Cuando uno ocupa un puesto tan relevante, y en este tiempo también tan delicado, como la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, uno no tiene la única obligación de ser un buen fiscal, de ser honrado y de poder exhibir un currículum impecable y una hoja de servicios que no tenga ni un solo borrón. Además de todo eso tiene que estar, como dicen los prestidigitadores cuando hacen un juego de manos: con «nada por delante y nada por detrás».  Eso quiere decir que nada, absolutamente nada de lo que tenga que ver con su vida pasada, y esto significa que hay que ampliar mucho el visor, puede ser objeto de sospecha o de duda. Y si eso debe ser así en unas circunstancias de normalidad, lo cual significa en ausencia de enfrentamientos relevantes, con mucho mayor motivo tiene que quedar asegurado cuando uno, como fiscal jefe Anticorrupción, se dispone a mantener un pulso con aquellos a los que debe conducir y reorganizar en un proyecto que cuenta de antemano con la resistencia activa de los afectados.  Si ese «nada por delante, nada por detrás» es necesario en todos los casos, resulta directamente esencial y de vital importancia  cuando uno entra en una guerra, por correcta en las formas que sea, y ésta ni siquiera lo es. Y el fiscal Manuel Moix desencadenó una guerra en el momento en que intentó cambiar los modos de actuación de los fiscales bajo su mando.

Por eso resulta incomprensible que no haya informado al Fiscal General del Estado de la existencia de esa casa en las afueras de Madrid que perteneció a su padre pero que está registrada a nombre de una sociedad radicada en Panamá. Si no pudo venderla a tiempo y si alguno de sus hermanos no estaba en condiciones de pagar la gran cantidad de dinero que suponía la liquidación de esa sociedad, el fiscal Moix debería haber buscado inmediatamente otra salida, la que fuera, que le librara de la sombra de sospecha con la que que sus adversarios, convertidos ahora en enemigos, iban a envolver su figura y su cabeza en el momento en que tuvieran la necesidad de hacerlo. Y ese momento ha llegado ahora. Porque lo cierto es que en este instante es fiscal jefe de Anticorrupción pero antes de eso fue fiscal  general de Madrid y esto que le sucede hoy le podía haber sucedido antes si se hubiera enfrentado a algún problema envenenado.

Manuel Moix no ha calibrado, muchos tampoco lo hacen, el grado de toxicidad que tienen los corruptos o simplemente quienes cometen alegremente irregularidades pensando sólo en las consecuencias que pueden reportarles a ellos mismos sus propias acciones. Un error mayúsculo. Porque hoy en día un comentario elogioso hacia una persona, hecho por un delincuente ya apresado por la justicia y del que tenga noticia la opinión pública, coloca inmediatamente al elogiado en la esfera de la sospecha y de la desconfianza. Y un encuentro cordial con un delincuente antes de que se supiera que era un mangante y una foto que haya recogido ese encuentro, mucho peor si está presidido por las sonrisas o por un brazo pasado sobre los hombros del otro, tiene hoy el potencial suficiente para arruinar años más tarde la vida de aquél que un  aciago día coincidió con el corrupto y le saludó con ingenua cordialidad. Ejemplos de éstos los vemos con gran frecuencia y eso explica el pavor de los cientos de personas que han hablado, por ejemplo, con Ignacio González porque no saben lo que esa conversación les puede deparar. Claro que habrá muchos que tengan sobrados motivos para alarmarse pero otros muchos tendrán el miedo en el cuerpo por lo dañino que acaban de descubrir que puede ser el simple contacto con ciertos individuos letales.

Y para qué hablar de los padres. Es evidente para cualquiera que no sea un perseguidor vocacional y un radical de cualquier laya, que los hijos no tienen por qué asumir los errores de los padres. Eso es verdad. Tan verdad como mentira. Si alguien está interesado en dañar a otro y ese otro tiene un padre con conductas de alguna manera irregulares, que no le quepa a nadie ninguna duda de que toda la munición suministrada involuntariamente por papá caerá de manera implacable sobre la cabeza del hijo, quien no se podrá librar de ella por mucho que lo intente. Y eso es lo que le acaba de pasar a Manuel Moix: que sobre él, no sobre sus hermanos, sobre él, sobre sus hombros, ha caído con todo su peso la sociedad Duchesse Financial Overseas. los tres testaferros, incluida la nonagenaria, las 42.000 empresas en la que estos testaferros tenían firma, además de  todas las andanzas de su padre, incluida la causa por alzamiento de bienes que se le abrió en Madrid y que fue archivada a instancias del entonces fiscal  jefe de Madrid Mariano Fernández Bermejo, luego ministro de  Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero. Todo ese peso lo lleva encima ahora mismo el todavía jefe de la Fiscalía Anticorrupción y no podrá librarse de esa carga pública porque sus adversarios no se lo van a permitir. Es toda suya.

Otra cosa que el fiscal Moix no ha calibrado suficientemente es el efecto vitriólico que  para la opinión pública tiene la suma de estas palabras: fiscal jefe Anticorrupción+ empresa radicada en Panamá. Se le podrán añadir todos los matices y todas las aclaraciones que se quiera, pero ese conjunto de letras, así, todas juntas, no se lo salta un galgo. Y con eso en la espalda ni él puede caminar con la energía que requiere su cargo y su proyecto, ni tampoco el Fiscal General que le ha nombrado puede tener las manos totalmente libres ni  la reputación  inatacable. Porque una cosa son las acusaciones de favoritismo al PP por parte de los partidos de la oposición, que se basan en sospechas que no han sido demostradas  y que responden a una estrategia habitual en la vida política española, y otra son los hechos fehacientes, por mucha aclaración de la que se acompañen. Moix ha heredado una casa que su padre atribuyó a una empresa radicada en un paraíso fiscal. Y Moix sigue conservando la cuarta parte de esa casa que sigue perteneciendo a una empresa -da igual que tenga actividad o no la tenga- que sigue radicada en Panamá, que para España ya no es oficialmente paraíso fiscal pero que en la realidad de los días lo sigue siendo con todos los pronunciamientos. Eso es así.

La Fiscalía Anticorrupción necesita una reorganización a fondo y una limpieza general. Un fiscal jefe dañado -como lo está ahora mismo Manuel Moix- no está en disposición de abordarla por muy buen fiscal que sea. Por todo ello, lo mejor que puede hacer José Manuel Maza es comunicar cuanto antes su cese a Manuel Moix. No tiene otra salida porque si lo mantiene en su puesto, ni Moix  estará en condiciones de reestructurar esa Fiscalía, que necesita muchos cambios -empezando  por las explicaciones pendientes sobre las acusaciones formuladas recientemente por un abogado  sobre los delitos de pedofilia, revelación de secretos y extorsión contra el fiscal Anticorrupción José Grinda, de quien se afirma también, con fuentes acreditadas, que pertenece o ha pertenecido al CNI-  ni Maza estará tampoco en condiciones de abordar las profundas reformas que está pidiendo a gritos nuestro sistema judicial. Es la hora.