La condena a 38 años de cárcel para cada uno de los ex jugadores de la Arandina es legal, ajustada a derecho y respaldada por la doctrina que indicó el Supremo, pero no tiene ni pizca de sentido común y para muchos juristas es técnicamente un disparate. Y lo que es peor, decir que no es justa por el delito cometido, te lleva al ostracismo mediático y al linchamiento social.

La justicia nunca debe ser ejemplarizante. Y en estos tiempos no solo lo es, sino que además se regocija al hacer públicas sus sentencias sociales buscando el beneplácito de la ideología dominante. La justicia debe ser imparcial e igual para todos, pero en ocasiones decide sus sentencias según le marca el camino la agitación social del momento, sin importarle el sentido común, y eso nos conduce a Tribunales influenciables por la opinión pública. Como ocurre en las peores dictaduras.

No voy a valorar los delitos cometidos por los jugadores de la Arandina, vaya por delante que considero que son culpables, que sabían que la víctima tenía 15 años y que cometieron una agresión sexual a pesar de las contradicciones de la víctima, muy propias en mujeres que han sufrido un abuso. No niego la mayor. Digo que sentencias sin sentido común no ayudan a mejorar la situación de acoso contra las mujeres, sino a convertir en víctimas también al agresor, a perder el norte y la independencia judicial.

No es justicia que la ejemplaridad se le quiera aplicar a tres jóvenes agresores sexuales con condenas con las que no se sentencia ni al peor de los asesinos.

Sucedió con Isabel Pantoja, cuya palabra “ejemplarizante” la escribió el Tribunal en su escrito abriendo un camino incierto que otros han seguido. Continuó con Iñaki Urdangarín o con Sandro Rosell, víctimas de excesos en la sentencia con el primero y en mantenerlo en prisión preventiva con el segundo, simplemente por ser quienes eran. Eso no es justicia. Y no lo es que de nuevo la ejemplaridad se quiera aplicar a tres jóvenes agresores sexuales con condenas con las que no se sentencia ni al peor de los asesinos.

Varios ejemplos: sentencia de este año del Supremo, 19 años de cárcel, no 38, para un padre que mató a su hijo de 13 años para vengarse de su esposa cuando le pidió el divorcio. La Audiencia de Valladolid condenó a 27 años y 11 meses, y no a 38, a una madre por maltrato continuado y homicidio con su hija de 4 años. José Bretón fue condenado a 20 años, no a 38, por asesinar y quemar a cada uno de sus hijos. Y Santiago del Valle a 22 años, no a 38, por abusar sexualmente y asesinar a la niña Mari Luz de cinco años. Algunos de estos casos hoy tendrían seguro condena a cadena perpetua revisable, la misma que quiere quitar el PSOE en cuanto forme gobierno con Podemos. Pero ninguno de ellos llegó sunca a 38 años de condena siendo en todos los casos la víctima un menor y con resultado de muerte.

Sabemos que, si eres juzgado por un mismo delito puedes tener mejor o peor suerte según el Tribunal o el juez que te asignen. Conocemos las triquiñuelas de los corruptos de la política para denunciar los casos del partido contrario, en juzgados donde casualmente está de guardia un juez instructor de su ideología. Pero en casos penales el sentido común debe prevalecer a todas estas consideraciones.

A menudo ha sido la sociedad civil la que ha empujado al poder político a cambiar las leyes con el objetivo de proteger más y mejor a las víctimas. Lo siguen reclamando los familiares de víctimas de accidentes de tráfico, hoy casi sale gratis matar al volante. Pero eso no puede justificar las incoherencias flagrantes, los abusos judiciales y la falta de sentido común que solo aleja la justicia del ciudadano y convierte al agresor en victima de ese abuso judicial. 

No quiero pensar que igual que con Boris Johnson, Bolsonaro, Salvini o Donald Trump, los Tribunales españoles se echan en brazos del populismo buscando el aplauso fácil de la calle. 

Una abogada amiga, doctor en derecho, me decía “38 años de condena a estos jóvenes es un disparate, es venganza, no justicia, pero si lo digo públicamente me marcaran para siempre como fascista y retrógrada antifeminista y mi bufete no se lo puede permitir”. Es la autocensura que en estos tiempos nos toca sufrir.

La condena a 38 años de cárcel para cada uno de los ex jugadores de la Arandina es legal, ajustada a derecho y respaldada por la doctrina que indicó el Supremo, pero no tiene ni pizca de sentido común y para muchos juristas es técnicamente un disparate. Y lo que es peor, decir que no es justa por el delito cometido, te lleva al ostracismo mediático y al linchamiento social.

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