejecuciones vinculadas específicamente al cannabis. En 2025, al menos 97 personas han sido ejecutadas únicamente por delitos relacionados con esta sustancia, frente a las 15 registradas en 2024.

Una política antidroga sin concesiones

Este incremento se produce en un contexto de endurecimiento de la política antidroga en Arabia Saudí, donde las autoridades consideran el narcotráfico uno de los principales problemas de seguridad. El país es visto tanto como un mercado de alto poder adquisitivo como un enclave estratégico por su ubicación geográfica, lo que lo convierte en objetivo de las redes de tráfico internacional.

La legislación saudí prevé para el contrabando de estupefacientes el “castigo más severo”, que puede llegar a la pena de muerte. La ley define como contrabandista no solo a quien introduce drogas desde el extranjero, sino también a quien las recibe y las distribuye. No obstante, establece una diferencia entre quienes cometen el delito por primera vez y los reincidentes: en el primer caso, las penas pueden incluir prisión, azotes o multas; en el segundo, el castigo puede escalar hasta la ejecución.

En noviembre de 2022, las autoridades saudíes reanudaron las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas tras casi tres años de suspensión, revirtiendo de facto la moratoria anunciada en 2021 por la Comisión Saudí de Derechos Humanos.

Un 57% de extranjeros

La ESOHR también ha alertado sobre lo que califica como “duras prácticas” en la aplicación de la pena capital. Según sus datos, los extranjeros han representado el 57% de los ejecutados este año —202 personas—, y el 94% de ellos fueron condenados por delitos de drogas. La organización ha denunciado asimismo la ejecución de dos personas detenidas por crímenes cometidos cuando aún eran menores de edad.

La ONG recuerda que el príncipe heredero y líder de facto del país, Mohamed bin Salmán, afirmó en 2018 que su objetivo era reducir de forma significativa el número de ejecuciones. Sin embargo, considera que la evolución de las cifras contradice ese compromiso.

En su comunicado, la organización advierte de que los datos disponibles podrían no reflejar el número real de ejecuciones, debido a la “falta de transparencia” y a la posibilidad de que algunas sentencias se lleven a cabo sin previo aviso. También denuncia prácticas como la tortura durante la detención o la negación a las familias del derecho a despedirse de los condenados y a recuperar los cuerpos para su entierro.

Aunque el Ministerio del Interior saudí suele informar de la mayoría de las ejecuciones mediante comunicados oficiales, la ONG sostiene que no todos los casos se hacen públicos. A su juicio, el nuevo récord “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos”, sino que confirma el uso persistente de la pena de muerte como instrumento punitivo que afecta de forma desproporcionada a los colectivos más vulnerables, en contradicción con los compromisos anunciados por el país en los últimos años.

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