Recién llegado a Nicaragua, el embajador español Sergio Farré se ha visto forzado a hacer las maletas. Sin explicaciones públicas el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha expulsado al embajador español en Managua. Había sido designado en diciembre pasado. El Gobierno español ha aplicado la "estricta reciprocidad": el embajador Mauricio Carlo Gelli ha tenido que dejar la legación nicaragüense en Madrid.

La expulsión del embajador nicaragüense se ordenó este domingo y afecta también a "otro diplomático acreditado en la Embajada de Nicaragua en Madrid". Se aplica "en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión" tanto del embajador como del titular de "la segunda jefatura de España en Nicaragua", según informaron fuentes diplomáticas a Europa Press.

Un país sin garantías básicas

Daniel Ortega fue reelegido por cuarta vez en noviembre de 2021, en unos comicios cuestionados por la comunidad internacional. España no reconoció su victoria. Numerosos organismos internacionales denuncian desde hace años graves violaciones de derechos humanos en el país. La ONU ha advertido de que las garantías básicas y fundamentales se han eliminado en el régimen de Ortega y Murillo.

Sergio Farré, diplomático de carrera desde 2005, fue nombrado en Consejo de Ministros el pasado 2 de diciembre. Presentó copias de estilo, paso previo a la presentación de cartas credenciales para poder ejercer como representante de España, el 2 de enero ante la Cancillería nicaragüense.

Marco Carlo Gelli presentó cartas credenciales al Rey Felipe VI en mayo de 2023. Estuvo el viernes pasado en la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España que ofrece cada año el monarca en el Palacio Real. El diplomático nicaragüense ya está fuera de España, según ha informado la agencia Efe. "Cada país es soberano y toma sus decisiones", dijo el embajador en su escala en Roma rumbo a Managua.

Tensiones constantes

Las tensiones entre ambos países han sido constantes en los últimos años. En 2021 el régimen de Daniel Ortega denunció "la continua intromisión" de España en los asuntos internos de Nicaragua. En respuesta, el Gobierno español llamó a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, y rechazó de forma "tajante" las acusaciones del Gobierno nicaragüense.

Posteriormente, en 2023, el Gobierno de Nicaragua expulsó y despojó de su nacionalidad a centenares de diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes. España ofreció la nacionalidad española a todos ellos, además de a otros opositores aún encarcelados en Nicaragua.

En marzo del año pasado, el Congreso español aprobó una proposición no de ley, apoyada por los principales partidos del Gobierno y de la oposición, para condenar la "sistemática" violación de derechos humanos en Nicaragua, exigir el cese inmediato de la represión e impulsar en la UE el aumento de sanciones contra el régimen nicaragüense.