Es en los peores momentos y frente al terror cuando más fuertemente hemos de permanecer unidos. Por ello, hay que saludar la entereza con la que nuestra sociedad ha sabido afrontar los brutales y salvajes atentados de Barcelona y Cambrils, trasladando su aliento y solidaridad a aquellas familias que perdieron a sus seres queridos y a quienes, heridos y heridas, aún luchan por recuperarse.

Es esa misma sociedad quien mejor reconoce la labor realizada por los servicios de emergencia y, sobre todo, por unas fuerzas y cuerpos policiales que han actuado con una responsabilidad y altura de miras que, en demasiadas ocasiones, se echa en falta en nuestra clase política. Todos esos hombres y mujeres, que cada día se juegan la vida para salvaguardar nuestros valores democráticos y nuestra propia seguridad, arrimaron sus hombros como nunca y como siempre, demostrando una vez más su vocación de servicio. Todos esos hombres y mujeres, que a pesar de carecer en muchos casos de los medios necesarios para combatir la delincuencia común, el narcotráfico y otras formas de criminalidad, una vez más, olvidaron esas dificultades para dar lo mejor de sí, en defensa de todos, de nuestra sociedad.

En España hay miles de cuerpos de policía. A los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, hemos no solo de sumar los cuerpos policiales de carácter autonómico, como los Mossos d’Escuadra, la Ertzaintza y la Policía Foral, sino también las policías locales de cada uno de los municipios de nuestro país. Y es evidente que existen problemas de coordinación. No es menos cierto, sin embargo, que estos pueden resolverse si a nuestros y nuestras agentes de Policía se les dota de los medios suficientes a la par que se ponen en marcha otras iniciativas políticas y legislativas que reclaman desde hace años.

Buena parte de esos problemas de coordinación que mencionamos tienen que ver con la existencia de una manera de entender nuestro sistema policial que, desde hace nada más ni menos que 30 años, tropieza con la misma piedra. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2/1986, que sirve de base para todos los cuerpos policiales, está anclada en una entelequia que apenas se sostiene a día de hoy. La L.O. 2/1986 ha de encajar en una pluralidad normativa conformada por la Constitución, los diferentes Estatutos de Autonomía, y regulaciones de carácter estatal, regional y local. La realidad, no obstante, es que la normativa existente, lejos de facilitar a nivel operativo la labor de los cuerpos policiales, complica su quehacer cotidiano, mucho más aún cuando los representantes políticos hacen la guerra por su cuenta, olvidando el importante papel que juegan quienes protegen nuestra seguridad cada día.

Lo que resulta evidente es que la visión de la seguridad pública vigente hace 30 años está hoy día superada por la realidad

Gobierno tras gobierno, de diferentes colores políticos, todos y cada uno de los diferentes ejecutivos han rehusado realizar la necesaria y conveniente reforma de la L.O. 2/1986 que, a día de hoy, como diría el poeta, pervive “como un árbol sin hojas que dan sombra”. Lo que resulta evidente es que la visión de la seguridad pública vigente hace 30 años está hoy día superada por la realidad. Si tan fuerte es la confianza de nuestra sociedad en nuestros cuerpos policiales, ¿por qué no escuchamos a sus sindicatos y asociaciones representativas, que reclaman desde hace años cambios a este respecto? No olvidemos que tras la tragedia del 11M salieron a flote las dificultades de coordinación de las propias fuerzas de seguridad dependientes del Estado, cuitas que todavía padecemos a riesgo de convertirse en crónicas. Lamentablemente, la legislatura anterior, la de la mayoría absoluta del Partido Popular, paradigma de falta de diálogo y sensibilidad, no sirvió para propiciar un entendimiento que, en materia de seguridad, incluyera a la totalidad de las fuerzas políticas.

La actual legislatura, por otra parte, quizás como consecuencia de la nueva aritmética parlamentaria, sí permite observar positivas excepciones. Sirva como ejemplo la Ley de Precursores de Explosivos, en cuya tramitación participé como ponente, y que contó con aportaciones de todas las fuerzas políticas y de un consenso que era impensable hace tan solo unos años. Es a todas luces no solo necesario, sino también posible, cambiar las fórmulas de la confrontación que han presidido el debate político en materia de seguridad.

Para poner en valor el establecimiento del orden y la lucha frente a la delincuencia organizada y frente al terrorismo, es necesario antes poner orden en materia de legislación policial. No es ni suficiente ni a veces siquiera aconsejable crear continuamente soluciones ad-hoc, cada vez que se den situaciones de descoordinación entre los diferentes cuerpos policiales. Hay que madurar el esquema policial español y, en este sentido, son muchas las cosas que se pueden hacer. Hay que poner en valor a las policías locales, que son quienes más cerca están de la gente, e implementar unas fórmulas de trabajo que faciliten la labor de los agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de los cuerpos policiales autonómicos. Y, por supuesto, las diferentes fuerzas políticas deben renunciar a utilizar los problemas existentes como arma arrojadiza, y mucho más precisamente ahora, cuando la ciudadanía nos ha dado una inolvidable lección.

Juan Antonio Delgado es diputado de Unidos Podemos por la provincia de Cádiz y Guardia Civil. Ex portavoz de la AUGC y miembro de la Comisión de Interior y Defensa del Congreso de los Diputados.