La agónica espera a las puertas de las cárceles en Venezuela: “Se ha liberado a menos del 1% de los presos políticos”

A las puertas de las cárceles venezolanas, la espera se ha convertido en una vigilia interminable. Familias enteras pasan la noche a la intemperie, en el suelo, dentro de automóviles o sobre cartones improvisados, aferradas a un anuncio oficial que el jueves prometía excarcelaciones, pero que, hasta ahora, apenas se ha traducido en hechos. En muchos penales, los funcionarios aseguran no haber recibido órdenes. En otros, alegan la inexistencia de boletas de liberación. La expectativa inicial ha dado paso a una nueva frustración.

Según las organizaciones de derechos humanos consultadas por El Independiente, tan solo 13 personas han sido excarceladas desde el anuncio del jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy. Frente a un número total que supera el millar de presos políticos, el balance es desolador. “Estamos hablando de menos del 1% del total”, admite en conversación con El Independiente Carolina Jiménez, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización centrada en la defensa de los derechos humanos y la democracia en América Latina. “Mientras tanto, el aparato represivo sigue intacto”, desliza. “Siguen operando grupos armados irregulares conocidos como los colectivos y los principales mandos a cargo de los sistemas formales de represión están en su lugar. El sistema formal e informal de represión no ha sido desmantelado”.

Siguen operando grupos armados irregulares conocidos como los colectivos y los principales mandos a cargo de los sistemas formales de represión están en su lugar

Justo cuando se cumple una semana de la 'captura' de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense y su traslado a Nueva York, la esperanza por las liberaciones de presos políticos convive con una aparato represor que sigue en pie. Desde la entrada en vigor del decreto de estado de conmoción, las fuerzas de seguridad han multiplicado los puntos de control en distintas ciudades del país. En ellos, civiles armados y funcionarios policiales detienen vehículos, suben a autobuses de transporte público y obligan a los pasajeros a entregar sus teléfonos móviles. “Revisan WhatsApp, las galerías, el historial de mensajes. Buscan palabras como ‘Maduro’, ‘Trump’, ‘invasión’”, explica Gabriela Buada, directora de Caleidoscopio Humano. A última hora de este viernes, desde El Helicoide salía la duodécima liberada: Aracelis Del Carmen Balza Ramírez.

Entre el 5 y el 6 de enero, su organización documentó al menos seis retenciones en puntos de control en Caracas, Miranda, La Guaira, Guayana y Barquisimeto. Las personas fueron retenidas entre una y tres horas. En dos casos, los agentes exigieron dinero a cambio de dejarlos ir. “Las personas son liberadas después de unas horas; no tenemos detenciones prolongadas, los retienen tres horas, les revisan el teléfono; y las retienen entre una hora y tres horas. No se identifica una policía específica, sino civiles armados, vestidos de negro, muy parecidos a los policías, y en dos casos de los seis que documentamos, fueron policía nacional bolivariana y hubo situación de extorsión, les pedían dinero para soltarlos; evidentemente la gente pagaba”, detalla Buada.

Controles aleatorios

Las detenciones no se limitan a controles aleatorios. En el estado Zulia, dos personas de más de 60 años fueron arrestadas por presuntamente celebrar la captura de Nicolás Maduro. En Mérida, Barcelona y Puerto La Cruz, al menos cinco ciudadanos siguen detenidos por hechos similares, de acuerdo con el monitoreo de ONG locales. “Celebrar, comentar o incluso callar puede convertirse en motivo de detención”, resume Buada.

El periodismo tampoco ha escapado a la ofensiva. El 5 de enero, catorce periodistas fueron detenidos mientras cubrían la instalación de la Asamblea Nacional. Aunque fueron liberados horas después, varios denunciaron agresiones, prohibición de grabar y amenazas. Dos corresponsales extranjeros que intentaron ingresar al país por la frontera con Cúcuta fueron retenidos durante más de diez horas, sometidos a interrogatorios intimidatorios, despojados de su material de trabajo y finalmente deportados. Para las ONG, se trató de un caso claro de tortura psicológica. “En Venezuela hay 22 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos por hacer su trabajo y por pensar distinto. Exigimos su liberación y el fin de toda forma de persecución, censura y criminalización del periodismo”, denuncian desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.

Carolina Jiménez advierte que estos hechos no son episodios aislados, sino la consecuencia directa de un marco legal que legitima la represión. “Se ha reforzado con un decreto de conmoción que permite detenciones arbitrarias bajo criterios completamente discrecionales”, explica. A su juicio, mientras no se desmonten las estructuras de poder y las leyes que las amparan, cualquier excarcelación será reversible. “Por eso hablamos de excarcelaciones y no de liberaciones plenas. Los expedientes siguen abiertos y las personas pueden volver a prisión en cualquier momento”, advierte.

Los expedientes siguen abiertos y las personas pueden volver a prisión en cualquier momento

El impacto psicológico de esta dinámica se percibe dentro y fuera de los centros de reclusión. Familiares consultados por la agencia Efe relataron cómo los presos desconocían por completo el anuncio de excarcelaciones. Cuando se enteraron, los gritos de alegría recorrieron los pabellones, seguidos de un silencio cargado de incertidumbre. Afuera, madres y esposas dormían en el suelo, a la espera de un nombre que no llegó.

Las cifras confirman la desproporción. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza 1.011 presos políticos y ha verificado solo 13 excarcelaciones. El Foro Penal, por su parte, registra 863 detenidos por motivos políticos, 86 de ellos con nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denuncia “indiferencia institucional” y el uso del silencio como forma de tortura psicológica contra las familias.

La liberación de presos políticos sigue siendo marginal

“No se ha producido ninguna excarcelación en un centro penitenciario de mujeres. El adolescente sentenciado hace un mes a 10 años de prisión luego de las protestas postelectorales sigue preso. Ayer hablamos con una de sus familiares y no tienen información alguna; no los llaman. Estamos esperando que hoy se lleven a cabo algunas excarcelaciones; sin embargo, todo es incierto”, esboza Buada.

Para Rafael Uzcátegui -histórico activista de derechos humanos, hoy exiliado en México- el mensaje es claro: “No hay una ruta definida hacia la transición democrática. Se anuncian inversiones, se habla de recuperación económica, pero la liberación de presos políticos sigue siendo marginal”. A ello se suma, advierte, “una presencia cada vez más visible de grupos paramilitares y nuevas detenciones amparadas en el estado de conmoción”.

La espera frente a las cárceles se convierte en el símbolo más descarnado de la Venezuela actual: promesas oficiales sin calendario, excarcelaciones mínimas, calles vigiladas y una población que ha aprendido a medir cada palabra. “Mientras no se libere a todas las personas presas políticas de forma plena e incondicional, no podemos hablar de cambios reales”, insiste Carolina Jiménez. De momento, la libertad sigue siendo una excepción estadística y la represión, la norma cotidiana. “Venezuela es un país inmerso en una crisis de derechos humanos bastante profunda. Entonces mejorar esa situación de la noche a la mañana es muy difícil”, concluye.