Diosdado Cabello contemplaba este viernes con el rostro sombrío a Delcy Rodríguez, presidenta encargada desde la captura de Maduro, cuando anunció que iba a presentar la ley de amnistía general. Cabello es ministro del Interior, Justicia y Paz. Está a cargo de todos los cuerpos represivos del chavismo. Si realmente la ley de amnistía es tal, sería el fin de un arma utilizada por Cabello para sembrar el miedo entre los ciudadanos. El mayor riesgo, según apuntan las ONG de ayuda a los presos, y numerosos activistas y opositores es que se consienta la impunidad de los perpetradores.

Recordemos que Diosdado Cabello es quien desde su programa Con el Mazo dando señalaba con el dedo a quienes consideraba enemigos del régimen hasta hace unas semanas. Si pronunciaba tu nombre, tenías que echarte a temblar y confundirte con las sombras una temporada. Ahora ve cómo Delcy Rodríguez y su hermano Jorge van cumpliendo punto por punto con las demandas de la Administración Trump. Esta pasada semana se aprobó la ley de hidrocarburos, que termina con la nacionalización chavista de la explotación del crudo. Trump anunció que se abría el espacio aéreo poco después. Este sábado ha llegado a Caracas Laura Dogu, quien reabrirá la embajada en Caracas. Trump y Rubio tendrán ya representante sobre el terreno. Más ojos.

El camino hacia la transición está encauzado. Así lo explicó Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, ante el Senado el pasado miércoles. Dejó claro Rubio que se mantienen los compañeros de filas de Maduro al mando porque están obedeciendo.

Reconoció que las excarcelaciones iban lentas y por eso tanto los opositores como las ONG de ayuda a los presos han recibido con esperanza la anunciada ley de amnistía. De forma implícita, el delcynismo reconoce que hay presos políticos en Venezuela. Hasta ahora lo habían negado. Los acusaban de terrorismo o de lo que sea.

Condiciones de la ley de amnistía

Sin embargo, urge que la ley reúna una serie de condiciones. El cofundador de Foro Penal, Alfredo Romero, ha dicho en su cuenta de X que confían, en primer lugar, en que "avance el proceso de liberación de los más de 700 presos políticos que siguen en las cárceles venezolanas, sin que quede supeditado a la aprobación de la Ley de Amnistía". Destaca que consideran "indispensable que esta amnistía tenga un alcance claro y excluya las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad". De hecho, el artículo 29 de la Constitución lo prohíbe, así que se trataría de cumplir con la ley.

En un comunicado de la ONG dan más detalles. Apuntan que habría que contar con la participación de la sociedad civil, las ONG de derechos humanos y las víctimas de la represión. Señalan que la propuesta también "debe garantizar la 'no repetición' para asegurar que las violaciones de derechos humanos que le dieron origen no vuelvan a ocurrir". Foro Penal incluso ha redactado un borrador de anteproyecto de ley para que pueda ser debatido.

Justicia, Encuentro y Perdón subraya que "la mayoría de las personas privadas de libertad por razones políticas no cometieron delitos, sino que fueron criminalizadas por ejercer derechos fundamentales. En estos casos, lo que corresponde no es el perdón de hechos en los que jamás participaron, sino el reconocimiento de su inocencia, el cierre definitivo de causas penales arbitrarias y la restitución plena de derechos. Es el Estado quien debe reconocer su responsabilidad, ofrecer disculpas públicas y asumir su obligación de reparación integral por los daños causados".

En todo caso, la ley de amnistía se trata en la Asamblea Nacional madurista la semana que viene. Será un arranque. Y no es un punto y final. Los testimonios de las víctimas servirán para saber realmente todo lo que ha pasado en estos 26 años de chavismo.