Representan el último peldaño del Poder Judicial en España y también la única esperanza de miles de españoles que en octubre de 2017 vieron cómo el independentismo pisoteó la Constitución y al Estado de Derecho. Me refiero a los siete jueces del Tribunal Supremo que a partir del próximo martes juzgarán el desafío independentista en Cataluña.

No pensaron quienes convocaron el referéndum ilegal del 1-O, en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional, y posteriormente declararon de forma unilateral la independencia de Cataluña en el Parlament, que dieciséis meses después estarían en prisión preventiva por orden judicial. Tampoco imaginaban que serían acusados por graves delitos de rebelión y sedición. Al contrario, confiaban en que todo quedaría en una desobediencia penada con multa y una escueta inhabilitación para cargo público.

Este optimismo que reinó entre los líderes independentistas mientras se gestó el denominado ‘procés’ –con aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la república catalana mediante- decayó cuando se toparon con la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, previa querella del ex fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza. La maquinaria judicial se había activado y no cabía dar marcha atrás.

Pudieron sortear a casi todos los poderes del Estado, excepto al Poder Judicial y a la figura del rey Felipe VI quien, en un discurso histórico el 3 de octubre de 2017, denunció la “deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado” por parte de los ex dirigentes de la Generalitat.

Junto con Felipe VI, el Poder Judicial representa el único resorte que los independentistas no han podido sortear

Tampoco pudieron burlar las órdenes de prisión de los magistrados Carmen Lamela, Pablo Llarena y los distintos autos de la Sala de Apelaciones y el tribunal de enjuiciamiento confirmándolas. Muy a su pesar esas resoluciones, recurridas una y otra vez, han tenido que ser cumplidas por los líderes independentistas que ahora preparan el juicio desde las prisiones madrileñas de Soto del Real y Alcalá Meco.

Sin embargo, tampoco pensaron los jueces y fiscales que han intervenido en el ‘procés’, defendiendo la legalidad vigente en España, que iban a estar tan solos; con un Gobierno que públicamente ha manifestado que prefiere a los presos en las calles y unos acusados que, de forma sistemática, cuestionan el sistema judicial creyendo que una misma mentira repetida cien veces adquiere condición de verdad. Así es cómo tratan de minar la imagen de la Justicia española porque ya saben ustedes que su meta es Estrasburgo.

El reto que está ahora en manos de seis hombres y una mujer que encarnan al Estado es mayúsculo. Son la última defensa del Estado frente a quienes despreciaron las normas elementales de nuestro ordenamiento jurídico. Manuel Marchena (presidente y ponente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta y Andrés Palomo dictarán una sentencia histórica que, con toda probabilidad, se estudiará en las facultades de Derecho de nuestro país.

Es una Sala compuesta por jueces de sensibilidades muy dispares pero con un denominador común: sobre sus hombros con entereza llevan el peso de la responsabilidad que van a afrontar en los próximos meses. Saben que son el Estado y lo viven con serenidad. También son conscientes de que esta travesía por el desierto incluye la más absoluta soledad. Un sentimiento que también percibe la inquebrantable Fiscalía del Tribunal Supremo que nunca dudó de que Puigdemont, Junqueras y sus secuaces promovieron una estrategia perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional. Sus criterios, que nadie lo dude, serán exclusivamente jurídicos.

Los jueces del 'procés' saben que son el Estado y lo afrontan con serenidad. El reto que está ahora en manos de estos siete magistrados es mayúsculo

En este contexto, el primer gran debate que los togados tendrán que abordar –y sobre el que todavía no ha habido ni una primera aproximación al no haberse iniciado la vista oral- es si con la declaración unilateral de independencia se cometió un delito contra el orden constitucional (rebelión o conspiración para la rebelión) o, por el contrario, fue un delito contra el orden público (sedición) como ha obligado el Gobierno a sostener a la Abogacía del Estado. Probablemente, el resultado de esas deliberaciones quedará plasmada en una sentencia que determinará la configuración del Estado español durante las próximas décadas.

Algo parecido sucedió en Canadá cuando, tras dos años de deliberaciones, el Tribunal Supremo del país norteamericano afirmó que la declaración unilateral de independencia de Quebec violaría tanto la constitución de dicho país como las leyes internacionales. "Cualquier intento de llevar a cabo la secesión de una provincia del resto de Canadá debe estar de acuerdo con lo establecido en la Constitución canadiense, ya que de lo contrario se violaría el orden legal vigente", afirmaron en una sentencia histórica y unánime los jueces canadienses.

Y, mientras nuestra democracia encara este reto, en la Moncloa el presidente Sánchez prima mantenerse en su sillón del Palacio de la Moncloa. El último gesto con Torra ha sido ceder con la presencia de un mediador para negociar la autodeterminación de Cataluña a cambio del apoyo a los presupuestos.

El Gobierno nunca debería haber aceptado que un relator dé fe del diálogo con los independentistas si lo que se debate es la unidad de España

Igual que el Supremo no necesita que ningún observador internacional supervise el juicio porque nuestro país es precursor en materia de transparencia judicial (a las sentencias del Tribunal Constitucional me remito), el Gobierno nunca debería haber aceptado que un relator dé fe del diálogo con las fuerzas independentistas si lo que se pretende debatir es sobre la unidad de España. Según la definición de la ONU, un relator es un "experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema específico de los derechos humanos”. Aceptar esa condición es caer en la trampa independentista.

Como dijo el presidente de Castilla- La Mancha Emiliano García Page en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, si se trata de tener un testigo se pueden retransmitir esas negociaciones “por streaming” y “así lo vemos todos los españoles”. Es decir, como el juicio del ‘procés’ que se retransmitirá por streaming pero en este caso para que los ciudadanos podamos ver qué se negocia sobre el futuro de nuestro país. Con luz y taquígrafos para evitar quedarnos con cara de tontos cuando Elsa Artadi diga de viva voz que “la parte española” está diciendo ahora “cosas diferentes de las que se han hablado con las reuniones en privado”.