A enemigo que huye, puente de plata; suele decirse. Por seis votos contra dos, el Consejo General del Poder Judicial (que preside Carlos Lesmes) ha adjudicado al juez Eloy Velasco una de las dos plazas de la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que se encargará de revisar las resoluciones de su Sala Penal.

Velasco instruye dos casos relevantes –Púnica y Lezo– que afectan a destacados dirigentes del PP y a la financiación irregular del partido.

Púnica llevó, entre otros, a Francisco Granados a prisión -al que, por cierto, Velasco acaba de imponer una fianza de 400.000 euros porque, sostiene, “ha disminuido el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas”-. En el curso de las investigaciones, la UCO tiene bajo la lupa a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Lezo ha llevado, entre otros, a Ignacio González a prisión y ha provocado la dimisión como líder del PP en el Ayuntamiento de Madrid de Esperanza Aguirre.

Por si esto no fuera poco, la instrucción de la Operación Lezo ha provocado un enfrentamiento sin precedentes entre los fiscales adscritos a la Fiscalía Anticorrupción y su jefe, Manuel Moix. La guerra en la Fiscalía ha llevado a la reprobación en el Congreso (por 207 votos contra 134) del ministro de Justicia, Rafael Catalá y a la petición de destitución de Moix y del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza.

Los dos miembros del CGPJ que han votado en contra de la concesión de la nueva plaza a Velasco, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda, están vinculados al “sector progresista”, por lo que hay que interpretar que a la izquierda judicial y al PSOE la decisión del titular del juzgado número 6 de la Audiencia no les ha gustado nada.

El propio Velasco ha comentado en privado que su cambio de destino se debe a que pretende llevar una vida más ordenada. Es decir, a que quiere vivir más tranquilo. Lo entiendo.

Lo que no comparto es que si ha tomado esa decisión la lleve a cabo en plena bronca político judicial. No es de recibo que un juez haga tambalear al partido del gobierno y luego decida dejarle a otro el muerto de rematar la faena.

El juez no puede dejar la instrucción de los dos casos de corrupción que tienen en vilo al país. ¿Qué debe primar: la eficacia de la Justicia o el derecho a una plaza mejor del magistrado?

Argumentan los fiscales del caso del 3%, con razón, que no es eficaz, como pretendía Moix, apartarles de un caso que conocen al dedillo cuando aún queda mucha tela que cortar. Si ese razonamiento vale para los fiscales, ¿por qué no va a servir para un juez instructor?

En el ambiente de sospechas y rumores en el que vivimos habrá quien piense que el PP se ha quitado de en medio a un juez molesto. Lo que no tiene sentido, insisto, es la traca final en estos dos sumarios justo en el momento en el que el juez tiene preparadas las maletas para un destino mucho más placentero.

Sin duda, los vocales conservadores que han decidido dar luz verde a ese traslado creen que nada puede ser peor que tener a Velasco al frente de dos investigaciones que están agotando la ya escasa credibilidad del PP sobre la limpieza de sus finanzas. Pero hay otro refrán que dice: más vale malo conocido que bueno por conocer.

Entre los aspirantes a la ambicionada Sala de Apelaciones hay nombres tan conocidos como el del ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch o el del ex diputado socialista Juan Carlos Campo.

Ninguno de los dos ha logrado su propósito, ya que el CGPJ ha tenido en cuenta, al margen de la antigüedad, el criterio de especialidad en jurisdicción penal. Pero tanto Belloch como Campo podrían optar a la plaza del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional ahora vacante.

¿Se imaginan a Belloch instruyendo Lezo y Púnica? Desconozco si el ex alcalde de Zaragoza tiene ya ganas de remangarse para instruir dos sumarios de tal complejidad. Pero, si lo hicera, den por seguro que no dejaría títere con cabeza. Si es que queda alguno.