El espectáculo que están dando los miembros de Podemos en tanto que socios del Gobierno de España es escandaloso y capaz de avergonzar al más pintado. El episodio desatado tras la condena al ya ex diputado morado Alberto Rodríguez ha llevado a una inaudita afirmación en boca de una ministra de nuestro Gobierno, que hablaba en Onda Cero con Carlos Alsina en condición de tal. La ministra Ione Belarra ha asegurado públicamente -y ha insistido varias veces en ello- que el señor Rodríguez había sido condenado por el Tribunal Supremo, en concreto por “la derecha judicial” dice ella, “sin pruebas”.

Es decir, está acusando al Alto Tribunal nada menos que de prevaricación. Y ahí sigue, en su puesto de ministra sin que el presidente del Gobierno la haya puesto inmediatamente de patitas en la calle, que sería lo obligado en cualquier democracia del mundo menos en la nuestra, en que las instituciones están cada vez más devaluadas ante la opinión pública, que asiste con pasividad creciente a los ataques que se perpetran día sí y día también con total impunidad contra los tribunales de Justicia, contra el Congreso de los Diputados, contra la Corona contra la propia Constitución, contra todas las instituciones que soportan la estructura jurídico-política de nuestro Estado de Derecho

Total, que la señora Belarra, ha soltado esa burrada desde su sillón del Consejo de Ministros y no ha sucedido nada. Impresionante.

La señora Belarra, que es la nueva máxima dirigente de su partido, cargó contra la presidenta del Congreso y la acusó también de prevaricación

Pero no quedó ahí la cosa, con ser ésta gravísima. A continuación ella, junto con varios de sus compañeros de militancia, entró como elefante en cacharrería y se lanzó de frente contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, porque, una vez que hubo preguntado al Tribunal Supremo si debía o no ser privado de su escaño el señor Rodríguez y recibir como respuesta algo así como que el Tribunal Supremo no tiene entre sus funciones la de ser el asesor jurídico de la presidencia del Parlamento, la señora Batet tomó una decisión. La misma, por cierto, que tomó también en su momento con los cuatro diputados independentistas procesados: retirarle su escaño.

Y Podemos, que ha demostrado con creces carecer de la mínima altura moral, jurídica y política exigible para estar en el Gobierno, volvió a actuar. De nuevo la señora Belarra, que es la nueva máxima dirigente de su partido, cargó contra la presidenta del Congreso y la acusó también de prevaricación.

Esta señora maneja los conceptos con una alegría y una soltura que evidencian al menos una cosa: su ignorancia supina. No sabe nada. No sabe que esa es una acusación muy seria que no se puede hacer sin tener pruebas fehacientes que lo demuestren y que esos son conceptos que fijan delitos gravísimos.

No le importa. En un tuit incendiario la ministra -¡es que es ministra aunque parezca mentira!- soltó una serie de burradas encadenadas: 

1/Rodriguez ha sido condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. (Ahí queda eso).

2/ El objetivo de este juicio era quitarle el escaño. (No hay palabras).

3/ El Tribunal Supremo ha presionado a la presidenta del Congreso para que se lo quite. (Como si estuvieran discutiendo el premio en un bingo)

4/ Todos saben que la sentencia no dice eso (que se le prive de su escaño).

5/ Prevaricación (Qué menos después de lo anterior). 

Es incomprensible que un ataque tan feroz basado en una sarta de falsedades y todo ello rebozado de supina ignorancia no haya tenido una respuesta fulminante por parte del presidente del Gobierno. Y es también escandaloso porque la consecuencia es que convierte el debate público en una reyerta callejera de la más baja estofa, lo cual nos afecta y perjudica a todos.

Nunca jamás se ha visto en ningún país civilizado una situación ni de lejos parecida a la que hemos presenciado los españoles estos días

La señora Batet es la tercera autoridad del Estado, por detrás del Rey y del Presidente del Gobierno. Y además de eso, es miembro del partido del que Podemos es socio en el Ejecutivo. Nunca jamás se ha visto en ningún país civilizado una situación ni de lejos parecida a la que hemos presenciado los españoles estos días. Nunca se ha visto que un socio de gobierno se enfrente penalmente contra el otro socio ante los tribunales. Aquí sí y no pasa nada. Así nos va.

Quizá alguien con dos dedos más de frente haya instruido a la cúpula de Podemos de la enormidad que estaban cometiendo y, esto sí es importante para ellos, de las nefastas consecuencias políticas que su actitud sus insultos y sus amenazas podían tener para la ya muy debilitada salud de la coalición de Gobierno.

Por eso rectificaron los dirigentes del partido morado y ¡ale hop!, la anunciada querella por prevaricación que iba a presentar Podemos se convirtió por obra y gracia de otro ministro del grupo podemita, Alberto Garzón, en una iniciativa individual de Alberto Rodríguez que, bien aconsejado, a última hora de la noche de ayer anunció que no se va a querellar contra la presidenta del Congreso. Horas antes, el ex diputado había decidido ya abandonar el partido y volver a su antigua vida.

Las razones verdaderas de su espantada no las conocemos -no es el primero ni será el último que pierda su escaño- y no debemos especular sobre lo que le ha debido parecer la repentina y radical soledad en que se ha visto en cuestión de horas. Pero lo que sí es evidente es que la actuación de Podemos en torno a este episodio convierte a este partido en indigno de formar parte de un Gobierno de España

A todas estas, Yolanda Díaz no ha abierto la boca sobre el asunto, lo que tiene muy molestos y bastante escamados a la parte genuinamente podemita del Gobierno de coalición. 

Porque dentro de Podemos está abierta otra guerra, esta interna, que tiene muy nerviosos a sus dirigentes. No están seguros de que la hoy vicepresidenta segunda vaya a contar con Podemos como primerísima fuerza, como la “nave nodriza” del proyecto que Yolanda Díaz se dispone a encabezar.

Tienen miedo de quedar arrumbados en el papel de comparsas de una operación liderada por la que sigue siendo su más segura apuesta de futuro

Ella sigue sin enviar mensaje alguno en esa dirección y los dirigentes del partido, que se saben débiles en los distintos territorios y en descenso sostenido en los sondeos de opinión, tienen miedo de quedar arrumbados en el papel de comparsas de una operación liderada por la que sigue siendo, no sabemos por cuánto tiempo más, su más segura apuesta de futuro. 

Y también tienen miedo, más bien pavor, a que su medida estrella para la legislatura, la derogación de la reforma laboral, se la acabe apropiando el PSOE. Por eso Ione Belarra había desbarrado una vez más el viernes pasado cuando se descolgó, con una petición de reunión “urgente” para denunciar las injerencias de la ministra de Economía Nadia Calviño en las competencias de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Era la primera vez en lo que llevamos de legislatura en que se pedía urgentemente la Mesa de seguimiento del acuerdo de coalición. “Esa pieza es nuestra y sólo nosotros la vamos a cazar”, venía a decir Belarra con ese puñetazo sobre la mesa.

Lo que no esperaba es toparse de bruces con las bendiciones del presidente Pedro Sánchez, que ha dado su pleno aval a Nadia Calviño para que intervenga en un asunto de la máxima trascendencia en el que “están implicados”, ha dicho además Sánchez, “cinco ministerios”. 

Con esa afirmación, la pretensión de Yolanda Díaz, y detrás de ella, de Podemos, de exhibir la reforma laboral como un éxito propio se ha ido al garete en cuestión de segundos. La nada sutil Adriana Lastra ha rematado la intención de la parte socialista del Gobierno con la crudeza que le caracteriza: “La reforma laboral será derogada y quién lo hará será el PSOE”.

Tiempos difíciles para Podemos, un partido con malos modos que ha demostrado con creces que es incapaz de comportarse con la altura mínima con la que deberían honrar sus cargos.

El espectáculo que están dando los miembros de Podemos en tanto que socios del Gobierno de España es escandaloso y capaz de avergonzar al más pintado. El episodio desatado tras la condena al ya ex diputado morado Alberto Rodríguez ha llevado a una inaudita afirmación en boca de una ministra de nuestro Gobierno, que hablaba en Onda Cero con Carlos Alsina en condición de tal. La ministra Ione Belarra ha asegurado públicamente -y ha insistido varias veces en ello- que el señor Rodríguez había sido condenado por el Tribunal Supremo, en concreto por “la derecha judicial” dice ella, “sin pruebas”.

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