La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intentado eliminar o distorsionar registros oficiales sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según una investigación de la Radio Nacional Pública (NPR). Un trabajo periodístico que se ha hecho público este martes, coincidiendo con el quinto aniversario de aquel episodio, en el que una turba de seguidores del entonces mandatario en funciones que irrumpió en el Congreso para tratar de impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

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De acuerdo con la investigación, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 se han detectado intentos de borrar referencias oficiales a los hechos en los expedientes de más de 1.500 participantes en el asalto que han sido indultados por el presidente. Entre ellos figuran condenados por conspiración sediciosa y personas señaladas por atacar y agredir a agentes del orden.

Según NPR –que ha sufrido recortes de financiación pública en el marco de la ofensiva del Ejecutivo contra determinados medios–, el Departamento de Justicia ha eliminado de documentos oficiales términos como “disturbios” o “motín” para referirse a lo ocurrido el 6 de enero, y ha despedido a decenas de fiscales que participaron en los procesos judiciales derivados de aquellos hechos.

Una turba de "grandes patriotas"

El presidente y miembros de su gabinete han presentado en cambio a los implicados como “grandes patriotas” que fueron “asaltados por el Gobierno”, y han evitado calificarlos de “insurrectos”, una denominación empleada por la Administración demócrata anterior.

El propio Trump fue imputado en un caso federal por intentar subvertir la certificación de los resultados electorales de 2020, una causa que fue desestimada tras su victoria en las elecciones de 2024.

Con el objetivo de preservar la memoria de lo sucedido, NPR ha reunido una base de datos consultable con más de 1.500 archivos judiciales, vídeos y testimonios, organizada en una cronología detallada de los hechos. El material documenta cientos de agresiones a agentes de la Policía del Capitolio y de Washington, incluidos golpes con objetos contundentes, aplastamientos, empujones y el uso de aerosoles químicos.

Cinco muertos y cuatro suicidios

Según el grupo de derechos civiles CREW, más de una treintena de los indultados han sido detenidos de nuevo por otros delitos, que incluyen abuso sexual a menores, posesión de pornografía infantil, tenencia ilegal de armas, desórdenes públicos, allanamiento de morada y amenazas contra la vida de figuras públicas, entre ellas el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

El ataque al Capitolio se produjo después de que Trump, en un mitin celebrado cerca de la Casa Blanca, instara a sus seguidores a marchar hacia el Congreso y a “luchar con todas sus fuerzas”.

En las primeras 36 horas posteriores a los disturbios murieron cinco personas: Ashli Babbitt, una manifestante abatida por la Policía dentro del Capitolio; otros tres participantes que fallecieron por emergencias médicas durante los hechos; y el agente Brian Sicknick, que murió tras sufrir dos derrames cerebrales después de enfrentarse a la multitud. En el recuento se incluyen también otros cuatro agentes que se suicidaron en los meses posteriores.

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