El incidente que tuvo lugar ayer durante los actos de celebración de la Patrona de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que consistió en el abandono del acto por parte de la cúpula de los Mossos en desacuerdo con los discursos de los mandos de la Benemérita, es un mal augurio de cara a las posibles alteraciones de orden público que se producirán tras la sentencia seguramente condenatoria del Supremo a los líderes del procés.

Tanto el director general de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón, como el jefe del cuerpo en Cataluña, el general Pedro Garrido, se limitaron a felicitarse por el desmantelamiento de un grupo de militantes de los llamados CDR al que el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acusa de terrorismo y avalar la actuación de los agentes que "cimentaron" con su investigación la sentencia que se conocerá en los próximos días.

Como no podía ser de otra forma, Azón manifestó su convicción de que la resolución del Parlament que pedía la salida de la Guardia Civil de Cataluña no tendrá "trascendencia alguna".

No hubo críticas a la actuación de los Mossos ni en los hechos que dieron lugar al proceso abierto tras los sucesos acaecidos durante los meses de septiembre y octubre de 2017, que concluyeron con la declaración unilateral de independencia, ni tampoco hubo mención explícita a Josep Lluis Trapero, anterior mayor de los Mossos, y ahora a la espera de juicio acusado de un delito de rebelión.

Por tanto, no se entiende muy bien por qué Brauli Duart (secretario general de Interior de la Generalitat); Pere Ferrer (director general de la Policía de la Generalitat), y Eduard Sallent (comisario jefe de los Mossos), decidieron abandonar el acto tras los discursos y transmitieran su enfado a la opinión pública a través de una nota del Departamento de Interior.

Es un contrasentido que, mientras Torra anuncia una dura respuesta de la calle a la sentencia, su conseller de Interior proclame que los Mossos garantizarán el orden en Cataluña

El incidente forzó una reunión urgente en la tarde de ayer de la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, con los altos mandos de los Mossos en su cuartel general de Egara.

La relación de los Mossos con la Policía y la Guardia Civil se fue tensando a lo largo de 2017 y alcanzó su grado de ebullición en la jornada del 1 de octubre, fecha del referéndum ilegal.

Carles Puigdemont era consciente de que no podía lanzar ese reto al Estado si no contaba con la complicidad de los Mossos, y, por ello, trató con mimo a Trapero. Aquel año supuso un punto de inflexión. Un cuerpo (17.000 efectivos) bien formado y eficiente fue víctima de una descarada instrumentalización política por parte del gobierno de la Generalitat.

Los últimos movimientos en la dirección de los Mossos ponen de manifiesto que la politización del cuerpo no ha disminuido y que Torra pretende que sean una correa de transmisión de lo que decida su gobierno, partidario de la desobediencia y agitador de los desordenes de cara a la sentencia del Tribunal Supremo si esta, como parece, resulta condenatoria.

Por esa razón, lo que ocurra a partir de la difusión de la sentencia va a ser la prueba de fuego para saber dónde se sitúa la cúpula de los Mossos: si se pone a las órdenes de los que dicen abiertamente que "la democracia está por encima de la ley"; o bien, si cumple con su función, que es precisamente que se cumpla la ley.

Aunque el conseller de Interior, Miquel Buch, declaró el pasado martes que los Mossos garantizarán la convivencia en los próximos días en Cataluña, existen dudas razonables de que eso sea así. No tanto porque sus miembros no deseen hacerlo, sino porque sus mandos quieren marcar distancias con lo que decida del Alto Tribunal y harán todo lo posible para que la represión corra a cargo de los policías y guardias civiles que ya han sido trasladados a Cataluña.

Es un contrasentido que, mientras el presidente de la Generalitat advierte que el Parlament y la calle responderán "al torpedo" de la sentencia del procés, su conseller de Interior aparezca al mismo tiempo como el adalid del mantenimiento del orden público.

Los Mossos tienen una gran oportunidad para demostrar que no se van a dejar utilizar por el aparato político independentista. Su prestigio está en juego. Y la mayoría de la sociedad catalana está deseosa de que vuelvan a ser la garantía de que la ley se aplica también en Cataluña.