El Frente Polisario ha presentado este lunes 16 de noviembre una reclamación administrativa previa ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En ella exigen la anulación de los derechos de tráfico aéreo y las autorizaciones concedidas a Ryanair en la ruta que conecta Madrid con Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado.

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El escrito, dirigido a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y a la Dirección General de Aviación Civil, impugna las dos frecuencias semanales que la aerolínea opera entre la capital española y la ciudad saharaui.

La iniciativa jurídica se enmarca en una campaña de denuncia lanzada tras la publicación del informe Turismo de Ocupación, que señala el papel determinante del turismo en la estrategia de Marruecos para consolidar e intentar normalizar una ocupación ilegal que se prolonga desde 1976. Al igual que ocurre con otras compañías que vuelan a los territorios ocupados, la ruta comercial contribuye a proyectar una imagen de "normalidad" y a simular que el Sáhara Occidental es una región marroquí más. Desde la campaña advierten además de que la compra de billetes financia vulneraciones del derecho internacional, incluida la represión contra presos políticos saharauis, el uso de drones contra población civil y el exilio en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia.

Según ha podido saber El Independiente, la concesión de estos permisos por parte de las autoridades españolas carece de cualquier cobertura legal, reglamentaria o convencional, al no existir ningún convenio bilateral que ampare la línea Madrid-Dajla. En su recurso, los representantes saharauis sostienen que las autorizaciones otorgadas a Ryanair constituyen una "vía de hecho" dictada al margen del procedimiento fijado por la legislación española y europea, así como por la normativa internacional que consagra la soberanía absoluta de cada Estado sobre su espacio aéreo.

La reclamación se apoya de forma directa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en sucesivas sentencias de 2016, 2018 y octubre de 2024 ha dejado claro que el Sáhara Occidental es un territorio "separado y distinto" sobre el que Marruecos no ostenta soberanía ni mandato de administración. Por lo que cualquier actividad económica o comercial en la zona exige de forma obligatoria el consentimiento del pueblo saharaui a través de su único representante legítimo, el Frente Polisario.

En el ámbito específico de la aviación, el Tribunal General de la UE ya excluyó expresamente al Sáhara Occidental del Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre Bruselas y Rabat mediante un auto dictado el 30 de noviembre de 2018. En esa misma línea, el 3 de diciembre de 2024 -apenas un mes antes de que Ryanair comenzara a operar en Dajla a principios de 2025- la Comisión Europea notificó a las aerolíneas comunitarias que las conexiones aéreas con el territorio saharaui no están cubiertas por dicho acuerdo. Como recuerda Western Sahara Resource Watch, la Comisión nunca ha planteado incluir el territorio en la navegación aérea pactada con Marruecos, ya que infringiría el derecho internacional.

El papel de España y la polémica en Enaire y Aena

El conflicto interpela de manera especial a España, que mantiene su condición de potencia administradora de iure del Sáhara Occidental conforme a una resolución de la la ONU y a un auto de la Audiencia Nacional de 2014. De hecho, es la empresa pública Enaire la que gestiona el tráfico aéreo del cielo saharaui a través del FIR de Canarias y percibe las tasas correspondientes bajo supervisión de la Organización Internacional de Aviación Civil, siendo esta la única competencia administrativa a la que el Estado español no renunció al abandonar el territorio en 1976. No obstante, sobre el terreno la Oficina Nacional de Aeropuertos marroquí (ONDA) ejerce un control operativo de facto sobre la seguridad física, los despegues y los aterrizajes en los aeródromos saharauis.

Esta denuncia se suma a otras polémicas recientes en organismos públicos dependientes del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. Como reveló El Independiente, la web de Aena -participada en un 51% por Enaire- muestra Dajla y El Aaiún como destinos marroquíes, tanto en el vuelo Madrid-Dajla de Ryanair como en las conexiones desde Gran Canaria operadas por Binter y Royal Air Maroc. Hace dos años, la propia Enaire ya tuvo que rectificar en su web un mapa de operaciones con drones que integraba al Sáhara Occidental en Marruecos, un episodio similar al protagonizado por el portal público de vivienda Casa 47, que tuvo que retirar una cartografía sin línea de separación.

Pese a que Marruecos lleva tiempo presionando para hacerse con el control del espacio aéreo saharaui -en unas conversaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a admitir antes de que la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobara frenar cualquier cesión-, los colectivos solidarios y los representantes saharauis mantienen el pulso legal.

"Se trata de una sentencia de carácter obligatorio, no opcional", subrayaba a este diario el activista canario Anselmo Fariña sobre la doctrina comunitaria, mientras el Frente Polisario advierte de que esta reclamación administrativa no será la última acción jurídica para frenar el blanqueamiento de la ocupación.