La competitividad entre los países de América Latina no se limita al fútbol, llega incluso a cosas tan particulares como los himnos nacionales. Por extraño que parezca, hay una encarnada disputa sobre qué himno tiene la medalla de plata en el concurso de "más bonito del mundo", pues hay un consenso generalizado en que la primera posición es para La Marsellesa. De forma sensata, los patriotas de la región tienen muy claro que a chovinismo no se pude competir contra los "enfants de la Patrie" y por eso la medalla de oro no se discute.

Pero las cosas no quedan ahí, también hay un contencioso más difícil de resolver sobre qué país latinoamericano ha tenido más constituciones a lo largo de la historia. Si bien es cierto que contar el número de constituciones de un Estado es aparentemente simple, el asunto se vuelve peliagudo cuando no está tan claro qué constituciones se deben contabilizar. Hay casos en que no hay duda, puesto que han estado vigentes durante un período significativo de tiempo, pero el problema viene con aquellas que, por ejemplo, se promulgaron y nunca entraron en vigor a causa de una revolución o porque se declaró dictador algún señor, y digo señor porque con la excepción de la Sra. Murillo en Nicaragua no hemos tenido dictadoras y ella no ha hecho una constitución a su medida, ni falta que le hace. También ha habido situaciones en que en un país se proclamaban dos o más gobiernos a la vez y cada uno controlaba una parte del territorio, sancionando cada cual su propia constitución. ¿Esas se cuentan o no?

La complejidad es mayor si se toman en cuenta las constituciones que rigieron en los países que luego se fragmentaron. Así por ejemplo, la constitución de la Confederación Peruano-Boliviana ¿debería sumarse a las constituciones de Perú, a las de Bolivia, a las de los dos países o a la de ninguno? Algo parecido sucede con la de Colombia cuando era la Gran Colombia, nombre inventado para diferenciar al país de las mariposas amarillas de la patria fundada por Bolívar y de cuyo territorio además formaban parte Venezuela, Ecuador y Panamá. ¿La constitución de Cúcuta debe adjudicarse sólo a la actual Colombia o también a Ecuador y a Venezuela? Excursus: me intriga saber qué pensaba Hugo Chávez de que su amado líder hubiese homenajeado a Cristóbal Colón al nombrar la patria que liberó del yugo imperial.

En estas circunstancias no me atrevo a dar un veredicto exacto, pero hay un consenso en ubicar a Venezuela en la cabeza, con 25 constituciones (este y los otros datos son cálculos de parte), seguido por Ecuador y Bolivia, con 19 cada uno. Es decir, estos países han tenido un promedio cercano a una constitución cada 10 años desde que se erigieron como repúblicas (ca. 1820). Según algunas cuentas, Ecuador tendría una más que Bolivia y estaría en segundo lugar con 20 aunque esto no está del todo claro; pero es posible que pronto se produzca el desempate definitivo puesto que el presidente Daniel Noboa amenaza con una nueva constitución con la que Ecuador se posicionaría en un indiscutible segundo lugar.

Otros países han anunciado nuevas constituciones, pero los resultados finales de los procesos no alterarán los primeros lugares de la tabla de posiciones. Por ejemplo, el presidente Petro de Colombia también ha sacado el tema, pero tendrá que contentarse con que su país solo sea uno de los que tiene el segundo himno más bonito del mundo porque en la pelea por las constituciones va rezagado al no llegar siquiera a los dos dígitos (está muy cerca). Mención especial en esta singular competencia merece República Dominicana, donde no se habla de nuevas constituciones sino de reformas, y van por la 39.ª

No se trata de la búsqueda del modelo constitucional perfecto, sino que tanto cambio responde al afán de los presidentes y sus grupos de poder de instrumentalizar las instituciones a su favor"

Como podrá verse, se trata de un tema sobre el que he reflexionado bastante, y ya en mi lejana juventud me sorprendía tanta afición por hacer constituciones en países en los que muchas veces el Estado de Derecho es más bien referencial y donde casi ningún actor con capacidad de veto lo respeta. Sin embargo, ahora que soy un señor de edad provecta, he llegado a comprender que no se trata de la búsqueda del modelo constitucional perfecto, sino que tanto cambio responde al afán de los presidentes y sus grupos de poder de instrumentalizar las instituciones a su favor. Si la constitución de un país no contribuye a construir el Estado de derecho desde una especie de contrato social de carácter vinculante, soportado por instituciones que respondan a proyectos político-sociales pensados a largo plazo, su continua alteración las convierte en herramientas para adaptar las normas a las necesidades del gobierno de turno, desvirtuando así su función original.

Desde la constituyente colombiana que aprobó la carta magna de 1991, existe la ficción de que una nueva constitución es una especie de refundación o renacimiento del país y no solo a nivel político sino también social. Tanto es así que con sus nuevas leyes fundamentales Venezuela comenzó a llamarse Bolivariana de primer nombre y Bolivia cambió una vez más su denominación desde que dejó de ser el Alto Perú para ahora ser además Estado Plurinacional.

En un primer momento, las constituyentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador - que forman parte de lo que se ha bautizado como Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano y fueron celebradas entre 1999 y 2008 - sirvieron a los gobiernos como un mecanismo de reconstrucción interna tras las crisis institucionales que habían sufrido sus respectivos países. Además, fueron un instrumento de reforma institucional y construcción de legitimidad en base a un discurso centrado en la ruptura con la vieja política, con la partidocracia, con el puntofijismo, etc. y, sobre todo, con el neoliberalismo como epítome del "pasado" con el que hay que acabar. Por este último motivo, uno de los ejes de la reforma fue la regulación de la economía y del papel que en ella tiene el Estado. También se dio el uso instrumental de los plebiscitos de ratificación, lo que degeneró en una especie de democracia plebiscitaria que reforzó la autopercepción de los presidentes como ejecutores de la voluntad popular y sus representantes directos.

En línea con lo expuesto, los afanes de refundación suelen finalizar cuando normas que los mismos gobiernos han aprobado limitan su poder o no les son instrumentales. Tal es el caso del presidente ecuatoriano que promovió la llamada Constitución de Montecristi. Entonces anunció que ésta duraría 300 años, pero no sobrevivió intacta ni siquiera los diez años que gobernaron sus promotores, siendo modificada 23 veces en nueve años con cambios que fueron desde la corrección de erratas hasta la modificación de derechos.

Cabe añadir que las constituyentes no siempre funcionan como un proceso de refundación del sistema político, como ocurrió en Chile, a pesar de que su convocatoria sirvió como catarsis y salida de la crisis socio-política del país. Es posible que el diferente resultado en este caso se haya debido a que no había un líder o grupo hegemónico con la mayoría suficiente para dirigir el proceso e imponer su modelo, como sucedió en los otros casos, y sin que esto sea necesariamente bueno. Y también hay que reconocer la existencia de mucha responsabilidad por parte de los actores sociales y políticos emergentes que vieron la constitución como una especie de lista de la compra en la que todos podían meter sus demandas particulares para darles el rango de derecho constitucional y convertirlas en una obligación y prioridad estatal. Sin importarles la imagen que proyectaba el proceso en la sociedad, en ocasiones se llegó al colmo del sainete como el que montó el constituyente Nicolás Núñez, que agarró la guitarra y comenzó a cantar, improvisando unos versos de tan dudosa lírica que hubieran mandado a Huidobro nuevamente a la tumba.

Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en www.elindependiente.com.