El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares optó este jueves por enviar en inglés al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Bonilla y los alcaldes de la comarca el texto íntegro del acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea y el Reino Unido, un tratado de más de mil páginas que redefine la relación del Peñón con el espacio Schengen y el mercado único tras el Brexit. Una ausencia de traducción que está complicando la lectura y la evaluación de los alcaldes del Campo de Gibraltar.

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Así lo ha denunciado este vienes en Radio Nacional de España el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco. El regidor ha reconocido que el envío del documento en inglés -con temas tan sensibles y espinosos como la fiscalidad y su efecto en el territorio español colindante- está complicando su análisis.

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Franco ya criticó este jueves las formas en las que se había producido la comunicación del acuerdo por parte del ministerio de Exteriores que preside el socialista José Manuel Albares. En rueda de prensa, Franco reconoció que mientras el Gobierno gibraltareño manejaba datos “puntuales” y fijaba postura con rapidez, el Ayuntamiento se enteró de novedades “por mensajes de WhatsApp”, algo que calificó de “extraño”. “A las 11 de la mañana nos ha llegado la comunicación oficial por parte del Ministerio con el enlace”, explicó, deslizando la sensación de ir siempre un paso por detrás.

Ya ayer denunció la dificultad que entraña trabajar con documentación “en inglés”. “Hemos tenido que utilizar hasta herramientas de inteligencia artificial porque es materialmente imposible desde las 8 de la mañana… hacer un estudio serio”, afirmó, y avisó de que “una palabra” puede cambiar interpretaciones enteras, citando el ejemplo del debate sobre “uso conjunto” o “compartido” del aeropuerto. “El Gobierno británico evidentemente pelea más por los suyos que el nuestro por nosotros”, recriminó Franco.

Por su parte, el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce se ha sumado a las críticas. En la misma línea, Landaluce criticó la gestión de la publicación al afirmar que el documento se ha recibido redactado en inglés sin traducción inmediata, llamándolo un “documento netamente técnico jurídico de más de 1.000 páginas y redactado en inglés” que, en su opinión, “hace imposible conocer de inmediato cómo va a repercutir en nuestras relaciones y en la vida diaria de nuestros vecinos”.

El alcalde algecireño afirmó además que el envío al mismo tiempo que se publica en la web oficial del Ministerio no puede considerarse “deferencia” hacia los representantes municipales: “No podemos considerarlo como deferencia alguna hacia los alcaldes del Campo de Gibraltar”.

Dudas y recelos a lo pactado

Las primeras horas tras la recepción del tratado sobre Gibraltar —remitido íntegramente en inglés y con un marcado carácter técnico-jurídico— han dejado al descubierto no solo malestar institucional sino también dudas de fondo por parte de los alcaldes de la comarca, especialmente de José Ignacio Landaluce y Juan Franco, que han cuestionado tanto el contenido como el impacto real del acuerdo en el Campo de Gibraltar.

En el caso de Landaluce, el alcalde de Algeciras subrayó que resulta “absolutamente inconcebible” que los alcaldes no hayan recibido una explicación detallada previa, insistiendo en que “lo que está en juego es el presente y el futuro de 300.000 campogibraltareños”. Su duda principal no es solo formal, sino sustantiva: qué garantías concretas ofrece el tratado para el empleo, la competitividad portuaria y el equilibrio fiscal en la comarca.

Más explícitas han sido las reservas expresadas por Juan Franco desde La Línea. En rueda de prensa municipal tras analizar el texto, advirtió de las consecuencias sociales a medio plazo si no se corrigen determinados desequilibrios. “La Línea no puede asumir sola los costes de esta transformación”, afirmó, reclamando compensaciones económicas y un papel directo en los órganos de seguimiento del acuerdo. Pero la advertencia más significativa fue de carácter demográfico y social: “Nos vamos a encontrar dentro de quince o veinte años con una población de diez mil jubilados pobres” si no se garantiza una convergencia real en derechos laborales y cotizaciones para los trabajadores transfronterizos.

Esa preocupación enlaza con una de las grandes incógnitas que ambos alcaldes deslizan: qué ocurrirá con las pensiones futuras de quienes han trabajado durante años en Gibraltar bajo marcos fiscales y de cotización distintos. Franco insiste en que no aceptará decisiones sin participación directa del municipio y fue tajante al señalar: “No vamos a consentir que se tome ninguna decisión que afecte a nuestra ciudad sin contar con nuestra ciudad”.

Fiscalidad

Desde la Junta de Andalucía, su presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, ha expresado en las últimas horas un respaldo prudente al tratado sobre Gibraltar, aunque acompañado de dudas relevantes. En declaraciones a medios regionales, ha reconocido que el acuerdo “puede suponer una mejora para la calidad de vida de los ciudadanos del Campo de Gibraltar”, pero ha matizado que “echamos un poquito de menos una participación más activa por parte de los alcaldes de la zona y también de la propia Junta de Andalucía”. Su primera reserva, por tanto, es institucional: cuestiona que las administraciones directamente afectadas hayan tenido un papel suficiente en la negociación y definición del texto.

Moreno también ha puesto el foco en la dimensión económica y fiscal, advirtiendo de la necesidad de eliminar “esa verja invisible que es la diferencia de renta entre los ciudadanos del Campo de Gibraltar y Gibraltar”. Ha reclamado que el Peñón adapte su fiscalidad a estándares equiparables a los de la Unión Europea para evitar desequilibrios estructurales y competencia desleal. Aunque ha valorado positivamente aspectos como la cooperación en controles fronterizos o el posible uso compartido del aeropuerto, ha insistido en que su posición definitiva dependerá de la “letra pequeña” y de que el tratado venga acompañado de un plan integral de inversiones y de la incorporación efectiva de la Junta en los órganos de seguimiento.