EH Bildu, el partido comandado por la organización Sortu, heredera de Batasuna, lleva en su programa que los presos etarras en prisión lo están por "motivos políticos".

EH Bildu es, según la última encuesta del CIS, el partido que puede ganar las elecciones del próximo 21 de abril en el País Vasco. Por primera vez, ganará un partido que no es el PNV y, lo que no es menos importante, la hegemonía en el independentismo pasará a manos de una coalición cuyo máximo representante, Arnaldo Otegi (ex militante de ETA), aún no ha condenado el terrorismo.

Tras ver lo que dice el programa de EH Bildu (que hoy explica en estas páginas Mikel Segovia) se entiende mucho mejor la negativa a condenar la historia de 50 años de asesinatos, secuestros y extorsión de la banda. Otegi, me imagino, coincide en esto con Josu Ternera, que sitúa la actividad de ETA como la "lucha armada" legítima del pueblo vasco contra la represión del Estado español, en confesión impagable a Jordi Évole.

Otegi no sólo no condena el terrorismo, sino que su partido, que puede ganar las elecciones vascas, considera a los etarras "presos políticos"

Sorprende que ahora, tanto el PSE como el Gobierno, y también el PNV, se echen las manos a la cabeza y acusen a EH Bildu de ser "los de siempre", "lobos con piel de corderos". Porque han sido ellos, y fundamentalmente Pedro Sánchez, quienes le han dado a EH Bildu y a Otegi la pátina de demócratas que necesitaban para presentarse ante los vascos como un partido homologable a los demás pero, tal vez, un poco más radical en sus demandas, tanto sociales como soberanistas.

El PNV ha colaborado con EH Bildu en su política de acercamiento de los presos de ETA. Ahora sólo quedan siete presos etarras fuera del País Vasco, de un total de 169. El acercamiento es el primer paso para lograr otros beneficios penitenciarios, como los segundos o los terceros grados, de los que disfrutan ya la mayoría de ellos.

La historia se puede distorsionar, pero hasta cierto límite. Considerar preso político a García Gaztelu, alias Txapote, asesino, entre otros, de Miguel Ángel Blanco, no es sólo un insulto a la inteligencia, sino una bofetada a las victimas del terrorismo.

Este Gobierno, que ha puesto en marcha una ley de amnistía hecha a la medida de los condenados del procés, también ha hecho todo lo que ha estado en su mano para favorecer a los presos etarras. Una vergüenza que recae no sólo sobre el presidente, sino sobre su ministro del Interior, Grande Marlaska, que, en su día, instruyó algunos casos muy mediáticos sobre terrorismo cuando era juez en la Audiencia Nacional.

Como ayer le recordó el diputado Oskar Matute al presidente Sánchez, no se compadece bien la petición de apoyo en Madrid con las descalificaciones que ahora algunos de sus líderes (como el caso de Patxi López) hacen ahora de EH Bildu en el País Vasco por razones puramente electorales. Nadie lo entiende. O, mejor, se entiende muy bien a la luz de la falta de escrúpulos de Sánchez.

Si el Gobierno ya ha aceptado, por la vía de los hechos e incluso por el documento firmado en su día con Junts para asegurarse la investidura, que los líderes del procés son presos políticos, que no cometieron ningún delito y que la sentencia del Tribunal Supremo, como bien remarcó Carles Puigdemont en su entrevista en RAC-1 el pasado lunes, es papel mojado, ¿por qué no dar el siguiente paso y aceptar que los crímenes de ETA tuvieron también una motivación política?

Puede sonar a barbaridad, pero el hecho cierto es que Pedro Sánchez fue investido con los votos de un partido que no sólo no ha condenado a ETA, sino que considera a sus miembros (incluido Txapote) como "presos políticos".