Qué es la RASD y por qué Marruecos quiere su final medio siglo después

Medio siglo después de que España arriara su bandera en El Aaiún y Marruecos lanzara la Marcha Verde, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) sigue siendo el núcleo institucional de la aspiración del pueblo saharaui de completar la descolonización y consumar la independencia. Es, al mismo tiempo, el principal obstáculo político para la tesis marroquí de la “marroquinidad” irreversible de la ex colonia española, la última colonia de África. En plena reactivación de la resolución del conflicto por Estados Unidos, la RASD vuelve a situarse en el centro del tablero.

Qué es la RASD y cómo nació

La RASD fue proclamada el 27 de febrero de 1976 por el Frente Polisario, apenas un día después de que España culminara su retirada formal del Sáhara Occidental. La proclamación se produjo en Bir Lehlu, en los territorios liberados, como respuesta directa a los Acuerdos de Madrid de noviembre de 1975, por los que España transfirió la administración —no la soberanía, según subrayaría años después la ONU— a Marruecos y Mauritania. "En nombre de Dios, izamos hoy la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática", proclamó entonces El Luali Mustafa Sayed, el primer presidente de la RASD caído en combate en junio de 1976 en Mauritania.

El contexto es el de una descolonización inconclusa. El Sáhara Occidental figuraba desde 1965 en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. El dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de 1975 descartó la existencia de vínculos de soberanía territorial entre el territorio y Marruecos que invalidaran el derecho de autodeterminación. Pese a ello, la Marcha Verde y la posterior ofensiva militar marroquí precipitaron el éxodo de decenas de miles de saharauis hacia Tinduf (Argelia) en un éxodo firmado en medio de bombardeos de napalm y fósforo blanco.

En ese vacío de poder y en plena guerra (1975-1991), el Polisario dio el paso de constituir un Estado en el exilio. La RASD no fue solo una declaración simbólica, sino la construcción de una arquitectura institucional paralela en los campamentos de refugiados. Como subraya Tomás Bárbulo en La historia prohibida del Sáhara español, el conflicto saharaui no es únicamente una disputa territorial, sino el resultado de una descolonización mal cerrada que dejó a una población convertida en rehén geopolítico.

Desde entonces, la RASD se presenta como el sujeto político que encarna la soberanía del pueblo saharaui frente a la ocupación marroquí de la mayor parte del territorio y frente a una comunidad internacional que ha sido incapaz de celebrar el referéndum prometido por la MINURSO.

Cuál es su estructura

La RASD funciona con una estructura estatal clásica, aunque asentada en el exilio. Su organización institucional incluye: un presidente de la República, que es al mismo tiempo secretario general del Frente Polisario, en la actualidad Brahim Ghali; un Gobierno o Consejo de Ministros; un Parlamento, el Consejo Nacional Saharaui; un poder judicial formalmente establecido; y divisiones administrativas en “wilayas” (provincias), que reproducen la geografía del Sáhara Occidental ocupado.

En la práctica, el Frente Polisario actúa como columna vertebral del sistema político. No existe pluralismo partidista al estilo occidental: el Polisario es el movimiento de liberación nacional y, a la vez, la fuerza dirigente del Estado proclamado. La administración cotidiana se despliega en los campamentos de Tinduf, donde viven decenas de miles de refugiados y donde se gestionan educación, sanidad, ayuda humanitaria y relaciones exteriores.

“La constitución de un Estado libre, independiente y soberano, gobernado por un sistema nacional democrático, de tendencia unionista, de confesión islámica, progresista, que adquiere como forma de régimen la de la República Árabe Saharaui Democrática. De acuerdo con su doctrina, orientación y línea, este Estado árabe, africano y no alineado”, establece su carta de fundación.

La RASD ha logrado consolidar una institucionalidad resistente pese a las durísimas circunstancias del exilio y la dependencia de la ayuda internacional. Esa persistencia institucional es, precisamente, uno de los factores que incomodan a Rabat: la RASD convierte el conflicto en una cuestión de Estado frente a Estado y recuerda la naturaleza de una ocupación ilegal ante el derecho internacional.

Quiénes la reconocen como Estado

La RASD ha sido reconocida por más de 80 países a lo largo de las últimas décadas, aunque el número efectivo fluctúa por suspensiones o congelaciones de reconocimiento. La última congelación, esta misma semana, ha sido Bolivia. Su mayor respaldo institucional llegó en 1984, cuando fue admitida como miembro de pleno derecho de la entonces Organización para la Unidad Africana (OUA), hoy Unión Africana (UA). Marruecos abandonó la organización en protesta y no regresó hasta 2017, cuando optó por volver a la UA aun compartiendo asiento con la RASD.

En África y América Latina se concentran la mayoría de reconocimientos. En cambio, ningún país de la Unión Europea reconoce a la RASD como Estado. En 2020, la administración Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en el marco de los Acuerdos de Abraham, un giro que reforzó la posición diplomática de Rabat y debilitó la aspiración de la RASD a ampliar su legitimidad internacional.

Para Marruecos, la existencia de la RASD y su asiento en la Unión Africana constituyen una anomalía estratégica: su mera presencia en foros internacionales contradice la narrativa de que el Sáhara es una “cuestión cerrada” bajo soberanía marroquí.

En qué situación se encuentra en plenas negociaciones con Trump

El actual contexto diplomático está marcado por la tentativa de Washington de reactivar un proceso político bajo el paraguas de la ONU, tras años de estancamiento. La clave es que Estados Unidos y Francia son los únicos miembros permanentes del Consejo de Seguridad que han reconocido formalmente la soberanía marroquí, aunque la implementación práctica de ese reconocimiento ha sido matizada.

Para la RASD y el Polisario, la etapa Trump supuso un golpe diplomático severo: rompía el consenso internacional tradicional basado en el derecho de autodeterminación y en la neutralidad formal de las grandes potencias. Desde entonces, el Polisario ha insistido en que cualquier solución debe incluir un referéndum con opción de independencia, mientras Marruecos ofrece una autonomía bajo soberanía marroquí como “única base realista”.

En este escenario, la RASD se enfrenta a un doble desafío: mantener su reconocimiento internacional y su legitimidad como sujeto estatal y evitar que el proceso negociador derive hacia una fórmula de autonomía que diluya su condición de Estado proclamado. De hecho, la propuesta de autonomía ampliada por Rabat plantea una amplia descentralización administrativa bajo soberanía de Rabat, reservando al Estado competencias estratégicas como defensa, política exterior o emisión de moneda.

Entre los puntos más controvertidos figura el sistema de investidura del presidente regional por parte del monarca y el papel de las autoridades centrales. Sigue siendo un incógnita cómo una monarquía absoluta y centralizada, con una vasta persecución de las libertades públicas y las minorías, podría a nivel práctico conceder una autonomía plena y satisfactoria.

La propuesta incide en un sistema como el actual que garantiza que el majzén será el encargado de designar a gobernantes leales. Así, el hipotético Parlamento regional estaría integrado no solo por diputados elegidos por sufragio universal sino también por delegados de las tribus saharauis. Tampoco se permite el empleo por parte de las autoridades saharauis de banderas o escudos propios.

Para la monarquía de Mohamed VI, el objetivo estratégico es precisamente el contrario: reducir la RASD a una entidad simbólica, vaciarla de apoyos diplomáticos y convertir el conflicto en un asunto estrictamente interno. Medio siglo después de su proclamación, la RASD sigue siendo el principal dique jurídico y político frente a la consolidación definitiva de la soberanía marroquí sobre el territorio. Por eso Marruecos quiere su final. Porque mientras exista la RASD —con bandera, gobierno, representación exterior y asiento en la Unión Africana— el Sáhara Occidental seguirá siendo, a ojos del derecho internacional, un territorio pendiente de descolonización.