Los agricultores no tienen buena prensa. La izquierda todavía maneja clichés de otra época para identificar a los nuevos kulaks (como se les llamaba en la Rusia soviética a los propietarios de parcelas de tierra para distinguirlos de los campesinos, los obreros del campo). En el imaginario colectivo de una población mayoritariamente urbana pesa todavía la imagen de Los santos inocentes (novela de Miguel Delibes llevada al cine de forma magistral por Mario Camus), en la que los señoritos trataban a los empleados de su finca como a perros o incluso peor.
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Sólo sobre la base del desconocimiento se pueden entender las insultantes declaraciones del líder de la UGT, Pepe Álvarez, sobre las protestas en el campo extremeño: "Es la derecha terrateniente, carca". Vamos, más o menos lo que decía Stalin sobre los kulaks.

Los terratenientes -ya en vías de extinción- no se arriesgan a que los antidisturbios los corran a porrazos. O si no, que se lo pregunten a Diego Cañamero, aficionado a la ocupación de fincas en verano.

La inmensa mayoría de las explotaciones agrícolas en España son pequeñas y sus propietarios participan de las actividades del campo igual que sus trabajadores. Aunque Álvarez y otros como él ignoren como es este sector, algunos datos pueden ayudarles a comprender por qué los agricultores están cabreados. Mientras que el conjunto de la renta nacional creció por encima del 3% en 2019, la renta agrícola cayó el pasado año un 8,6% (según datos de contabilidad nacional del INE). Esa caída se debió fundamentalmente al desplome de los precios agrarios. Este empobrecimiento tiene sus consecuencias en el empleo: mientras que el paro en el conjunto de la economía española se redujo en 2019 en 112.400 personas, en el sector agrícola aumentó en 10.900 personas (según datos de la EPA).

A la caída de los precios agrícolas se suma una subida del SMI de casi el 28%. Es lógico que los agricultores estén cabreados, aunque el líder de UGT se empeñe en colocarles en la carcundia

El salario mínimo interprofesional (SMI) subió en 2019 un 22,3%, a lo que hay que sumar otro 5,5% de la última subida acordada por patronal y sindicatos e impulsada por el Gobierno de izquierdas. Si alguien no entiende por qué los agricultores salen en protesta en Extremadura, Andalucía o Castilla La-Mancha es que lo único que conoce del campo son las casas rurales.

Hay un dato significativo que echa por tierra la idea de que esto va de las derechas contra el Gobierno: las tres organizaciones -Asaja, Coag y UPA- , de distintas tendencias políticas, están unidas en la protesta.

Aunque hay diversos motivos de confrontación entre los barones del PSOE de Extremadura y Castilla-La Mancha y el presidente del Gobierno -sobre todo, su posición respecto a Cataluña- tanto Guillermo Fernández Vara como Emiliano García Page, que conocen bien la idiosincrasia de sus comunidades, saben que enfadar a los agricultores no es bueno para ganar elecciones.

Por mucho que a todos nos pueda parecer bien que el SMI se sitúe en 950 euros, si los costes laborales -salario más seguridad social- sube hasta los 1.300 euros y los precios agrícolas no dan para pagarlos, la víctima siempre será la misma: el empleo.

Parece un contrasentido que un Gobierno que se dice preocupado por la España vacía -o vaciada, como dicen ahora- trate tan mal a los que viven en ella, que son fundamentalmente agricultores o ganaderos.

El riesgo de la demagogia, a la que se añade el insulto a los agricultores, es que Vox continúe su avance en el mundo rural. El partido de Abascal ya logró un gran éxito en las últimas citas electorales defendiendo la caza y los toros, contra la ofensiva de Podemos para acabar con dos actividades arraigadas en la España profunda.

El PSOE ya perdió su tradicional feudo en Andalucía y ahora está poniendo en riesgo su supremacía en Extremadura y Castilla-La Mancha. Ese peligro ya se percibe en las tripas del último barómetro del CIS, por más que Tezanos cocine siempre a favor de su jefe y de su partido.