El gobierno de la Generalitat sabe organizar manifestaciones. Lo hace de una forma profesional, con fruición, sin dejar nada al azar. Las ha diseñado con forma de V, como cadena humana y, la última, como pasacalles.

La escenificación es importante porque el escudo y la excusa que utilizan Artur Mas y sus compañeros para incumplir la ley es su deseo de cumplir el mandato popular. El ex president de la Generalitat se esmeró en su declaración en resaltar esa dolorosa contradicción entre el deber de obedecer al Tribunal Constitucional y su obligación de dar satisfacción al «clamor de la calle». Aparece así, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como una víctima de una encrucijada de lealtades: una hacia la ley, otra hacia el pueblo.

Pero el pueblo, al que apelan todos los populismos incluso cuando se burla la ley, no es la suma de los ciudadanos, sino sólo el grupo de los que comparten los mismos fines que los que les empujan a salir a la calle. La incitación desde la Generalitat a los funcionarios para que solicitaran el día libre para acudir a arropar a Mas es la mejor muestra de lo que los líderes independentistas entienden por pueblo.

Las grandes manifestaciones con motivo del 11 de septiembre se han organizado desde las instituciones públicas, con meses de antelación y sobrados medios económicos y humanos. Los funcionarios y la enseñanza (lo que quiere decir, profesores y alumnos) han conformado la columna vertebral de esas movilizaciones que luego han sido convenientemente aireadas por los medios afines (algunos de ellos públicos también, como la TV3).

El ex president situó su deseo de dar satisfacción a un supuesto clamor de la calle por encima de su obligación de cumplir la ley al llevar a cabo el simulacro de referéndum

La argumentación sobre la que se sustentó la declaración de Mas es tan tramposa como la espontaneidad de las grandes marchas pobladas de esteladas. Sostuvo el ex president que, ante la resolución del Tribunal Constitucional, publicada cuatro días antes del 9-N, la Generalitat «ya no podía parar». La web montada por el Gobierno, dijo, «ya había sido replicada», y, explicó, había que llegar hasta el final «para que las instituciones pudieran conocer la opinión del pueblo». Joana Ortega -ex consejera de Gobernación- ahondó en esa idea al afirmar que el 9-N «fue pilotado por voluntarios bien organizados». Habría que añadir, en número de 42.000, según la propia Generalitat.

La ex consejera de Eduación, Irene Rigau, se permitió el lujo de criticar al Institut Pedraforca por negarse a abrir sus puertas para participar en el simulacro de referéndum, actitud que atribuyó a que su dirección «actuó con un transfondo político». ¡Qué casualidad que el único centro que supuestamente actuó con fines políticos fuera precisamente el que se negó a incumplir la ley!

La exhibición llevada a cabo en Barcelona sólo tiene un fin, que ayer mismo hizo explícito el ex president: servir de acelerador al proceso para lograr la independencia. Es un pequeño detalle que debería considerar el Tribunal. En Mas no hubo una confusión, ni una falta de información sobre las consecuencias de sus acciones por parte del Tribunal Constitucional, sino un desafío consciente a la legalidad, una forma más de establecer en la práctica un doble poder con el objetivo indisimulado de desobedecer lo que establece la Constitución.

Mas quiere pasar a la historia como un héroe, como un mártir de la Cataluña que quiere romper con España. Pero, hasta ahora, su único mérito ha sido el de convertir a CiU, partido mayoritario y de gobierno en Cataluña durante 30 años, en una sombra de lo que fue, en un grupo que ha perdido hasta su nombre y que lucha desesperadamente por sobrevivir.