La caída del Banco Popular no se ha debido a una crisis de solvencia, como ocurrió con la mayoría de las entidades rescatadas durante la crisis financiera, sino de liquidez. Fuentes solventes han reconocido a El Independiente que hoy el banco no podía haber abierto sus puertas si no se hubiera alcanzado el acuerdo in extremis con el Santander. La salida de depósitos, que se ha producido fundamentalmente en los últimos 10 días, ha supuesto unos 18.000 millones de euros. La sangría era insoportable y así se lo hizo saber el consejo del Popular al Banco Central Europeo.

No hubo visita de Saracho a Francfort, como se ha dicho en algunos medios. Pero, a última hora de la noche de ayer, el consejo de la entidad remitió una carta a la presidenta del SSM (Mecanismo de Supervisión Bancaria), Daniéle Nouy, en la que reconocía la “inviabilidad” del banco por “problemas de liquidez”.

Ya el pasado lunes, el Popular tuvo que pedir al Banco de España una Línea de Liquidez Extraordinaria (ELA) para poder hacer frente a la salida de depósitos.

La luz de alarma se encendió ayer cuando el equipo ejecutivo del banco comunicó a su presidente que hoy no se podrían atender las demandas de retirada de dinero ni siquiera con el recurso a dicha ELA.

La de ayer fue una noche de tensión. El Popular comunicó al Banco de España su angustiosa situación e inmediatamente entraron en juego su presidente, Luis Linde; el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce.

Sólo había dos alternativas: la liquidación concursal, lo que hubiera supuesto la ruina no sólo para los accionistas y bonistas, sino para los clientes del banco; o bien, su venta en un tiempo récord.

Hasta ese momento, el único banco que realmente había mostrado interés por el Popular era el Santander. Así que las autoridades económicas y monetarias se pusieron en contacto con su presidenta, Ana Patricia Botín, para encontrar una solución.

Saracho intentó que el Santander pagase un mínimo por las acciones del Popular, pero Botín argumentó que el saneamiento del banco le iba a costar mucho dinero y que ésta no era una operación de compra, sino de salvamento.

En lugar de pagar unos 3.000 millones por el banco (lo que entraba en los cálculos del Popular) y hacer una ampliación de 4.000 millones, el Santander echó un órdago: 1 euro por la propiedad y una ampliación del propio Santander de 7.000 millones para atender los saneamientos requeridos por el Popular.

No había otra solución. Los accionistas y bonistas lo pierden todo, pero los depósitos se salvan. No sabemos aún cuál será el coste en empleados, pero todo apunta a que, al menos, saldrán unos 4.000 trabajadores del Popular.

Tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía valoran que ésta ha sido “la mejor solución”, que, además, no supondrá ningún desembolso de dinero público. Por supuesto, el BCE ha dado su visto bueno a la primera crisis que se ha resuelto con el nuevo mecanismo europeo.

¿Crisis indolora? No, en absoluto. Miles de accionistas y bonistas lo han perdido todo y miles de trabajadores se quedarán sin empleo en los próximos meses.