La socialdemocracia, una construcción ideológica genuinamente europea, lleva mucho tiempo en crisis. La derrota del laborismo británico frente a Margaret Thatcher fue el comienzo de una serie de fracasos que acabaron con el mito del modelo de socialismo light de los países nórdicos o con el predominio del SPD en Alemania. Aunque con sus peculiaridades, la derrota del PSOE de Felipe González en 1996 frente al PP de Aznar, también supuso en España el fin de una era en la que los ciudadanos identificaban socialdemocracia con estado de bienestar.

El documento Por una nueva socialdemocracia, presentado el pasado lunes en Madrid por Pedro Sánchez, pretende reivindicar las fórmulas que, en su día, dieron a Europa años de estabilidad y crecimiento económico tras la debacle de la segunda guerra mundial. También el manifiesto España 2020. Una economía social y ambientalmente sostenible, dado a conocer este fin de semana por la gestora del PSOE, elaborado bajo la batuta de José Carlos Díez, propone una reformulación de la socialdemocracia.

Ambas propuestas, aunque se presentan como borradores que deben ser completados con aportaciones de los militantes, ponen de relieve el intento de distintos sectores del PSOE, el que representa Sánchez y el de la gestora, y que a buen seguro comparte Susana Díaz (cuyo anuncio de presentación a las primarias se producirá a lo largo del mes de marzo), por rearmar al partido políticamente de cara al próximo congreso.

Tanto uno como otro escrito reivindican la socialdemocracia como armazón programático para el PSOE. Si bien Sánchez apuesta por una vuelta a las esencias, mientras que la gestora pretende aplicar un barniz modernizador, esencialmente, los dos programas se parecen bastante.

Hasta tal punto lo que pretende Sánchez es una vuelta al pasado que en su propuesta apela a la fórmula acuñada en el Congreso del PD de Bad Godesberg de 1959: «Tanto mercado como es posible, tanto Estado como sea necesario».

Aunque no se les menciona en el texto, lo periodos de gobierno del laborismo de Tony Blair en Reino Unido, o de Gerhard Schröder en Alemania, e incluso los ocho años de gobierno de Rodríguez Zapatero en España, se consideran como «etapas acomodaticias», en las que la socialdemocracia asumió «por múltiples lados ideas neoliberales».

Tanto el documento de Pedro Sánchez como el de la gestora reivindican la vigencia de las políticas socialdemócratas, pero no dan soluciones concretas a los problemas del siglo XXI.

El documento no analiza el por qué de la derrota de partidos socialdemócratas que llevaban lustros en el poder. El neoliberalismo -que Sánchez considera como «enemigo ideológico» de los socialistas- no apareció como un accidente o una epidemia, sino porque los partidos que lo abanderaron ganaron las elecciones precisamente por el fracaso de la izquierda.

Lo que caracterizó a los gobiernos de derecha y centro derecha en Europa a partir de mediados de los 80 fue una política liberalizadora de sectores clave de la economía (transporte, telecomunicaciones, etc.), que conllevó un amplio programa de privatizaciones que dio lugar a lo que se conoció como «capitalismo popular».

Ni Blair, ni Schröder, ni Zapatero se plantearon una vuelta a la estatalización de la economía porque eso hubiera supuesto una enorme pérdida de competitividad. Lo que planteaba Anthony Guidens -el ideólogo de cabecera de Blair- en su libro La tercera vía: la renovación de la socialmocracia (1998), es precisamente la imposibilidad de la vuelta al pasado.

Zapatero, por su parte, asumió herejías ideológicas como que «bajar impuestos también es de izquierdas», pero asumió las tesis de Philip Petit, expresadas en su libro Republicanismo: una teoría sobre la libertad y el gobierno (1999), y llevó adelante un ambicioso programa de ampliación de las libertades públicas (del que los matrimonios de gays y lesbianas es un botón de muestra).

La recesión económica que se generalizó a partir de la caída de Lehman Brothers (septiembre de 2008) se produjo con un presidente republicano en Estados Unidos (George W. Bush), pero con buena parte de países europeos gobernados por partidos de izquierda (Rodríguez Zapatero acababa de comenzar su segunda legislatura).

Para Sánchez, los gobiernos de izquierdas europeos de la última década (incluido del de Zapatero) han estado contaminados por principios neoliberales.

Estados Unidos, tras dejar caer a Lehman Brothers,  se embarcó en una política de ayudas públicas a entidades financieras acompañada de una expansión monetarias sin precedentes (la política monetaria conocida como quantitative easing) para favorecer el crecimiento. Europa hizo lo mismo y así se salvaron grandes bancos de todo el continente, desde el Royal Bank of Scotland a Bankia. Lo peor para los ciudadanos no fueron las ayudas a los bancos o cajas (¿qué otra solución había?), sino que, al mismo tiempo, Bruselas impuso a los miembros de la UE duras medidas de ajuste para reducir los enormes déficits públicos que se habían generado entre 2006 y 2009. En mayo de 2010, Zapatero no tuvo más remedio que rectificar y aplicar drásticos recortes en el gasto, a la vez que modificó la Constitución para limitar los desequilibrios en las cuentas públicas. No sólo Bruselas y el Banco Central, sino el propio Obama (el presidente norteamericano de corte más progresista), forzaron a Zapatero a cambiar el rumbo de la economía, aunque fuera al coste político de perder millones de votos.

La Unión Europea y el euro tienen sus normas y los países con más poder y que aportan más a su presupuesto acaban lógicamente imponiendo sus criterios. Lo que no se puede decir es que a España le haya ido mal. Pero hay que estar a las duras y a las maduras.

Lo que plantea el escrito Por una nueva socialdemocracia es la recuperación del keynesianismo,  lo que implica «un nuevo activismo del Estado».

El peso del sector público se aproxima al 50% del PIB. Es dudoso que un mayor peso del Estado en la economía sea la garantía de una mayor generación de riqueza.

La alternativa al neoliberalismo vendría por la vía de grandes programas de inversión pública de carácter europeo, la apuesta por «una economía productiva de base industrial», y la reconstrucción de una banca pública fuerte a partir del ICO.

Se apunta una reforma fiscal sin concretar y una redefinición del impuesto del patrimonio que tampoco se especifica.

La fórmula para reducir el paro se traduce en un reparto del trabajo (trabajar menos horas con el mismo salario)  y también se plantea el establecimiento futuro de una Renta Básica Universal. No se plantea cómo se va a compensar la pérdida de productividad que la primera de esas medidas conllevaría, ni tampoco se explica cómo se financiaría la segunda.

Como un rescoldo del abandonado marxismo, se habla de la «transición a una sociedad postcapitalista», para cuyo establecimiento «no es necesaria una revolución», sino que se logrará «a través de un régimen democrático enriquecido con mayor participación… para que la propia realidad social camine en la dirección adecuada». Me ahorro los comentarios sobre este punto.

El documento de la gestora socialista presentado este fin de semana (España 2020. Una economía social y ambientalmente sostenible) es aún más decepcionante. La concreción brilla por su ausencia. Respecto a la reforma fiscal, por ejemplo, lo único que se plantea es la armonización fiscal de los impuestos cedidos a la comunidades autónomas para evitar la deslocalización empresarial. Un punto común con la propuesta de Sánchez es la idea de recuperar al ICO como una «agencia financiera pública». Otra idea que parece del agrado del tercero en discordia para liderar el PSOE: Patxi López. También se propone el establecimiento de una Renta mínima, sin cuantificar.

En un alarde de truculencia, este documento sitúa el boom inmobiliario y del crédito entre 1996 y 2004, justo durante los ocho años en los que gobernó el PP. Pero la mayor explosión del crédito en España -como es fácilmente comprobable consultando las series históricas del Banco de España- se produce entre mediados de 2003 y finales de 2007. Es decir, que comenzó al finalizar el periodo de Aznar, pero creció como la espuma durante la primera legislatura de Zapatero.

En ambos programas (el de Sánchez y el de la gestora) hay una mezcla de recetas de andar por casa y grandes planteamientos. Por ejemplo, en el de la gestora se critica la reforma laboral del gobierno del PP al mismo tiempo que propone objetivos tan ambiciosos como la «democratización de la globalización».

Keynes no puede responder a problemas a los que no se enfrentó, como un acelerado envejecimiento de la población o una globalización económica que da entrada a competidores con costes mucho más bajos.

Los socialdemócratas parecen dar vueltas sobre su ideología buscando respuestas que Keynes ya no puede dar. Resulta enternecedora la defensa de una «economía de base industrial» que hace el documento de Sánchez. Mientras que las economías más dinámicas apuestan por empresas de alto contenido tecnológico, algunos parecen añorar a gigantes caídos como Ensidesa o conglomerados como el INI.

El mantenimiento del estado del bienestar, al que no debería renunciar Europa, y que fue la gran aportación de la socialdemocracia a su acervo político, es ahora mucho más complejo que en las décadas de la posguerra.

Se han producido dos fenómenos que complican enormemente su financiación:

1º El envejecimiento de una población con una mayor esperanza de vida.

2º La globalización y lo que ella implica: la aparición de nuevos mercados, pero también de países competidores con costes de producción mucho más bajos.

En la propuesta de la gestora (España 2020) se reconoce que en España, desde 1982, se ha triplicado el gasto social por persona y se ha cuadruplicado la renta per cápita.

Se ha dado un gran salto hacia adelante y la gran duda es si España podrá seguir avanzando o si estamos ante una crisis en la que se pone en riesgo en toda Europa el estado de bienestar.

La gran contradicción en la que incurren los que pretenden encontrar en el pasado las respuestas a problemas nuevos es que reclaman algo que la socialdemocracia ya logró: aumentar de forma extraordinaria el peso del sector público en la economía. Por mucho que se hayan llevado a cabo políticas liberalizadoras, el sector público representa casi la mitad del PIB. Resulta quimérico pensar que un mayor peso del Estado redundaría en una mejora del nivel de vida de las clases medias y bajas.

La cuestión esencial para la socialdemocracia debería ser el reparto de la riqueza. Un estado más poderoso no garantiza mayor riqueza. No hay un estado protector que nos pueda garantizar la cobertura de nuestras necesidades económicas, educativas o sanitarias si detrás no hay una sociedad dinámica y competitiva.

La socialdemocracia fue una buena solución política y económica para los grandes problemas europeos de posguerra. Pero vivir del recuerdo sólo generará frustración.