El Gobierno afronta en los próximos meses la reforma del sector de la movilidad y del transporte para hacer frente a los retos del presente y del futuro del sector y dotarle de una hoja de ruta y un marco normativo claro. En el retrovisor, la reciente y vanguardista ley francesa de movilidad de finales de 2019 puede suponer un referente natural para el legislador español tanto por los principios que la inspiran como por las múltiples medidas transversales que incorpora.
Los cambios tecnológicos y socioeconómicos que están teniendo lugar en los últimos años han cambiado la forma que los ciudadanos tienen de moverse, especialmente en las ciudades y núcleos urbanos. Cada vez más, tendencias como la movilidad eléctrica y de bajas emisiones, la movilidad compartida, la generación y compartición de datos, o los vehículos autónomos, entre otras, hacen necesaria una revisión y actualización del marco normativo para adaptar el sector a la realidad del siglo XXI.
Consciente de dicha necesidad, y tras las demandas de buena parte de la ciudadanía, la industria, e incluso algunas Administraciones Públicas, el Gobierno afronta la reforma estructural del sector con la tramitación (aún en fase administrativa) de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, y de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Por delante quedan tres retos principales a los que estas propuestas normativas deberán hacer frente, desde un sentido de Estado que proporcione seguridad jurídica a largo plazo:
- 1) Encaminar la sostenibilidad del sector de la movilidad a 2050, en línea con los objetivos europeos, y aquellos marcados por el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y Marco Estratégico de Energía y Clima.
- 2) Promover los avances tecnológicos y darles cabida en el ecosistema de movilidad, desatando el potencial innovador de los actores económicos y científicos y relanzando la competitividad del sector español de la movilidad y el transporte.
- 3) Mejorar la gobernanza del sector, proveyendo a las distintas instancias administrativas que comparten competencias en materia de movilidad, como ayuntamientos y comunidades autónomas, de unas reglas de juego comunes que favorezcan la homogeneización de criterios y evite la fragmentación del mercado español de la movilidad.
La ley francesa nace con una férrea voluntad reformista y vanguardista e introduce medidas que podrían resultar referencias para la futura ley española
Estos tres retos y algún otro más son analizados más en detalle en un Informe publicado por LLYC acerca de la Ley de Movilidad Francesa (Loi d'orientation des mobilités (LOM)). Y es que esta ley servirá de inspiración al Gobierno español para la elaboración de la Ley y la Estrategia de Movilidad, en tanto que constituye el ejemplo más reciente de una ley de movilidad nacional en el entorno europeo.
La ley francesa nace con una férrea voluntad reformista y vanguardista, e introduce medidas en relación a los datos, la movilidad activa, la descarbonización del transporte, las plataformas de sharing o el vehículo autónomo que podrían resultar referencias para la futura ley española, de la que sabremos más en los próximos meses.
Carmen Muñoz es directora senior de Asuntos Públicos en LLYC; y Christian de Felipe, consultor de Asuntos Públicos en la misma empresa
El Gobierno afronta en los próximos meses la reforma del sector de la movilidad y del transporte para hacer frente a los retos del presente y del futuro del sector y dotarle de una hoja de ruta y un marco normativo claro. En el retrovisor, la reciente y vanguardista ley francesa de movilidad de finales de 2019 puede suponer un referente natural para el legislador español tanto por los principios que la inspiran como por las múltiples medidas transversales que incorpora.