El Gobierno se revuelve contra el "bloqueo" europeo a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego: "Veinte millones de europeos no pueden ser discriminados"

La Unión Europea ha vuelto a aplazar este viernes la votación sobre la inclusión del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales del bloque, tras una nueva reunión del Consejo de Asuntos Generales celebrada este viernes en Bruselas. Es la séptima vez desde septiembre de 2023 que los Veintisiete abordan esta cuestión sin alcanzar la unanimidad necesaria para su aprobación, pese a los intentos de España por desbloquearla.

El debate, que se prolongó durante unos 45 minutos, evidenció las persistentes reticencias de varios Estados miembros. Más de la mitad de las delegaciones intervinieron, y según fuentes diplomáticas, el intercambio fue por momentos tenso, especialmente durante la intervención de Alemania, aunque no se han hecho públicos los detalles.

En la rueda de prensa posterior, la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, que preside este semestre el Consejo de la UE, calificó el asunto como "delicado y simbólico" y aseguró que se seguirá tratando "con un diálogo cercano y respetuoso".

Malestar entre socios

Algunos países expresaron abiertamente su malestar por la oportunidad del debate. El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, se mostró especialmente crítico: "Hemos necesitado días para acordar sanciones a Rusia y no somos capaces de tomar decisiones sobre Israel o un alto el fuego en Palestina, ¿pero vamos a aprobar el gallego, el euskera y el catalán?". "Si al final del día la gente se pregunta hacia dónde va Europa, esta es la cuestión", añadió el también ex primer ministro luxemburgués.

La ministra austríaca para Europa, Claudia Plakolm, subrayó que "mientras no haya una propuesta sobre la mesa con la que se aclaren las cuestiones jurídicas y financieras, no se puede dar ningún consentimiento". Francia, Polonia y Finlandia expresaron preocupaciones similares, alegando que España no ha despejado todas las dudas planteadas por los servicios jurídicos del Consejo.

España defiende su legalidad y acusa de bloqueo

El secretario de Estado español para la UE, Fernando Sampedro, lamentó la falta de avances y pidió a sus socios "no secuestrar o retrasar" una decisión que, a su juicio, no requiere reformar los tratados europeos. Argumentó que la identidad plurilingüe de España está protegida por el artículo 4 del Tratado de la UE, y que la base legal para modificar el reglamento de lenguas oficiales ya existe, en concreto el artículo 342 del mismo tratado.

En cambio, los servicios jurídicos del Consejo sostienen que el artículo 55.1 del Tratado, que enumera las 24 lenguas oficiales actuales, sí requeriría una modificación formal para ampliar la lista.

"Veinte millones de europeos no pueden ser discriminados porque las lenguas que son oficiales en los territorios en los que residen no se traten como las de otros países", defendió Sampedro. Reiteró además que España está dispuesta a asumir íntegramente los costes asociados, que la Comisión Europea ha estimado preliminarmente en unos 132 millones de euros, aunque advierte que el cálculo depende de múltiples factores como el personal necesario, el uso de inteligencia artificial en traducción y el periodo de transición. España ha propuesto una implementación gradual a partir de 2027.

Sin precedentes, según España

Para disipar las reservas expresadas por varios países –especialmente del norte y el este– sobre un posible efecto dominó, Sampedro aseguró que la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas no sentaría precedente para otros idiomas regionales. Argumentó que el catalán, el euskera y el gallego cumplen simultáneamente condiciones excepcionales: reconocimiento constitucional, uso parlamentario, acuerdos administrativos vigentes con las instituciones europeas y traducciones regulares de legislación comunitaria en sus territorios respectivos.

Además, recordó que estos idiomas ya se pueden utilizar en foros como el Consejo de la UE, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social, aunque sin estatus oficial pleno. El Parlamento Europeo mantiene en discusión su uso, mientras que la Escuela Europea ha introducido el catalán como lengua optativa. La cuestión sigue abierta y su desenlace dependerá de la evolución de las negociaciones en los próximos meses, en un contexto marcado por la incertidumbre política en varios Estados miembros y por la sensibilidad que despierta el equilibrio lingüístico en el seno de la Unión.